El derecho a decidir no se negocia: blindar el aborto es una cuestión de justicia

Por Rosa Martín, trabajadora de la sanidad pública y delegada del MATS

El cuerpo de las mujeres no puede seguir siendo un territorio de disputa ideológica. El aborto no es una concesión: es un derecho que debe garantizarse desde lo público, con recursos, respeto y libertad.

Estos días se ha vuelto a hablar del aborto. De si debe o no estar protegido en la Constitución, de si hay que “blindarlo”, de si algunas comunidades deben cumplir la ley o no. Pero detrás de todo ese ruido político hay algo mucho más profundo: está en juego el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su vida y sobre su salud. Y eso, como mujer y como trabajadora de la sanidad pública, me atraviesa directamente.

He visto de cerca lo que significa que un derecho no esté realmente garantizado. En los hospitales públicos sabemos que muchas veces la teoría y la práctica no van de la mano: el aborto es legal, sí, pero no siempre accesible. Hay mujeres que se ven obligadas a desplazarse, que no reciben información o que son derivadas a clínicas privadas porque en su hospital “no hay personal disponible” o porque “todos son objetores”.¿Esto es libertad? ¿Esto es derecho? No. Esto es violencia institucional. Esto es decirnos: “vosotras no contáis”.

¿De qué sirve una ley si el sistema no la cumple? ¿Qué libertad real tenemos las mujeres cuando el ejercicio de un derecho depende del código postal o de la conciencia ajena?

Por eso, cuando oigo que el Gobierno quiere incorporar el derecho al aborto en la Constitución, pienso que no se trata solo de una medida política: es una cuestión de justicia. Porque los derechos de las mujeres no pueden depender de los gobiernos de turno ni del color político de una comunidad.

El cuerpo de las mujeres no puede seguir siendo un campo de batalla donde se decide quién tiene derecho a una atención sanitaria y quién no.

El derecho a interrumpir un embarazo no es un privilegio, es una necesidad sanitaria y un acto de autonomía. Y quienes trabajamos en sanidad lo sabemos: cada decisión viene cargada de miedo, de dudas y de presiones externas. Lo último que necesitan las mujeres es tener que enfrentarse además a obstáculos burocráticos o morales. El aborto no puede seguir siendo tratado como un tabú o algo “vergonzoso”. Es una prestación sanitaria, un derecho humano, y debe garantizarse con recursos, personal y condiciones dignas.

Mientras algunas comunidades, como Madrid, se niegan a cumplir la ley o a crear registros de objetores de conciencia, el mensaje que se envía es claro: que los derechos  de las mujeres son opcionales. Pero no lo son. No se votan, no se negocian, no se diluyen con el tiempo.

Y aunque el aborto sea legal en ciertos supuestos, sigue apareciendo en el Código Penal, y eso impide que sea un derecho pleno. Meterlo en la Constitución no solo sería blindarlo, sino también despenalizarlo de verdad, reconocer que decidir sobre nuestro cuerpo no puede ser nunca un delito.

Además, hay algo que se suele pasar por alto: el acceso real al aborto sigue siendo desigual y complicado. La mayoría de la población no sabe que en siete provincias de España directamente no se practican abortos, porque no hay conciertos con clínicas privadas, y las mujeres tienen que desplazarse a otras provincias. O que el centro al que deben acudir solo abre de lunes a viernes por la mañana. La diferencia entre las mujeres que pueden pagar una clínica privada y las que dependen del sistema público es brutal.

Meter el aborto en la Constitución debería servir para que todas tengamos acceso efectivo y seguro, sin depender de la suerte, del lugar donde vivamos ni de la cartera que tengamos. Porque decidir sobre nuestro cuerpo no es un privilegio, ni un tabú, ni un campo de batalla político. Es un derecho que debe garantizarse desde lo público, con recursos, respeto y libertad.

Las mujeres hemos conquistado cada paso con lucha, con organización, con valentía. Nos ha costado demasiado llegar hasta aquí como para permitir retrocesos.

Por eso creo que blindar el aborto en la Constitución no es un gesto simbólico: es una forma de decir basta. De decir que el derecho a decidir es parte esencial de la democracia. Que ninguna mujer debe pedir permiso para ejercerlo. Que la sanidad pública debe estar al servicio de la libertad, no de la moral.

Porque decidir sobre nuestro cuerpo no es un delito ni un pecado. Es un derecho.

Y, como todos los derechos que conquistamos las mujeres, no se defiende en los despachos: se defiende en las calles, en los hospitales y en la conciencia colectiva de quienes no queremos volver atrás.

Lo ideal para nosotras sería que el aborto fuera un derecho fundamental, igual que la libertad o la educación: protegido al máximo nivel, garantizado para todas. Blindarlo en la Constitución dentro del derecho a la salud es un paso enorme, pero nuestro objetivo real sigue siendo pleno, efectivo y seguro para todas las mujeres, sin excepciones, sin barreras y sin depender del gobierno de turno.