Verano de abandono en las Residencias públicas de Madrid

Precariedad extrema, personal agotado y cuidados al límite marcan la situación en los centros públicos de la Comunidad de Madrid.

El verano ha vuelto a desnudar la realidad cruda y persistente que atraviesan las residencias públicas de mayores en la capital. Lejos de reforzar los recursos humanos y materiales para afrontar los meses más complicados del año, el gobierno regional ha optado por continuar con su política de desinversión y externalización. El resultado es un sistema cada vez más debilitado, donde las personas mayores reciben cuidados al límite y las plantillas sobreviven en condiciones laborales insostenibles.

La situación se ha tornado inadmisible, desde la última oposición convocada han transcurrido la friolera de 12 años para profesionales de atención sanitaria (TCAES y DUES), a pesar de que en nuestro Convenio se indica que deben convocarse cada 2 años. Como consecuencia de ello se ha acumulado la oferta pública de empleo de cada uno de estos 12 años, ocupadas por personal interino. Ha tenido que intervenir la UE para que todas esas plazas formen parte de procesos selectivos para las estabilización del empleo temporal.

En 2024, se destinaron más de 327 millones de euros a conciertos con residencias privadas, mientras el 88 % de las plazas residenciales continúan en manos de entidades privadas. En paralelo, las plazas 100 % públicas desaparecen o se estancan.

La incorporación de uno de esos procesos, hay otros 3 más pendientes, se llevó a cabo en marzo, ya se arrastraban vacantes de los traslados de diciembre, las renuncias de los profesionales al ver las precarias condiciones de trabajo hicieron el resto. Todo esto se sabía y nadie hizo nada por evitar el desastre.

El panorama es especialmente grave en los meses de verano, cuando las vacaciones del personal se cubren, a duras penas, con contrataciones improvisadas. En la AMAS alegan que hay escasez de profesionales, pero no es cierto, la realidad es que no quieren trabajar en las residencias de la Comunidad de Madrid por sus pésimas condiciones laborales: contratos temporales, salarios bajos, jornadas agotadoras, alta sobrecarga física y emoccional, ausencia de reconocimiento institucional, escasez de libranzas, mal ambiente laboral, etc. En muchos casos, se recurre a personal sin titulación sanitaria específica, una práctica que no solo precariza aún más los cuidados, sino que pone en riesgo la seguridad de los residentes.

“Estamos bajo mínimos, agotadas, reventadas y sin libranzas”, denuncian trabajadoras del centro.

La atención a personas con gran dependencia se convierte así en una tarea titánica que amenaza con colapsar el sistema desde dentro. Y es que cuidar así no es solo duro: es inhumano.

La situación en la RPPMM GRAN RESIDENCIA, en Carabanchel, es paradigmática. Más de 100 vacantes sin cubrir – sumando plazas estructurales y bajas médicas – condenan al personal a jornadas extenuanes, quitando libranzas por necesidades del servicio.

Pero el problema no se limita a un centro concreto. Lo que ocurre en Gran Residencia es el reflejo de un modelo que ha sido deliberadamente abandonado por la administración regional y que se repite en las 24 residencias de mayores restantes dependientes 100% de la Comunidad de Madrid.

En 2024, se destinaron más de 327 millones de euros a conciertos con residencias privadas, mientras el 88 % de las plazas residenciales continúan en manos de entidades privadas. En paralelo, las plazas 100 % públicas desaparecen o se estancan.

El modelo actual, definido por profesionales como un “modelo hotelero”, prioriza el beneficio económico sobre la atención digna. La ocupación de camas al menor coste posible ha desplazado al cuidado centrado en la persona, y la sobrecarga estructural ha pasado a formar parte del día a día en los centros.

Durante la pandemia, Madrid aplicó un protocolo que impidió derivaciones hospitalarias desde residencias, una decisión que costó la vida a miles de mayores. Hoy, cinco años después, nada ha cambiado. No se ha reforzado el sistema. No se ha corregido el rumbo. Cabe pensar que si entonces no les importó la muerte de 7291 personas, tampoco les importe la situación actual.

Las cifras del abandono son alarmantes: Más de 80 vacantes sin cubrir solo en Gran Residencia Más de 20 bajas sin sustituir Contrataciones estivales insuficientes y sin cualificación sanitaria Solo 400 de más de 600 plazas de TCAEs cubiertas en la OPE que se incorporará en octubre. 327 millones de euros destinados al sector privado en 2024. 88 % de las plazas residenciales, en manos privadas.

En muchos casos, se recurre a personal sin titulación sanitaria específica, una práctica que no solo precariza aún más los cuidados, sino que pone en riesgo la seguridad de los residentes.

Por otro lado, señalar que hace unos años la diferencia entre residencias públicas y privadas era abismal, sobre todo en lo que a personal se refería, más personal, mejor pagado y más cualificado. Con el paso del tiempo, la situación de ambos modelos se ha ido equiparando a la baja, en la privada ganan un poco menos pero tienen mayor estabilidad. Todo esto en detrimento de la asistencia digna y de calidad que se ofrecia a las personas mayores en las residencias públicas.

El sindicato MATS exige una respuesta urgente y firme: contratación estable, mejora de condiciones laborales, refuerzo público de la red asistencial y fin del desvío de fondos al sector privado. Las personas mayores no pueden seguir siendo víctimas del abandono institucional. Merecen vivir con dignidad, acompañadas por profesionales cualificados, estables y reconocidos.