¿UNA OCASIÓN PERDÍDA?

El Estatuto Marco (EM) es la la base legal que ha permitido:

• El maltrato sufrido por las y los trabajadores de la sanidad pública durante veinte años. Dando potestad a los gobiernos central y autonómicos para imponer una temporalidad entre tres y cuatro veces superior a la da la sanidad privada; plantillas escasas, altas cargas de trabajo, jornadas abusivas y bajos sueldos.
• Que cada comunidad autónoma haya puesto en píe condiciones de trabajo distintas en cada servicio de salud. Conformando modelos sanitarios diferentes por comunidades.
• Generar las condiciones laborales para la aplicación de la Ley 15/97, es decir para los avances privatizadores, ya que pone en mano de las CCAA mecanismos que les han permitido reestructuraciones laborales (Planes de empleo, supresión y creación de categorías…) y el mencionado maltrato laboral. Ocasionado así la huida de muchas y muchos trabajadores a otros países, a otras comunidades o a la sanidad privada.

UN AÑO DE NEGOCIACIONES PERO SIN CAMBIOS DE IMPORTANCIA

La decisión de la Ministra de Sanidad de reformar el Estatuto podría haber sido una ocasión para acabar con una ley que ha demostrado sus nefastas consecuencias tras veinte años de aplicación.

Pero para que esa posibilidad de cambio se hubiese hecho realidad habría hecho falta una firme decisión de luchar por ello desde el gobierno PSOE-SUMAR y desde los sindicatos, sabiendo los obstáculos que, por un lado, iban a oponer PP, Vox y los partidos nacionalistas, todos o una parte significativa de ellos, y, por otro, las empresas sanitarias, aseguradoras y fondos de inversión.

Habría hecho falta explicar a la población y a las y los profesionales lo que había en juego.

Sin embargo, a lo largo de casi un año hemos visto que ni la Ministra ni el gobierno de coalición estaban dispuestos a ir mucho más allá de un lavado de cara de una ley tan regresiva; ni los sindicatos a dar una batalla con todas las consecuencias.

No es igual decir que se defiende la sanidad pública que poner todos los medios para defenderla. Según las informaciones que nos llegan a través de los medios de comunicación, no hay cambios de fondo. La negociación de las condiciones laborales se mantiene en las comunidades, fortaleciendo la dinamica de distanciar las condiciones de trabajo entre comunidades. Los gobiernos autonómicos siguen con enormes poderes para privatizar y para seguir manteniendo plantillas escasas y altísima temporalidad.

Los sindicatos, desde nuestro punto de vista, han dado un espectáculo penoso. Los de mayor representatividad (SATSE, CCOO, UGT, CSIF Y CIG) no han hecho reuniones o asambleas para consultar las reivindicaciones, las convocatorias, las desconvocatorias o un supuesto preacuerdo al que habrían llegado.

Los que dicen defender a categorías concretas, han dividido la movilización con convocatorias separadas y con reivindicaciones tan corporativas, como pedir un EM “privado” para médicos, u olvidando al personal temporal de su categoría.

La falta de un proceso de participación y movilización unitaria va a impedir la aprobación de un buen Estatuto Marco, y, posiblemente, la aprobación de un EM con mejoras limitadas: teniendo en cuenta la situación parlamentaria y la falta de prsión laboral va a ser difícil que el gobierno reúna los votos necesarios para cualquier cambio.

Si queremos un EM que garantice unas condiciones laborales adecuadas (estabilidad en el empleo, plantillas y cargas de trabajo acordes, jornadas no extenuantes, conciliación familiar…), que permitan prestar unos servicios sanitarios de calidad, parece que habrá que empezar a actuar al margen de las cúpulas sindicales, al igual que hacemos día a día, para construir una movilización unitaria, participativa y autoorganizada.