ESTATUTO MARCO: 20 AÑOS FACILITANDO LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

¿Qué relación hay entre la normativa laboral del personal de los servicios de salud y los procesos de privatización ejecutados en estos 20 años por los gobiernos autonómicos, con la ayuda o la pasividad de los gobiernos centrales?

Es habitual que al hablar de privatización de la sanidad se haga referencia sobre todo a las formas de gestión que la permiten, y apenas se hable de la condiciones laborales para que esta se lleve a cabo. Así, se habla mucho de la ley 15/97, y casi nada del la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (EM). Debe ser un reflejo de la ideología neoliberal para la que las empresas lo son todo y el trabajo nada.

Al menos hay cuatro aspectos que explican esta relación.

En primer lugar, cualquier actividad sanitaria, sea pública o privada, necesita de trabajadoras y trabajadores cualificados y muy cualificados, que no son excesivamente abundantes. Este personal será atraído allá donde goce de mejores condiciones laborales y tenga garantizada una mayor proyección profesional. Y el EM ha tenido como objetivo (y resultado) la precarización y el deterioro de dichas condiciones laborales en la sanidad pública: largas jornadas, bajos salarios, temporalidad excesiva, dificultades para la conciliación familiar, falta de consideración y trato adecuado y ausencia de mecanismos de participación en la marcha de los centros.

De esta forma, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha ido dejando con el paso de los años de ser un polo de atracción de mano de obra cualificada, o, mejor, de retención de esta, puesto que en gran medida dicha mano de obra se ha formado en centros educativos y sanitarios públicos, para dar paso a una huida a otros países y a la sanidad privada.

En segundo lugar, la precariedad laboral impuesta gracias al EM no solo ha permitido atraer a ese personal cualificado y muy cualificado, sino que puede hacerlo con menores gastos que si las condiciones laborales en la sanidad pública fuesen las adecuadas.

En tercer lugar, no solo el deterioro laboral generado por el EM empuja a muchas y muchos trabajadores a irse de la sanidad pública; el EM dota a las administraciones públicas de mecanismos específicos, sin condicionamientos, para favorecer, e incluso, impulsar el trasvase de profesionales hacia las empresas sanitarias. En ese aspecto destacan figuras como “los planes de ordenación de recursos humanos” la “creación, modificación y supresión de categorías”, “movilidad por razón de servicio” (traslados forzosos) o, en el apartado de “Situaciones del personal estatutario”, las figuras de “Servicio bajo otro régimen jurídico” o “servicios de gestión clínica”.

En cuarto lugar, las malas condiciones laborales generan las condiciones para que la calidad asistencial se deteriore (listas de espera, colapsos en urgencias, tardanza en las citas en centros de salud…). Lo cual empuja a que quienes puedan se hagan pólizas de salud privadas.

En resumen, el EM es un compendio de mecanismos de precariedad y flexibilidad laboral, que han permitido a lo largo de 20 años que las empresas sanitarias hayan dispuesto de trabajadoras y trabajadores formados en cantidad suficiente, a un precio reducido, y, a la vez, de una afluencia de pacientes que no para de aumentar. Todo ello, como no podía ser de otra manera, no ha redundado en mejoras para la población o las y los trabajadores sino en notables incrementos en la cuenta de resultados de estas empresas.

La legislación que permite formulas de explotación privada de la asistencia sanitaria (Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud; Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, o, la Ley 12, 2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, para dicha Comunidad) supone un mecanismo fundamental para avanzar en la privatización sanitaria, pero sus efectos serían muy limitados sin la existencia del actual EM.

Resulta llamativo que nadie de quienes están negociando un nuevo EM en ningún momento pongan en relación EM y privatización sanitaria.