Residencias al límite: La Comunidad de Madrid sustituye profesionales por personal sin titulación sanitaria
Las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid viven una situación crítica: cientos de plazas de personal sanitario y asistencial permanecen sin cubrir, y en muchos centros se está recurriendo a una práctica alarmante y cada vez más extendida: la contratación de Técnicos Auxiliares sin titulación sanitaria para realizar funciones que requieren formación especializada. La dejadez del Gobierno autonómico no solo compromete la calidad de los cuidados, sino que pone en riesgo la salud y la dignidad de las personas mayores.
La escasez de personal ya no es una excepción, sino la norma.
En muchas residencias públicas gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), los turnos se cubren con plantillas reducidas al mínimo. Hay noches en las que dos personas deben atender a más de treinta residentes totalmente dependientes cada una. Durante los turnos de mañana, una sola auxiliar puede encargarse de levantar, asear, vestir y dar el desayuno a hasta doce personas en apenas dos horas. Esto implica un tiempo de atención inferior a 10 minutos por residente, cuando las necesidades reales requerirían al menos 25 minutos por persona.
El déficit estructural de profesionales se suple con personal no cualificado, lo que da lugar a errores en la atención, demoras inaceptables en los cuidados básicos, y una sobrecarga física y emocional constante para quienes sí están formados.
Sustituir cualificación por precariedad
Una de las prácticas más preocupantes es la sustitución de profesionales sanitarios por auxiliares sin formación acreditada. Bajo contratos ambiguos de “técnico auxiliar”, se están incorporando personas sin estudios sociosanitarios, lo que contradice la legislación vigente y las propias normativas de calidad asistencial. En algunos casos, estos trabajadores han sido contratados solo con estudios básicos, sin haber recibido formación sanitaria alguna.
Se les asignan tareas sensibles como movilizaciones, administración de alimentos por vía oral o asistencia a la higiene de personas con movilidad reducida o deterioro cognitivo severo. Esta deriva, tolerada por la Comunidad de Madrid, no solo supone una infracción ética, sino que pone en juego la seguridad de los mayores.
Familias y profesionales denuncian abandono institucional
Las familias de los residentes, cada vez más conscientes del deterioro del servicio, han comenzado a alzar la voz, a pesar de las denuncias, la Comunidad de Madrid no ha adoptado medidas estructurales para resolver esta crisis.
Tampoco se han reforzado los sistemas de inspección. Las visitas institucionales, cuando se producen, son avisadas con antelación, y se centran en aspectos superficiales. No se evalúa el cumplimiento de los ratios reales ni se exige titulación adecuada para el personal en contacto directo con los mayores.
Un modelo fallido: más plazas, menos cuidados
Mientras el Gobierno regional anuncia la construcción de nuevas plazas y centros, las plantillas en funcionamiento se siguen reduciendo. Abrir nuevas residencias sin garantizar la cobertura de personal formado es, según muchos trabajadores, una “fachada sin contenido”. Por otra parte las 30 nuevas residencias proyectadas pertenecen al modelo público/privado cuyo único objetivo es el negocio empresarial.
“No sirve de nada tener más camas si no hay manos cualificadas para atenderlas”, señalan desde dentro de las residencias.
Conclusión: una crisis de responsabilidad política
La situación que atraviesan las residencias madrileñas no es fruto de la casualidad ni de una falta de recursos inevitables, sino de una decisión política consciente de no invertir en cuidados dignos. En lugar de reforzar el sistema público y garantizar personal cualificado, la Comunidad de Madrid ha optado por externalizar servicios, reducir costes y asumir riesgos graves para los mayores.
La sustitución de profesionales sanitarios por personal sin titulación es solo el síntoma más visible de una estrategia que prioriza el ahorro presupuestario por encima de la vida y el bienestar de quienes más lo necesitan. Una generación entera, que merece cuidado y respeto, está pagando el precio de la indiferencia institucional.
Paradójicamente, la AMAS está despidiendo a todos los interinos, incluidos aquellos que ocupan plazas que no van a ser cubiertas. Así se explica la alarmante cantidad de vacantes en las residencias públicas.
Desde el MATS exigimos que no se produzca más despidos hasta que no haya plantillas adecuadas y que se detenga esta sangría que está debilitando la atención a nuestros mayores y sobrecargando a las plantillas.
Que se dejen de excusas y empiecen a preocuparse de verdad por las personas mayores y por los trabajadores y trabajadoras de las residencias.
