Jacinto Lara es abogado en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y representa a las víctimas del franquismo en la causa judicial que mantiene abierta la Justicia de Argentina para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Alejandro Torrús
VientoSur
Hace apenas unos días la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) denunció públicamente que el Ministerio de Justicia estaba poniendo trabas a la toma de declaración del exministro Rodolfo Martín Villa prevista para el 20 de marzo ante la jueza María Servini en el marco de la conocida como querella argentina, la causa abierta en el país sudamericano que investiga al franquismo por posibles crímenes de lesa humanidad.
La CEAQUA denunciaba que, según documento oficial de la República de Argentina, el Ministerio de Justicia español había señalado al mencionado país que la fórmula adecuada no era la toma de declaración en la Embajada, tal y como estaba previsto, sino enviar nuevamente una petición de auxilio judicial internacional que España ya había rechazado en dos ocasiones.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia español negó la mayor y señaló que aún no había contestado a Argentina, tal y como recogió Público en esta información. Desde entonces, la situación no ha tenido avances.
La semana pasada ustedes denunciaron trabas del Ministerio de Justicia a la toma de declaración indagatoria de Martín Villa en la Embajada de este país en Madrid. ¿En qué consisten estas trabas que ustedes denuncian?
Las trabas que menciona las denunciamos como consecuencia de un documento oficial que remite el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina al Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires que tramita la conocida como querella argentina. En este documento se indica a la jueza María Servini de Cubría que el Ministerio de Justicia español les ha informado que se debe utilizar la vía del auxilio judicial internacional para poder tomar declaración a Martín Villa y no efectuarla en la Embajada, que es el mecanismo que había articulado la propia Jueza Servini. Como consecuencia de ello, evidentemente, nosotros hemos denunciado un nuevo obstáculo en la tramitación de la causa.
¿Y por qué es un obstáculo? ¿Qué supone ese mensaje?
Porque España pide ahora a Argentina que remita un auxilio judicial internacional y la jueza Servini lo había remitido en dos ocasiones anteriores y las dos habían sido rechazadas por las autoridades españolas, una por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid y otra en el mes de octubre de 2018 por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Por tanto, sabemos que la vía que señala Justicia ahora en esa comunicación a Argentina es una vía muerta, una vía que sería nuevamente rechazada y que al final no permitiría el objetivo final de tomar declaración a Martín Villa. Una vía que supondría una nueva demora en la tramitación de la causa.
También hay que destacar que además de rechazar los auxilios judiciales internacionales enviados por Servini, el propio Consejo de Ministros, en el año 2015, rechazó la extradición de Martín Villa a Argentina para su toma de declaración. Por lo tanto, en este caso, tenemos una denegación de extradición y de dos auxilios internacionales. Por este motivo la jueza Servini de Cubría acordó que la toma de declaración se produjera en la Embajada de Argentina y lo hizo siguiendo las indicaciones que le hizo el propio Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional en el auto que denegó el auxilio judicial. Ese auto indicaba a la jueza Servini que podía utilizar la vía la Embajada de Argentina en Madrid para la toma de declaración indagatoria.
¿Y qué es lo que sucede ahora? Que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina ha incorporado a la causa una declaración que le ha sido efectuado desde el Ministerio de Justicia diciendo que no consideran procedente la utilización de la Embajada de Argentina para la toma de declaración de Martín Villa y que recomienda utilizar un auxilio judicial internacional. Por tanto, es un nuevo obstáculo. Es una situación en la que el Estado está obstaculizando constante y sistemáticamente la toma de declaración de Martín Villa. Y lo ha hecho el Gobierno español y también los tribunales españoles. Más sorpresivo y paradójico no puede resultar todo. Esto solo se explica desde una posición política consolidada de impunidad mantenida por el Estado español.
Usted sabe que cuando informó a los medios de estos obstáculos el Ministerio de Justicia dijo que no había dado esa contestación. De hecho, Justicia señala que todavía no ha contestado a Argentina. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación con el Ministerio de Justicia para aclarar que está sucediendo?
No hemos tenido ninguna relación directa con el Ministerio de Justicia español. Sí hemos confirmado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina la existencia de esa comunicación y, efectivamente, desde Argentina nos han dicho que esa confirmación existió y que, por eso, lógicamente, lo incorporaron en un documento oficial que fue remitido a la jueza Servini. Tenemos muy claro que el Ministerio de Justicia ha tenido que indicar esto al ministerio de Argentina y por eso está recogido en un documento oficial de dicho país. Y eso, como ya he indicado, ha sido constatado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
Entonces, por su parte, no tienen dudas de que Justicia ha puesto nuevamente trabas a la toma de declaración de Martín Villa a pesar de que el propio ministerio lo niegue y asegure que aún no han contestado.
Entonces lo que esperamos es que el Ministerio de Justicia conteste a las autoridades argentinas y que diga que no tienen ningún problema en que se tome declaración indagatoria a Martín Villa. Eso es lo que correspondería y todavía está a tiempo de hacerlo.
Perdone por insistir en este asunto. ¿Usted considera que el ministerio de Justicia está torpedeando la toma de declaración de Martín Villa?
Inicialmente seguro. Dudo mucho que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina incorpore en un documento oficial una manifestación del Ministerio de Justicia español que no se ha producido. Para nosotros la contestación de Justicia a Argentina supone una severa obstaculización. De todos modos, insisto, Justicia está a tiempo de utilizar un canal oficial para comunicar que, efectivamente, no tiene problemas en que se tome declaración a Martín Villa en la Embajada. Lo otro, lo que ya sucedió, es una clara obstaculización y el silencio, el no responder, también lo es.
La situación a día de hoy, ¿cuál es? ¿La jueza vendrá el 20 de marzo y se mantiene la declaración de Martín Villa?
No tenemos ninguna notificación o noticia nueva al respecto. Lo que tenemos es que la toma de declaración a Martín Villa está señalada para el 20 de marzo. La jueza no ha resuelto modificar, a día de hoy, la toma de declaración indagatoria. Lo que es evidente es que si hay una oposición para que la jueza pueda desplazarse a España pues, obviamente, ella reconsiderará la decisión inicialmente adoptada. Pero, a día de hoy, la jueza no ha resuelto nada diferente a lo ya acordado.
Por tanto, de momento, a día de hoy se mantiene la declaración.
Entendemos que al no haber resolución contraria se mantendrá la declaración para el 20 de marzo. Veremos qué sucede en estos días.
¿De qué se acusa a Martín Villa en Argentina?
Se le imputa una serie de hechos que pueden ser constitutivos de un delito de homicidio agravado en un contexto de crímenes de humanidad. Los hechos vienen referidos a la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria; a diferentes asesinatos que se produjeron en el conjunto de Euskal Herria durante la denominada Semana Proamnistia en el año 1977; el asesinato de Arturo Ruiz en enero de 1977; y los sucesos acontecidos en Pamplona el 8 de julio de 1978. La carga fáctica por la que se le imputa a Martín Villa es bastante importante. Se trata de unos crímenes gravísimos que se están tramitando en un proceso judicial en aplicación del principio de Justicia universal porque son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y, por tanto, ofenden a la comunidad internacional en su conjunto.
¿Qué responsabilidad ejercía Martín Villa cuando se produjeron los hechos que usted acaba de mencionar?
En relación con los hechos del 3 de marzo de 1976 Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales y en el resto de los hechos imputados era ministro de Gobernación y, posteriormente, de Interior.
Martín Villa ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de declarar e incluso ha señalado que él está muy tranquilo viendo quien le denuncia. ¿Qué le parece esta afirmación?
Por un lado, vemos que se produce una paradoja. El imputado quiere declarar e incluso está señalando que se le está generando indefensión al no poder declarar; también hay una jueza que es competente en este caso y que aprueba tomarle declaración. Pero el Estado español pone trabas.
Por otro lado, lo importante no es quien denuncia sino quien imputa y qué imputa. Aquí está imputando un juzgado y por unos crímenes que son gravísimos. Estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Por tanto, repito: lo importante es que se trata de una causa abierta por las autoridades judiciales argentinas en base a un proceso judicial que se está tramitando con todas las garantías y que ha sido, además, objeto de revisión en diferentes instancias judiciales en el propio ámbito jurisdiccional argentino. Si lo que Martín Villa pretende es desvirtuar una imputación en función de quien son los denunciantes… me parece un grave error.
Hasta ahora hemos hablado de la toma de declaración indagatoria a Martín Villa. Me gustaría que explicara en qué punto del proceso judicial nos encontramos.
La declaración indagatoria es un hito procesal importante en la fase de instrucción, es decir, estamos todavía en fase de investigación. Y ahora, para poder tomar una decisión respecto al posible procesamiento o enjuiciamiento de esta persona hay un trámite que es ineludible: tomarle declaración a la persona a la que se le imputan los hechos delictivos, es decir, a Martín Villa. Una vez tomada esta declaración, si se consigue, la jueza ya puede tomar una decisión respecto a archivar la causa, formular un sobreseimiento o procesarle. En caso de que decida procesar a esta persona eso podría generar un nuevo pedido de extradición para ser enjuiciado.
¿El Estado español podría volver a rechazar la extradición en la fase de enjuiciamiento?
Sí. La última palabra en caso de un pedido de extradición siempre la tiene el Consejo de Ministros.
Martín Villa no es el único imputado en Argentina, aunque sí es el único que se ha mostrado dispuesto a declarar.
Hay más casos, sí. En octubre de 2014 la jueza dictó un auto en el que imputaba por diferentes delitos, todos ellos en un contexto de crímenes de lesa humanidad, a una serie de personas entre las que hay exministros franquistas, jueces, policías y un médico, como es el caso de Abelardo García, por posible sustracción de bebés. Hay algunos de los imputados, como Utrera Molina, que ya han fallecido. Otros, no. Argentina envió los pedidos de extradición correspondientes y fueron denegados por el Consejo de Ministros en marzo de 2015.
Para poder tomarles declaración Servini de Cubría podría utilizar la misma vía que con Rodolfo Martín Villa, estos es, en la embajada Argentina en España y que ellos acepten declarar. También podría solicitar, una vez más, auxilios judiciales internacionales que ya fueron rechazados por las autoridades españolas, lo que no es nada aconsejable porque previsiblemente serán nuevamente rechazados.
Si estos imputados no quieren declarar y España sigue rechazando los pedidos de extradición, entonces ¿no habría manera de tomarles declaración a los imputados?
Solamente se podría a través de un auxilio judicial internacional y solo en el caso de que los juzgados españoles lo aceptaran. Pero también hay que tener en cuenta que hay una Circular o instrucción de obligado cumplimiento por parte de la Fiscalía General del Estado del año 2016, que ordena a todas las fiscalías provinciales a oponerse a que se de cumplimiento por parte de los Juzgados españoles a dichos auxilios judiciales. Pues bien, en consonancia con lo que informan los propios Fiscales, aunque no les vincula, los juzgados acuerdan rechazar los exhortos o auxilios judiciales que llegan desde Argentina señalando que este asunto excede y es ajeno al ámbito de la Justicia española y que está afectado por la Ley de Amnistía y por la prescripción de delitos.
Además conviene destacar que esa circular de Fiscalía recordaba lo que le sucedió al juez Baltasar Garzón por tratar de investigar los crímenes de la dictadura franquista. Esa circular sigue desplegando sus efectos a día de hoy y todos los fiscales se han opuesto a esos auxilios judiciales internacionales que cursa Servini. Debería haber un cambio de criterio de la Fiscalía consistente en apoyar que esos auxilios judiciales internacionales puedan ser ejecutados por los tribunales españoles sin problemas y que ampare la toma de declaración a los imputados a efectos de no obstaculizar la tramitación de esta causa.
Usted ha representado a CEAQUA en este proceso con diferentes gobiernos en el Estado. Primero con Rajoy en el poder, después con el PSOE en solitario y ahora con un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. ¿Han notado alguna diferencia en los cambios de Gobierno?
Ahora mismo y de forma sustancial, no. No ha habido ningún cambio. Esperamos que durante el transcurso de la legislatura se pueda materializar algún cambio de postura del Gobierno y que colaboren con la Justicia de Argentina. Nosotros creemos que el Gobierno lo que tiene que hacer es colaborar en la medida de sus posibilidades en la tramitación de esta esta causa dando cumplimiento a las peticiones que llegan desde Argentina. Pero repito: a día de hoy no ha habido ningún cambio. Además, sí quiero recordar que el Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación recomendó a España que colaborara con la Justicia de Argentina.
Teme que si Justicia y Gobierno siguen rechazando colaborar con la Justicia de Argentina la conocida como querella argentina caiga en un punto muerto de frustración y sin avances?
Esperamos que no. La voluntad de Argentina sigue siendo investigar. Otra cosa es que pasemos a la fase de procesamiento en una querella que ya lleva diez años tramitándose. Pero esperemos que no, que la querella siga avanzando más allá de la colaboración que pueda tener por parte de las autoridades españolas. La querella argentina tiene una virtualidad propia muy importante. Es un factor erosionador desde un punto de vista de denuncia constante de un sistema de impunidad largamente mantenido por nuestra democracia y que ha permitido generar una presión internacional bastante sustancial en este tema. Además, durante su tramitación se han conseguido varios hitos procesales importantes y se ha puesto de manifiesto muchas de las cosas que el Estado español ha negado sobre la naturaleza de los crímenes del franquismo. Mientras que Argentina siga con voluntad de investigar, la querella seguirá avanzando con todas las dificultades, pero avanzando.
Ahora, además, estamos pendientes de que se puedan producir nuevas imputaciones por los hechos acontecidos en los Sanfermines de 1978 en la ciudad de Pamplona. Estas nuevas imputaciones afectarían a un Gobernador Civil y a diferentes miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la época.
El Gobierno ha reiterado su voluntad de retirar condecoraciones al policía González Pacheco, sin que ello implique ningún proceso judicial. Por otro lado, también ha anunciado su intención de incluir la apología del franquismo en el Código Penal. ¿Qué le parecen estas iniciativas?
Son dos iniciativas que hasta cierto punto puedo compartir, pero creo que están empezando la casa por el tejado. Lo normal, si se quieren retirar las condecoraciones a un torturador como González Pacheco, es que haya una sentencia judicial que constate, compruebe, tipifique los delitos que ha cometido y condene. La vía del Gobierno es otra. Es una vía administrativa y me parece que entraña dificultades porque actualmente no hay ninguna sentencia judicial que diga que este señor ha cometido delitos. Y no solo eso. El Estado se niega a investigar y a enjuiciar esos delitos.
En cuanto a la apología del franquismo, opino de la misma manera. Se estaría tipificando como delito el enaltecimiento, la apología de un régimen dictatorial que en ningún momento ha sido sometido a investigación y enjuiciamiento por parte de juzgados y tribunales. Con lo cual, si el franquismo fue un régimen dictadorial genocida que cometió los más graves crímenes internacionales, pero no existe ningún tipo de resolución judicial al respecto que así lo establezca… pues parece extraño tipificar como delito la apología de un régimen que no ha sido previamente condenado o calificado en estos términos.
Como decía tengo la impresión de que se está comenzando la casa por el tejado cuando no existen cimientos. Esos cimientos no pueden ser otros que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas la personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos.