La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste de los hospitales de Aguirre
- La investigación surge a raíz de la denuncia que presentó Podemos contra el Servicio Madrileño de Salud, donde alertaron de «un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de euros» en el canon que los madrileños pagarán a las constructoras que levantaron estos siete hospitales
- En su denuncia, Podemos acusaba al antiguo Gobierno de Aguirre de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y tráfico de influencias.
Javier Bañuelos Teresa Rubio
No está siendo una legislatura tranquila en la Consejería de Sanidad. Primero fueUnidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien visitó (hasta en tres ocasiones) la sede del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en busca de documentación. Ahora, ha sido la Fiscalía Anticorrupción quien ha llamado a la puerta de la Consejería de Sanidad.
Según han confirmado a la SER fuentes próximas al Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar el sobrecoste de los siete hospitalespúblicos que Esperanza Aguirre levantó durante su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía ha abierto diligencias para elaborar un informe – tiene un plazo máximo de seis meses- y decidir si lo pone en manos de un juzgado. Por el momento, la Fiscalía ha requerido ya a la Consejería de Sanidad todo tipo de información y de documentación referente a la puesta en marcha de aquellos hospitales, cuya construcción y explotación se adjudicó a varias empresas privadas, algunas inmersas en casos de corrupción (como por ejemplo, Begar – propiedad el empresario, Ulibarri, imputado en la Gürtel), que terminaron vendiendo sus participaciones en estos hospitales a fondos de inversión.
La investigación surge a raíz de la denuncia que Podemos presentó el pasado mes de julio contra todos los altos cargos de la Comunidad, de la Consejería de Sanidad y del SERMAS, a los que acusa de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y tráfico de influencias.
En su escrito Podemos denunció que los madrileños pagarán «un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de euros” porque el Gobierno de Aguirre diseñó una fórmula “opaca y arbitraria” para calcular el dinero que deben cobrar estas empresas hasta 2035. Ese importe, llamado canon, ha crecido un 47% desde 2007 – cuando empezaron a funcionar estos hospitales-, según consta en la denuncia de Podemos, que acusa a la Comunidad de Madrid de «negligencia contable».
Ese incremento, según el escrito que estudia la Fiscalía Anticorrupción, se disparó gracias a contratos que fueron modificados de forma “ilegal” porque se convalidaron los gastos a través de acuerdos del Consejo de Gobierno sin contar con el informe de fiscalización de la Intervención General.
Podemos celebra el paso dado por la Fiscalía: «Sin duda es una magnífica noticia,excepto para todos aquellos que estos días vienen reivindicando ese pasado de Esperanza Aguirre en el PP«, apunta la presidenta del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Mónica García. La portavoz de sanidad en la formación morada recuerda que el informe que presentaron ante la Fiscalía «es uno de los más graves» porque se han pagado «sobrecostes» tirando del «dinero que debería ir destinado a nuestra salud» y con «la connivencia de Ciudadanos», añade. Para la diputada Mónica García este supuesto caso de malversación ha mermado a la sanidad pública: «esto es importante porque estamos viendo nuevos colapsos de las urgencias, proyectos de cierre parcial de las consultas de atención primarias. Todo esto hoy sería innecesarios si el Gobierno de la Comunidad de Madrid hubiese sido leal con sus ciudadanos y no hubiera enfangado de corrupción todo nuestro sistema sanitario».
Incumplimientos energéticos
Entre los incumplimientos, Podemos se centra en su escrito en el compromiso de las concesionarias en fomentar la eficiencia energética. Los nuevos hospitales duplican o triplican el gasto energético de hospitales que fueron construidos hace 40 años «para justificar cuantiosas bonificaciones económicas en el ahorro posterior».
La formación pone el acento también en el control de este modelo de gestión, en manos de una empresa privada, Hill Internacional, que presta servicios consultoría a las mismas empresas que intenta controlar.
La documentación aportada por Podemos está basada en los informes de la Intervención General, la información facilitada por la Cámara de Cuentas en sucesivos informes, las comparecencias de los responsables políticos en la Comisión de Endeudamiento, los pliegos de esos contratos, los acuerdos del Consejo de Gobierno y información requerida sobre los modificados de los contratos, además de las memorias anuales del SERMAS, entre otros.
