La Xunta permite que una multinacional americana controle servicios sanitarios en cuatro hospitales públicos
Convenios del Gobierno gallego con la estadounidense Medtronic permiten a la compañía instalarse, controlar y testar sus productos en áreas médicas de los hospitales de A Coruña, Santiago, Vigo y Lugo
El Gobierno de Feijóo ocultó durante meses parte de estos acuerdos a una asociación de pacientes y sigue sin divulgarlos al público general
La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia tiene actualmente en vigor cinco convenios con Medtronic, una empresa de tecnología sanitaria con sede central en Minneapolis, en los Estados Unidos, y con presencia en más de un centenar de países en todo el mundo. Se trata de un «convenio marco» que establece la relación general del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con la multinacional y cuatro acuerdos específicos que han abierto a la compañía las puertas de los complejos hospitalarios públicos de A Coruña, Santiago, Lugo y Vigo para testar sus productos y aplicar sus métodos en las áreas cardiológicas de los centros y, en el caso coruñés, también en la digestiva. El propósito declarado de la empresa es aumentar su oferta» y «fortalecer su posición» en el mercado.
Como ha revelado Praza.gal, la Xunta trató cómo secretas las partes de estos acuerdos que van más allá de declaraciones de intenciones más o menos genéricas y concretan en qué consiste exactamente la instalación de Medtronic en hospitales públicos de Galicia. Así, por ejemplo, mientras que públicamente la Consellería indicaba que se trataba de convenios sin aportación económica, los anexos de la parte oculta evidenciaban que Sanidad pone en estos pactos dinero y personal público. Al tratarse de convenios son otorgados directamente y sin concurrencia ni concurso público, como sucedería con un contrato.
Desde el otoño de 2016 la Asociación de Pacientes del Clínico de Santiago venía reclamando, en virtud de la ley de transparencia, que la Consellería le facilitara una copia de sus acuerdos con Medtronic. No obstante, la Xunta se negó y sólo entregó la parte de los convenios que ya era pública a través del sitio web del Gobierno gallego. Evitaba revelar los anexos para proteger el «secreto comercial» y la «propiedad industrial» de la empresa. Esa negativa se produjo sin consultar previamente con la compañía interesada, como marca la ley estatal de transparencia. Fue por eso que la Comisión de Transparencia de Galicia, a la que acudió la asociación, instó a la Xunta a cumplir la ley y realizar esa consulta. Lo cierto es que Medtronic no vio «impedimento» en revelar los acuerdos y la Consellería se vio obligada a entregárselos a la Asociación.
La unidad que atendía infartos sólo en horas de oficina
El acuerdo con el que el Sergas permitió a Medtronic instalarse en el Clínico de Santiago trajo consigo la presencia de un ejecutivo de la empresa «a tiempo completo» en el hospital público y la instalación de maquinaria médica «exclusivamente para servir los fines de este acuerdo». Algo semejante sucede en el demás convenios con escasos matices; en el hospital Lucus Augusti de Lugo ese «consultor adscrito al proyecto» enviado por Medtronic trabaja también «a tiempo completo» mientras que en el Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) lo hace a tiempo parcial.
Según el anexo firmado específicamente para el centro hospitalario lucense, al que ha tenido acceso Praza.gal, el propósito del acuerdo -vigente hasta el 29 de mayo de 2021- es el de promover una «transformación integral de la unidad de Cardiología». Se trata del servicio que lleva años ocupando titulares por sus avances médicos, pero también por no disponer durante los tres años posteriores a su apertura de un servicio de hemodinámica -que atiende a los pacientes que sufren un infarto- y, durante los tres siguientes, por tenerlo disponible solo en horario de oficina.
Precisamente la sala de hemodinámica es uno de los aspectos abordados específicamente en el pacto con Medtronic que la Xunta ocultó hasta que intervino la Comisión de Transparencia. En el marco de esa «transformación integral», para la que Medtronic «aporta consultores especializados», la multinacional «evaluará la capacidad actual de las instalaciones para atender las necesidades de la red asistencial en el nuevo contexto asistencial derivado de la transformación del Programa Gallego de Infarto Agudo de Miocardo» con la «extensión del programa de angioplastia primaria a 24 horas». El acuerdo específico para el HULA está en vigor desde mayo de 2017 y dos meses antes, en febrero, Sanidade amplió su horario pero no con una apertura continua, sino de las 8 de la mañana a las 10 de la noche de cada día. Hay menos de un mes el jefe de Cardiología del hospital, Juan Carlos González Juanatey, volvió a pedir públicamente la apertura de la hemodinámica durante las 24 horas, como reclama desde hace años.
Maquinaria de la empresa y acceso a datos
Siempre según el convenio firmado, el pacto entre el Sergas y Medtronic implica, para el hospital lucense, el «impulso de la telemedicina» y la «monitorización a distancia» de pacientes con dolencias cardíacas empleando para hacerlo tecnología o metodología de la propia Medtronic. Así, por ejemplo, el acuerdo incluye la «puesta en marcha de un centro de soporte de seguimiento remoto» para enfermos con marcapasos, donde «profesionales de Medtronic» y del Sergas «filtran a los pacientes que requieren atención específica» más allá del mero seguimiento a distancia. Estas operaciones implican que la empresa acceda a datos de pacientes, si bien el convenio subraya que lo hace acorde con la ley en materia de privacidad.
Para la Asociación de Pacientes del CHUS, que tras un año de reclamaciones y trámites ha logrado acceder a esta documentación, los convenios del Sergas con Medtronic «constituyen una intervención del sector privado de la sanidad pública contraria al interés general». Los convenios, alertan, otorgan a Medtronic «funciones de control, seguimiento y asesoramiento», garantizándole «una posición de ventaja en el mercado utilizando recursos públicos». «Estamos -dicen- ante una utilización privativa ilegítima» de recursos públicos «de dudosa legalidad» y «ante una dejadez manifiesta y patente de los responsables sanitarios en la defensa del público». Además, alertan, estos convenios tienden a «descargar sobre el autocuidado de los pacientes la realización de tareas asistenciales» condicionadas, además, al uso de aparatos de esta empresa, dicen.
