7291 victimas en las residencias. ¿Distintas velocidades en los procesos judiciales y silencio de los grandes medios de comunicación?.
En un momento en que los temas judiciales llenan los informativos queremos recordar que la decisión del gobierno de Ayuso de dejar morir sin asistencia sanitaria a 7291 personas que vivían en las residencias de Madrid no aparece entre los mencionados temas, a pesar de la gravedad de los hechos y de que han pasado ya seis años sin que se haya responsabilizado a nadie.
Que se guarde silencio por parte de los grandes medios de una decisión tan dañina como vulnerar a miles de personas el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación y a una muerte digna -tal como señaló Amnistía Internacional en su informe “Abandonados a su suerte”- y, posteriormente, denegar a sus familias el derecho a la verdad (derecho reconocido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), no puede dejarnos indiferentes. Este silencio, junto a la tardanza judicial en resolverlo, y las múltiples trabas encontradas, nos hace dudar de que la necesaria neutralidad e independencia sea practicada por muchos medios y por algunos jueces.
Dudas que se hacen mayores cuando vemos las distintas velocidades en los procesos judiciales y la amplitud y sonoridad mediática de unas causas y otras, distinciones que suelen coincidir con claros intereses políticos y con el rango social, o profesional, al que pertenecen las personas afectadas. Nos referimos, con esto último, a que entre los especialmente damnificados, que ni son ricos ni poderosos, se encuentran personas desahuciadas, sindicalistas, activistas sociales, artistas condenados y encarcelados, humoristas procesados y las mencionadas víctimas de las residencias de Madrid.
Para informar de la situación judicial de las causas relativas a las 7291 personas fallecidas y para debatir sobre cómo romper esta discriminación, que primero fue con ellos y ahora con sus familias y quienes les apoyamos, y también con otros colectivos, hemos decidido hacer un acto en el que intervendrán las siguientes personas:
• Beatriz Martos, integrante de Amnistía Internacional
• Alejandra Jacinto, abogada de las familias y perteneciente al CAES
• Manuel Rico, director del diario Público y conocedor de todo el proceso.
Por todo ello, para nosotras y nosotros sería muy importante contar con tu presencia.
