Gobierno Ayuso: Miles de millones para la gestión privada
Miles de millones para la gestión privada
El informe anual de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, el organismo encargado de fiscalizar el gasto público, es contundente. En 2024, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó 1.957 millones de euros en concepto de convenios y conciertos para atención especializada.
De esa cantidad, 1.755 millones de euros fueron destinados directamente a los cinco hospitales públicos de gestión privada, en manos fundamentalmente de Quirón Salud y Ribera Salud:
• Fundación Jiménez Díaz: 877 millones de euros
• Hospital Rey Juan Carlos: 350 millones
• Hospital General de Villalba: 195 millones
• Hospital Infanta Elena: 187 millones
• Hospital de Torrejón de Ardoz (Ribera Salud): 144 millones.
A esto hay que añadir liquidaciones pendientes y reequilibrios económicos, que elevan la factura real por encima de los 2.190 millones de euros solo en 2024. Los pagos a estas empresas se dispararon un 221 %: de casi 300 millones en 2023 a cerca de 900 millones en 2024.
Y aun así quedaron 480 millones pendientes de liquidar. Madrid sigue siendo una de las tres comunidades que menos gastan por habitante en sanidad.
Torrejón: cuando la rentabilidad manda
El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz se convirtió hace meses en el símbolo más descarnado de este modelo. Audios internos revelaron instrucciones para retrasar tratamientos, inflar listas de espera y reducir actividad con un objetivo claro: ahorrar costes y proteger la rentabilidad de la empresa Ribera-salud.
A esto se sumaron denuncias gravísimas: presiones para reutilizar material sanitario de un solo uso, como catéteres, llegando a esterilizarlos y reutilizarlos hasta diez veces.
Tras hacerse público, varios directivos fueron despedidos. La empresa lo negó, pero más de 260 profesionales firmaron un manifiesto denunciando presiones para abaratar costes, priorizar pacientes “rentables” y deteriorar la calidad asistencial. Los centros de gestión directa sufren la presión de externalizaciones y criterios económicos que afectan la calidad de la atención. Esto provoca que los pacientes se vean derivados a hospitales que no les corresponden, para pruebas que podrían realizarse en su centro de referencia, con desplazamientos innecesarios y horarios complicados, mientras las agendas de sus hospitales originales permanecen vacías para favorecer la facturación de concesionarias que después aparecen como saturados o incapaces de asumir más carga asistencial. Así se justifica un círculo continuo de externalizaciones.
Externalizar porque “no hay medios”… después de quitarlos
El mismo patrón se repite una y otra vez. Primero se reduce inversión en personal y equipamiento. Después se afirma que el hospital “no tiene medios suficientes”. Y finalmente se externaliza.
Ha ocurrido recientemente en el Hospital Universitario La Paz, La Comunidad de Madrid ha externalizado 7.520 ecografías adjudicando el servicio al Grupo VIVO, por 142.880 euros, alegando falta de recursos humanos y técnicos.
Sin embargo, la propia memoria del hospital reconoce que el número de ecógrafos se redujo de 31 a 23. El negocio se genera desde el propio deterioro de lo público.
Infanta Leonor: pagar dos veces
El Hospital Infanta Leonor, que atiende a más de 320.000 vecinos y vecinas de Vallecas, aprobó un reequilibrio económico de 31,2 millones de euros para obras como una nueva sala de endoscopias o la reforma de Psiquiatría, muchas aún sin finalizar.
Al mismo tiempo, se han externalizado el tratamiento del dolor crónico y pruebas digestivas, pagando a empresas privadas por actividades que podría realizar con medios propios.
El laboratorio central: privatizar lo invisible
El laboratorio central que atiende a los hospitales del anillo (Infanta Sofía, Henares, Infanta Cristina, Sureste, Infanta Leonor y Tajo) gestionado por Ribera Salud y Unilabs muestra un grave deterioro. La quiebra de Unilabs afectó a 143 trabajadores, y la falta de personal provoca retrasos en el procesamiento de muestras y un entorno laboral insostenible.
Mientras se garantizan ingresos a las concesionarias, los hospitales públicos funcionan con menos personal, menos camas y más presión asistencial. El resultado lo conocen bien pacientes y profesionales.
Esterilización del 12 de Octubre: el corazón del hospital en manos privadas
La externalización ya alcanza servicios críticos. En diciembre de 2023, la Comunidad adjudicó la esterilización del Hospital 12 de Octubre a la empresa Croma Gio.Batta España, por 3,24 millones de euros.
La esterilización no es un servicio accesorio: de ella dependen quirófanos, intervenciones y la seguridad del paciente. Tras la externalización, se han registrado retrasos, problemas logísticos y afectación directa a la actividad quirúrgica.
Residencias: cuando el dinero de los cuidados paga la deuda de Quirón
La lógica del trasvase no se queda en sanidad. En 2024, el Gobierno regional transfirió 61,5 millones de euros desde la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) —que gestiona las residencias públicas— al SERMAS para pagar deuda con hospitales privados, principalmente de Quirón. Ese dinero procedía de remanentes no ejecutados en inversiones, mientras las residencias públicas siguen funcionando sin cubrir bajas, sin sustituir vacantes y con una precariedad asistencial alarmante.
¿De qué sirvió la Marea Blanca?
Miles de personas salimos a la calle. Trabajadoras, trabajadores y ciudadanía defendimos que la sanidad no era un negocio, salimos juntos para decir “basta” Fue una movilización histórica que logró frenar, los ataques más directos a nuestra sanidad pública.
El modelo privatizador, se adaptó. Cambio de forma, más complejo, menos visible. Hoy no se venden hospitales, la privatización ya no siempre se anuncia. Se ejecuta a través de contratos, externalizaciones y concesiones que pasan desapercibidas mientras deterioran el sistema desde dentro. Si algo nos enseñó la Marea Blanca, es que salir a la calle funciona. La movilización, la presión social y la organización colectiva son capaces de frenar decisiones que priorizan el beneficio económico sobre la salud de la población.
Hoy, más que nunca, tenemos que recordar ese espíritu y estar preparados para actuar de nuevo. Porque lo que está en juego no es solo un modelo de gestión, sino el derecho de todas y todos a una sanidad pública digna, accesible y de calidad. Volvernos a la calle si hace falta, porque la salud de la ciudadanía y las condiciones de quienes la cuidan no se negocian.
Conclusión: no es deterioro, es un proyecto
La sanidad pública madrileña no se deteriora por ineficiencia del sistema público, sino por decisiones políticas. El problema no es solo el bajo presupuesto por habitante, sino que parte de ese presupuesto se destina a un modelo que antepone el beneficio empresarial a la atención sanitaria.
Defender la sanidad pública pasa por entender y cuestionar este modelo. Porque lo que está en juego no es solo cómo se gestiona el dinero público, sino si la salud sigue siendo un derecho o acaba convertida en un negocio.
Entender los datos es entender lo que vivimos cada día. Y entenderlo es el primer paso para volver a defender, con argumentos y memoria, una sanidad pública al servicio de la población y no de las empresas.
