UN PERMISO SIN SALARIO NO ES UN DERECHO: ES UNA TRAMPA
El nuevo decreto sobre conciliación deja fuera a miles de familias y mantiene el castigo a quienes cuidan.
El pasado mes de julio se aprobó el Real Decreto-ley 9/2025, que modifica y amplía algunos aspectos de los permisos por nacimiento y cuidado del menor. Desde el MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de Sanidad), queremos denunciar públicamente que, a pesar de los titulares triunfalistas, esta reforma no garantiza una conciliación real ni efectiva, y sigue dejando atrás a miles de trabajadoras y trabajadores.
El texto contempla una ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor hasta 19 semanas retribuidas para ambos progenitores, y hasta 32 semanas para familias monoparentales. A pesar de que esto representa un avance parcial en el papel, el Gobierno ha optado de nuevo por una reforma de mínimos, insuficiente y profundamente desigual.
Uno de los principales motivos de crítica es la regulación del nuevo permiso parental de 8 semanas, que, aunque se reconoce como un derecho individual, no está retribuido. Esto lo convierte en un recurso inaccesible para la mayoría de las familias trabajadoras, especialmente en sectores feminizados y precarizados como el nuestro. En la práctica, solo podrán permitirse este permiso quienes puedan sobrevivir sin ingresos durante dos meses. Para el resto, no hay derecho alguno, solo frustración y desigualdad.
Conciliación como privilegio, no como derecho.
Hablar de conciliación en estos términos es una trampa. Sin retribución, los permisos se convierten en papel mojado, útiles solo para quien se los puede permitir. La consecuencia es clara: la conciliación sigue siendo un privilegio, no un derecho garantizado para todas y todos.
Además, el decreto excluye del nuevo permiso a quienes tengan hijos nacidos antes del 2 de agosto de 2024, fecha de entrada en vigor. Esto significa que miles de familias con criaturas nacidas hace apenas días o semanas quedan automáticamente fuera, en un ejercicio de discriminación arbitraria e injustificable.
España, recordemos, ha sido expedientada por la Unión Europea por incumplir la Directiva 2019/1158, que obliga a los Estados miembros a garantizar permisos parentales retribuidos, accesibles y no transferibles. Lejos de cumplir con esta normativa, el Gobierno opta por maquillar la realidad con reformas que no transforman el fondo del problema.
En la sanidad pública, el castigo a quienes cuidan es doble.
Para quienes trabajamos en la sanidad pública —y especialmente para las mujeres que formamos la mayoría de las plantillas—, la situación es aún más grave. Las condiciones laborales extremas, la falta de personal, la presión asistencial y la rigidez de las planillas hacen que, incluso en los casos en que los permisos existen, se nos pongan trabas sistemáticas para disfrutarlos.
Desde el MATS lo decimos alto y claro: no basta con declarar derechos si no se garantizan en la práctica. No aceptamos una conciliación atrasada ni a plazos. Exigimos permisos retribuidos desde ya, sin exclusiones por fecha de nacimiento y con aplicación real para todas.
Nuestros derechos no pueden depender del calendario ni del salario.
Lo que necesitamos no son medidas simbólicas, sino políticas valientes que pongan los cuidados en el centro. La conciliación no puede seguir siendo un lujo, sino un derecho básico. El Estado tiene la obligación de proteger y facilitar el cuidado de la infancia, sin que eso implique penalizar laboral o económicamente a quienes cuidan.
Exigimos:
- La retribución inmediata y completa del permiso parental de 8 semanas.
- La aplicación universal sin exclusiones temporales.
- Más recursos y más personal en la sanidad pública para que ejercer derechos no suponga un castigo.
- Una reforma laboral y de cuidados que reconozca el derecho a cuidar sin precariedad.
Porque cuidar no puede ser motivo de castigo, y trabajar no puede significar renunciar a nuestras hijas e hijos. Sin permisos retribuidos y accesibles, no hay conciliación ni igualdad real.
