Conciliación familiar en la sanidad madrileña: un derecho vulnerado

Conciliación familiar en la sanidad madrileña: un derecho vulnerado

La conciliación laboral y familiar es un derecho reconocido por ley, pero sistematicamente vulnerado en los hospitales públicos de la  Comunidad de Madrid. Lo que debería ser una política pública garantizada, se conviete en la práctica, en una carrera de obstáculos para miles de profesionales sanitarios —la mayoría mujeres— que intentan cuidar sin dejar de cuidar a los demás.Turnos impredecibles, guardias eternas, carga física y emocional acumulada y una administración que responde con indiferencia, despotismo o silencio. Lo que debería ser una política de cuidado hacia quienes cuidan, se convierte en un sistema de desgaste constante.

Una carga mayoritariamente femenina

Más del 70% del personal sanitario son mujeres y quien mayoritariamente solicitan las reducciones de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años o familiares de primer grado gravemente enfermos, derechos contemplados en el Pacto sobre vacaciones, permisos y licencias del personal. Sin embargo, la aplicación práctica de estos derechos dista mucho de ser real y efectiva. Esta situación se enmarca dentro de la violencia institucional, pues la administración mantiene un control rígido sobre los permisos, limitando la autonomía de las trabajadoras y, en consecuencia, su bienestar y el de sus familias

Quienes cuidan, también necesitan cuidados

¿Cómo va a cuidar bien quien no puede cuidar a su propia familia? Esta pregunta resume la contradicción brutal de un sistema que exige entrega absoluta, pero no ofrece condiciones humanas para poder sostenerse.

Un Marco legal que no se cumple

Tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Igualdad reconocen el derecho a la conciliación, pero la falta de implementación real hace que se convierta en papel mojado. La Comunidad de Madrid no ha puesto los medios ni ha creado las condiciones para que ese derecho sea efectivo. Esta negligencia institucional genera un daño estructural que afecta directamente al bienestar y la dignidad de quienes sostienen el sistema sanitario con su trabajo diario.

En una sociedad donde los servicios públicos están siendo desmantelados desde dentro, la conciliación no se garantiza porque no interesa. Porque el modelo que se impone es el de la productividad sin límites, la obediencia sin derechos, y el sacrificio eterno.

 Permisos sí, pero según convenga

El Pacto de permisos y licencias del SERMAS incluye medidas orientadas a la conciliación, pero todas están subordinadas a una cláusula ambigua: “las necesidades del servicio”. Esta expresión se convierte en un comodín para negar derechos sin justificación clara ni objetiva. La administración puede denegar un permiso con explicaciones genéricas, sin transparencia ni responsabilidad, dejando a las trabajadoras en una situación de total indefensión.

No hay criterios para conceder o denegar permisos no están regulados con claridad ni estandarizados, lo que provoca un trato desigual y arbitrario. Esta falta de protocolos convierte la solicitud de permisos en un acto de vulnerabilidad. El criterio y el malestar de los jefes suelen determinar la respuesta, no las verdaderas necesidades familiares del personal.

La democracia no entra en los hospitales

La democracia, que ya está bastante tocada en la política, no existe en los hospitales. Las decisiones no se debaten, se imponen. No hay escucha. Las direcciones actúan con impunidad, y cuando se denuncia irregularidades, lo habitual es que no pase nada.

La relación laboral está marcada por el autoritarismo cotidiano. En los hospitales, las decisiones que afectan a la vida de cientos de profesionales se toman de forma vertical, sin participación, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Los responsables de recursos humanos y las direcciones de servicios actúan con una impunidad preocupante, sin ser evaluados ni controlados por su gestión del personal. Los responsables toman decisiones desde despachos no pisan las plantas, sin conocer las realidades del trabajo, ejercen una autoridad desde la lejanía y el despotismo. Esta cultura autoritaria reproduce maltrato laboral y desmoraliza profundamente.

A ello se suma el abandono de los sindicatos mayoritarios, que han pactado sin consultar, sin movilizar y sin defender activamente los derechos de quienes sostienen la sanidad pública.¿Por qué tanto silencio por parte de los sindicatos firmantes? Quizá porque muchas de las personas que lo representan están liberadas y no sufren directamente estas condiciones, pueden tener libertad de horario.

La ausencia de escuelas infantiles en hospitales públicos: un fracaso institucional

Muestra palpable de la dejadez es la inexistencia de escuelas infantiles en la mayoria de los hospitales públicos madrileños. La Comunidad de Madrid no invierte en estas infraestructuras esenciales para facilitar la conciliación, en centros con plantillas mayoritariamente femeninas y en edad fértil. No ofrece ninguna explicación ni justificación para esta carencia, no hay razones técnicas ni presupuestarias: es falta de voluntad política.

No ofrecer esta infraestructura es una forma concreta y brutal de violencia institucional.

Desde el MATS entregamos miles de firmas de los y las trabajadoras de los hospitals exigiendo su apertuta. La demanda era clara: Que se construyeran escuelas infantles en los hospitales públicos. La respuesta: silencio.

¿Y en el nuevo Estatuto Marco?

El Ministerio de Sanidad está reformando el Estatuto Marco del personal estatutario. Una oportunidad histórica que no puede volver a ignorar la conciliación. Hasta ahora, los borradores conocidos no incluyen avances reales ni mecanismos de control para frenar los abusos en la gestión de permisos o reducciones de jornada. Si no se escucha a quienes trabajan en planta, en quirófanos, en urgencias, residencias o en centros de salud, volverán a cometer el mismo error: LEGISLAR DESDE EL DESPACHO, NO DESDE LA REALIDAD.

Y no olvidemos que Madrid junto a Cataluña son las unicas comunidades que no han recuperado la jornada de 35 horas para el personal sanitario. Recuperar las 35 horas semanales es una medida estructural de conciliación, salud laboral y justicia. No se puede hablar de conciliación sin hablar de la jornada laboral..tiene que ser una medida estructural, no una palabreria. Significa tener más tiempo para vivir, para cuidar, mejora la salud mental y garnatiza una atención de calidad. No es un privilegio Es una inversion en salud pública

Una llamada a la acción

Este artículo no es una solo una denuncia. Es una llamada a todxs lxs trabajadorxs que sienten que cada año estamos peor. Que vemos como se vacia el contenido de nuestros derechos, mientras nos piden más esfuerzo, más sacrificio y más silencio.

Una llamada a quienes trabajan en la sanidad pública a exigir a los sindicatos que dejen de firmar en nuestro nombre cláusulas que nos perjudican, y que se negocie un acuerdo sobre permisos que garantice plenamente los derechos de los y las trabajadoras y se impida la aplicación de criterios arbitrarios por parte de la gerencia de cada hospital. Es insolito que la Dirección General del SERMAS y las organizaciones sindicales que forman parte de la mesa sectorial no hayan abordado este asunto y no hayan cerrado un acuerdo que impida esta arbitrariedad en la concesión o denegación de los permisos.

La Administración debe dejar de actuar como un poder autoritario en el ámbito laboral y asumir que la democracia también empieza en el trabajo. Mientras eso no ocurra, la conciliación seguirá siendo una promesa vacía y una fuente constante de sufrimiento para quienes cuidan de todos, sin que nadie cuide de ellos. Rosa sin que nadie cuide de ellas.

Es hora de hablar. De organizarnos. De exigir. De no resignarnos.

Conciliar no puede depender de la buena voluntad de una jefatura. Debe ser una política estructural con criterios objetivos, control institucional y vías de reclamación reales. Se necesitan escuelas infantiles públicas en todos los hospitales, ampliación de recursos humanos, planificación de turnos con enfoque de género y, sobre todo, una cultura organizativa basada en el respeto.

 

La Administración debe dejar de actuar como un poder autoritario en el ámbito laboral y asumir que la democracia también empieza en el trabajo. Mientras eso no ocurra, la conciliación seguirá siendo una promesa vacía y una fuente constante de sufrimiento para quienes cuidan de todos, sin que nadie cuide de ellas.

Rosa.

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