A pesar de ser uno de los tratados más antidemocráticos y opacos que existen, se van conociendo algunos de los objetivos y las consecuencias que la aprobación del TTIP tendría en nuestro sistema sanitario público y directamente en nuestra salud. No solo los servicios sanitarios se verían afectados -su universalidad, equidad, la información sanitaria a la que tenemos acceso etc.- si no también los medicamentos que usamos, los alimentos que consumimos, la calidad y potabilidad del agua, nuestros derechos laborales y nuestra calidad de vida.
La aprobación de este tratado persigue dos grandes objetivos. Por un lado disminuir las “barreras arancelarias” en el intercambio de bienes y servicios y por otro “homogeneizar” las normas que regulan la circulación de los mismos. Sin embargo, si se mira más allá de la premeditada neutralidad de los términis, se entiende la enorme preocupación y oposición pública al tratado puesto que eliminar “barrereas arancelarias” incluye suprimir normativas presentes o futuras para protejer la salud de los consumidores que, por ejemplo, regulen la distribución de ciertos productos y “homogeneizar” supone igualar a la baja los estándares de protección y calidad entre EEUU y la UE en la mayoría de casos.
Esto trasladado al ámbito sanitario, en el que las normas de la UE son más estrictas que las de los EEUU significaría la relajación normativa en la protección de la salud, controles sanitarios de alimentos, medicamentos, afectaría a las profesiones sanitarias, a sus derechos laborales y abriría las puertas a la inversión privada y privatización de los servicios sanitarios.
En este sentido, en nuestro país ya se ha ido allanando el camino para esta estrategia a través de las colaboraciones público-privadas en la gestión de los hospitales, la entrada de empresas privadas en la financiación a la hora de construir hospitales a cambio de gestionar servicios sanitarios y no sanitarios tras la construcción más un canon anual, la externalización de los servicios de información, de servicios no sanitarios como las cocinas de los hospitales, de los servicios de diagnóstico como los laboratorios, etc…
Las claúsulas Standstill y Ratchet presentes en el TiSA, tratado sobre el comercio de servicios, también actualmente en negociaciones y complementario al TTIP, provocarían que estos y futuros avances hacia la liberalización y privatización del sector sanitario se conviertiesen en irreversibles. Por ejemplo, las claúsulas presentes en el TISA impiden que los servicios que ya se encuentren privatizados a la entrada en vigor del tratado (Standstill) o privatizados después (Ratchet) regresen al dominio público aunque se demostrase el fracaso del proceso de privatización.
La inclusión del ISDS, por el que las empresas pueden demandar a un gobierno que tome decisiones que perjudiquen sus ganancias obteniendo jugosas indemnizaciones, amenazara la capacidad de los gobiernos de intervenir para defender el interés público con políticas que protejan intereses sociales.
La inclusión del Consejo de Cooperación Regulatoria (otro mecanismo de regulación) haría que toda norma que se planease en materia sanitaria o de salud no pudiese ir contra los intereses económicos de las multinacionales, pudiendo imponer su veto y llegando a paralizar normas antes de su aprobación. En la 8ª ronda de negociaciones del TTIP, la Comisión Europea incluyó el artículo 11.2 por el que se introducía la posibilidad de revisar toda la regulación planeada o existente, con el consiguiente peligro de desmantelamiento para nuestro sistema público sanitario.
Más consecuencias de la aprobación del TTIP en materia sanitaria y de salud:
Sistema sanitario
- Eliminación del derecho a la salud garantizado por un Sistema sanitario Público Universal y equitativo para equipararnos al modelo de estadounidense donde los derechos sociales básicos no están garantizados por el Estado.
- Recortes y pérdida de control público en educación, formación, desarrollo científico y derechos de propiedad intelectual, al servicio de las grandes corporaciones privadas.
Medicamentos
- Alargamiento de la duración de las patentes de medicamentos a más de 20 años junto con la reducción de los requisitos de obtención, con lo que se reducirá la disponibilidad de los genéricos.
- Incrementar el período de protección de los datos de los medicamentos biológicos a más de 12 años (entre 4 y 8 en la actualidad).
- Limitación de la potestad de los gobiernos para fijar los precios de los medicamentos, que garantizaría un acceso universal.
Prohibir o limitar las políticas de los gobiernos de precios y reembolsos favoreciendo precios más altos para las falsas innovaciones que no aportan mejoras terapéuticas y favorecer la presencia de laboratorios en organismos estatales que fijen las políticas de precios (Garantías Procesales) - Las técnicas médicas tendrían patente en Europa provocando el encarecimiento de la medicina en general, los estados tendrían dificultades para costearla y tendrán que abrir la puerta a servicios privados.
- Eliminar o condicionar las normas y marcos legales europeos y nacionales que obligan a la transparencia de los ensayos clínicos de los laboratorios farmacéuticos.
- Regular la información sobre los resultados de los ensayos clínicos bajo el principio de confidencialidad comercial, protegiendo los datos de la investigación científica de la divulgación inapropiada según el criterio de las farmacéuticas, anteponiendo así el interés privado a la eficacia y seguridad de los medicamentos puestos a disposición de la ciudadanía.
- Convergencia reglamentaria para poder suplantar a la OMS desde ambos lados del atlántico en el establecimiento de normas de registro, calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.
- Crear un Comité Industria-Gobiernos para monitorizar el cumplimiento del acuerdo (patentes, normas de genéricos, fijación de precios y reembolsos).
- Incluir el ISDS para que las compañías puedan reclamar compensaciones económicas por decisiones que afecten a las patentes, genéricos o controles de precios que reduzcan su negocio.
Alimentación
- Eliminación del Principio de Precaución que protegía hasta ahora la salud de los consumidores y el medioambiente y al que se recurre ante la existencia de un riesgo potencial. Por este principio, cualquier sustancia sospechosa de ser tóxica no puede salir al mercado sin que la empresa que quiera comercializarla demuestre su inocuidad. Artículo 191 del tratado de funcionamiento UE.
- Autorización de organismos genéticamente modificados (por ejemplo, los transgénicos) no sólo para el consumo humano, sino también para su cultivo, eliminando también la obligación de informar en el etiquetado de la composición de los productos.
En Europa sólo está autorizada una variedad transgénica, el MON 810, prohibída aún así en 10 países. Con el TTIP, se importarían 150 tipos de transgénicos de maíz, soja y colza. Esto sería especialmente grave en España, donde actualmente ya se están cultivando el 90% de los transgénicos de toda la UE. - Acceso a los mercados de los alimentos procesados, responsables de enfermedades no transmisibles como la obesidad.
- Autorización de miles de sustancias químicas prohibidas en la UE (pesticidas, disruptores endocrinos) capaces de provocar disfunciones hormonales y daños a la salud.
- Más permisión de la carne de vacuno hormonada y la presencia de antibióticos en la carne que consumimos.
Un estudio demostró que comer este tipo de carne incrementaba los riesgos de padecer cáncer, problemas endocrinos, de desarrollo, inmunológicos y neurobiológicos, especialmente para los niños, por ello la UE prohibió el uso de hormonas para el crecimiento del ganado.
Con el TTIP se permitiría el uso de fármacos como la ractopamina como aditivo alimentario para promover el crecimiento de la masa muscular de cerdos, vacas y pavos. - Autorización de uso del cloro en las carnes para su desinfección (sumergir pollos, pavos, cerdos y otros tipos de carne en cloro al final del proceso de producción, enmascarando posibles enfermedades del ganado), práctica habitual en los Estados Unidos, pero prohibida en Europa.
Personal sanitario
- Precarización de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores sanitarios,
- Destrucciones de empleo en los servicios sanitarios y sometimiento de su actuación a los intereses empresariales como en los hospitales y aseguradoras norteamericanas.
Medioambiente
- Desaparición de regulaciones medioambientales que garantizan la salud pública como la autorización del fracking para obtener gas del subsuelo utilizando productos químicos, que pueden contaminar los acuíferos o las prospecciones petrolíferas sin control.
La aprobación del TTIP incrementaría los gastos sanitarios para los gobiernos poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos. Dificultaría el acceso a los medicamentos por parte de la ciudadanía, aumentaría la irracionalidad del sistema, disminuiría la equidad y la universalidad de la atención sanitaria.
Supondría la pérdida de actividad económica, de puestos de trabajo, la precarización laboral, más contaminación, más burbujas financieras, más desinformación respecto del origen y la composición de los alimentos, medicamentos y otras sustancias químicas como los pesticidas, afectaría a la Salud Pública generando más enfermedades y mortalidad.
Desde Partido X continuaremos vigilantes e informando de aquellos tratados, leyes o actuaciones que benefician a grandes corporaciones en perjuicio de los derechos y la salud de la ciudadanía.
Fuente: El Partido X