Doctor en ciencias políticas y portavoz del CADTM internacional
Debido a la capitulación del Gobierno griego en julio de 2015 frente a los acreedores y a las instituciones europeas, vemos la necesidad de avanzar en la elaboración de un plan B para Europa. Para resolver los problemas de una sociedad hay que romper con las políticas neoliberales que se fueron aplicando durante décadas, y para ello es imprescindible poner en marcha, al mismo tiempo, medidas de orden fiscal —que no sean solo para imponer a los ricos un máximo de impuestos que revierta a las cajas del Estado, sino también para reducir drásticamente las tasas y los impuestos injustos que afectan a la mayoría de la población—; medidas con respecto a la deuda, a los bancos, a la utilización de monedas complementarias —sobre todo si se está en la zona euro, pero también en otros casos— y también abolir una serie de medidas injustas de austeridad. Además, se debe lanzar un proceso constituyente que tenga el respaldo de la participación activa de ciudadanas y ciudadanos.
Si nos reunimos en una asamblea ciudadana europea sobre la deuda, no es para constituir una especie de contingente que en todos los debates plantee el tema de la deuda, repitiendo sin cesar el mismo discurso. Por el contrario, servirá para reflexionar entre nosotros, entre todas las organizaciones y movimientos que participan simultáneamente en los movimientos contra la deuda y en un movimiento común de resistencia al neoliberalismo, con el fin de que converjan las luchas, integrando a la vez, en un lugar destacado, las reivindicaciones y alternativas concernientes al rechazo de las deudas ilegítimas.
El movimiento para la auditoría ciudadana de la deuda es nuevo en Europa
En Europa, el movimiento para la auditoría de la deuda es nuevo, ya que solo existe desde hace 4 años. Se trata de un movimiento que es necesario consolidar. Aquí doy solo algunos datos: el movimiento en Grecia nació en marzo-abril de 2011 —la auditoría ciudadana de la deuda griega, conocido como ELE en Grecia— y, para lanzarlo, éramos 3.000 en una universidad de Atenas, en mayo de 2011. A continuación, rebrotó en España, donde se desarrolló casi simultáneamente en el marco del movimiento de los indignados de marzo-abril-mayo de 2011. Durante esos meses se comenzó a plantear el tema del endeudamiento de los países europeos, a cuestionar la legitimidad de la deuda y a recurrir al instrumento de la auditoría ciudadana.
Sin embargo la lucha contra la deuda de los países del Tercer Mundo había comenzado mucho antes. En España el tema de la deuda externa del Tercer Mundo fue un tema sensible que originó numerosos movilizaciones. En 1999 surgió la RCADE (Red ciudadana por la abolición de la deuda externa) que organizó en marzo de 2000 una consulta ciudadana, simultáneamente con la jornada de elecciones generales, donde se preguntaba si se estaba o no de acuerdo con la anulación de la deuda a los países deudores del Estado español y otros temas relacionados. Cubrió al 48,8 % del Censo Electoral. El 2005 se consolida la campaña ‘Quién debe a quién‘ en la que confluyen numerosos colectivos como la propia RCADE, ATTAC, Ecologistas en Acción, etc. con el fin de luchar contra la deuda en forma más efectiva. Es sobre esta base y con el ímpetu del movimiento de los indignados que nació la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).
Casi al mismo tiempo, se extendió este proceso a Portugal, donde comenzó un debate sobre el cuestionamiento del pago de la deuda recurriendo en un primer paso a la auditoría. Una primera conferencia tuvo lugar en junio de 2011 en Lisboa, que llevó a la creación de la Iniciativa para una Auditoría Ciudadana (IAC) de la deuda en diciembre de 2011 (IAC). La IAC presentó un primer informe en 2012. En Francia, el movimiento se creó en septiembre 2011 después de que ATTAC y el CADTM se pusieran de acuerdo con una serie de movimientos para lanzar el Colectivo por la Auditoría Ciudadana (CAC). En Bélgica, tomó más tiempo, y se creó la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda (AciDe), en febrero de 2013.
A escala europea y mediterránea, la primera iniciativa de coordinación de las diversas campañas y plataformas por la auditoría ciudadana se realizó en Bruselas, en abril de 2012, cuando se constituyó la ICAN (International Citizen Audit Network: Red internacional de auditoría ciudadana) a invitación del CADTM Europa. La primera reunión euromediterránea de la red de auditoría ciudadana de las deudas se realizó el 7 de abril de 2012 en Bruselas. Los países representados eran 12: Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Polonia, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Egipto y Túnez. En estos países acababa de crearse un proceso de auditoría ciudadana de la deuda y/o una campaña contra la austeridad que integraba el problema de la deuda e igualmente en la web de la ICAN).
Este es un movimiento nuevo que se encontró con problemas desde sus inicios. Una serie de fuerzas políticas radicales opinaban que “para qué auditar la deuda, puesto que lo hay que hacer es anularla, y una auditoría sería una forma de legitimación de esa deuda”, y por ello los representantes de esas fuerzas abandonaron el movimiento y rechazaron apoyar cualquier iniciativa de auditoría ciudadana de la deuda.
En Grecia, la mayoría de la izquierda radical decidió no apoyar esa auditoría (ya sea la coalición de izquierda radical Antarsya, una buena parte de Syriza o el partido comunista, que llegó a tratarnos de enemigos). Felizmente, hubo militantes de algunas organizaciones de izquierda (una parte de Syriza, algunos militantes del NAR, miembros de Antarsya, sindicalistas), aunque la mayoría de los miembros eran individuos u organizaciones ciudadanas que se movilizaron por el problema de la deuda, sin tener el respaldo de organizaciones políticas. Seguimos esperando a las organizaciones políticas, que rehusaron apoyar la auditoría de la deuda en Grecia, para que nos digan si nuestro trabajo sirvió para legitimar una parte de la deuda o no, después de haber leído los informes presentados en junio y en septiembre de 2015.
Lo cierto es que si esas organizaciones en lugar de criticarnos o de limitarse a actuar como espectadoras, hubieran participado en la auditoría, presentando argumentos a favor de la anulación de la deuda, eso hubiera ciertamente reforzado a aquellas y aquellos que querían poner, realmente, en marcha una política alternativa a la capitulación de Alexis Tsipras y de su gobierno.
En todos los países se encontraron problemas similares. Lo que es evidente es que no hemos sido bien acogidos por los gobiernos. Como dijo Zoe Konstantopoulou, que presidió el Parlamento griego desde febrero a septiembre de 2015 incluidos, los gobiernos no quieren auditar la deuda dado que no quieren cuestionar radicalmente su legitimidad, su carácter odioso, sus sostenibilidad desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. El colmo es que hay un reglamento europeo, desde mayo de 2013, que ordena a los Estados bajo asistencia financiera a auditar sus deudas.
Hasta ahora, ningún gobierno ha decidido iniciar una auditoría de este tipo y todavía menos completarla. Felizmente, la presidente del Parlamento griego decidió hacerlo en marzo de 2015, como una continuación de la auditoría de la deuda (ELE). Al comienzo, consiguió el apoyo del Gobierno, aunque, al final, éste no utilizó realmente el arma de la auditoría y no se apoyó sobre las conclusiones del informe preliminar publicado en junio de 2015 para afrontar a los acreedores.
Una de las lecciones de Grecia: el movimiento ciudadano no ejerció suficiente presión sobre los partidos de izquierda, especialmente sobre Syriza.
Una de las lecciones fundamentales de lo que pasó en Grecia es que el movimiento de auditoría ciudadana que había comenzado muy bien en 2011 no se reforzó lo suficiente, y no mantuvo ni creó la presión necesaria, especialmente sobre las diferentes fuerzas políticas, y no solamente sobre Syriza, para conseguir que en el caso de llegar al Gobierno, la realización de la auditoría de la deuda con participación ciudadana constituyera una obligación, una prioridad ineludible. Y sin embargo, estaba en el programa con el que Syriza se presentó a las elecciones de mayo-junio de 2012.
Mientras que Syriza obtuvo un 4% de los votos en las elecciones de 2009, en mayo de 2012 consiguió el 16% y, luego, el 26,5% un mes más tarde, en las elecciones de junio de 2012, justamente dos puntos por debajo de Nueva Democracia, el gran partido de derecha. Así fue como Syriza se convirtió en el segundo partido de Grecia. Entre las dos elecciones, Tsipras avanzó 5 propuestas concretas para comenzar las negociaciones con los partidos opuestos a la Troika, salvo Amanecer Dorado, que, a pesar de oponerse al memorando, se lo excluye:
.- la abolición de todas las medidas antisociales (incluidas las reducciones de salarios y pensiones).
.- la abolición de todas las medidas que habían reducido los derechos de los trabajadores en materia de protección y de negociación.
.- la abolición inmediata de la inmunidad parlamentaria y la reforma del sistema electoral.
.- una auditoría de los bancos griegos.
.- la instauración de una comisión internacional para la auditoría de la deuda, combinada con la suspensión del pago de la deuda hasta el fin de los trabajos de dicha comisión.
No hubo suficiente presión sobre Syriza proveniente de la ciudadanía movilizada para reclamar que esos cinco puntos debían seguir siendo prioritarios. El compromiso para realizar una auditoría de la deuda y para suspender el pago durante la realización de dicha auditoría desapareció progresivamente del discurso de Alexis Tsipras y de otros dirigentes de Syriza.
Eso se hizo en forma discreta y la quinta medida propuesta por Tsipras en mayo 2012 fue reemplazada por la propuesta de celebrar una conferencia europea para, particularmente, reducir la deuda griega. Cuando Syriza constituyó el Gobierno después de la victoria electoral del 25 de enero de 2015, la suspensión de pago y la auditoría fueron erróneamente dejadas de lado. Esto debería reforzar nuestra idea de que es necesario dedicar toda la energía a fortalecer las iniciativas de auditoría ciudadana, con el objetivo de que las fuerzas políticas que se proponen como Gobierno se comprometan seriamente en la adopción de medidas fuertes para afrontar el desafío del reembolso de la deuda ilegítima.
Lecciones de la experiencia de la auditoría y de la suspensión del reembolso de la deuda en Ecuador
Participé en la comisión para la auditoría de la deuda de Ecuador, constituida por el Gobierno ecuatoriano en julio de 2007. Trabajamos desde julio de 2007 hasta septiembre de 2008 y, sobre la base de nuestras conclusiones, el Gobierno suspendió el pago de una parte de la deuda, imponiendo así una derrota a los acreedores. Esto permitió al Estado economizar 7.000 millones de dólares, que fueron derivados a gastos sociales. Esto constituyó una victoria total de Ecuador en el marco de una suspensión parcial. Pero no cayó del cielo, pues se había construido una campaña desde el año 2000. Durante seis años se libró una batalla para demostrar a al población que la cuestión de la deuda en el caso ecuatoriano era crucial. Se comenzó por una cosa muy concreta: un país como Noruega reclamaba a Ecuador una deuda que había servido para la compra de cinco barcos de pesca.
Pero, ¿qué pasó con esos cinco barcos de pesca que Noruega entregó a Ecuador? Los activistas ecuatorianos del movimiento contra la deuda demostraron que esos barcos habían sido transformados en barcos para el transporte de bananas en beneficio de un gran exportador privado ecuatoriano. Se comenzó a atacar ese problema en 2000. ¿Y quién había en ese movimiento? Pues estaba principalmente Ricardo Patiño, que actualmente es ministro de Relaciones Exteriores y que en el momento de la auditoría era ministro de Economía y Finanzas. O sea, que entre la gente que dirigía la iniciativa de la auditoría ciudadana, algunos ocuparon inmediatamente puestos en el Gobierno y respetaron el compromiso que habían tomado de resolver el problema de la deuda ilegítima.
Al menos, hay que reconocer que sobre esa cuestión, fueron coherentes y valientes. Plantearon, desde el Gobierno, un primer acto unilateral: lanzar una comisión de auditoría que ni los acreedores ni la comunidad internacional deseaban. A continuación, plantearon un segundo acto unilateral sobre la base de los resultados de la comisión de auditoría: la suspensión, sin pedir a nadie el permiso para hacerlo, del pago de la deuda. Y esto fue particularmente escandaloso para los acreedores de Ecuador que este Estado proclamara: “Detendré el pago de una deuda que se ha identificado como ilegítima aunque tenga el dinero del petróleo para pagarla. El Estado ecuatoriano desea que la recaudación proveniente del petróleo sirva al pueblo y no a acreedores ilegítimos”. Si se tuvo éxito en Ecuador fue porque se había establecido una relación de fuerzas desde la base, sobre las fuerzas políticas que ganaron el Gobierno y porque el presidente de la República y varios ministros que ocupaban puestos clave eran favorables a forzar a los acreedores a que hicieran concesiones. Lo que acabo de describir vale, al menos, para los tres primeros años de Gobierno, es decir, para el periodo 2007-2009.
Lecciones para Podemos en España
Si esta lección pudiera aplicarse en otros países, comenzando por España, sería un gran paso adelante. Lograr que Podemos y otras fuerzas políticas aliadas, en el caso de que pudieran formar Gobierno, no pudiesen desentenderse del problema de la deuda en nombre de la realpolitik.
Tratar de que Podemos y sus aliados estén bajo la presión de la ciudadanía española, de que los movimientos que los sostienen no reduzcan ni la presión ni la actividad sobre esta cuestión. Si la PACD no vuelve a tener la fuerza y la dinámica que tuvo en 2011-2012, los dirigentes de Podemos podrían decir que la deuda ilegítima finalmente no es una cuestión crucial.
La presión de los medios de comunicación sobre Podemos y sus aliados es muy fuerte, y declaran que si Podemos llega al Gobierno la situación será tan mala como en Grecia. De pronto, vemos como algunos dirigentes de Podemos han comenzado a eludir la cuestión deuda argumentando que en España no hay un verdadero problema sobre el reembolso de la deuda.
La necesidad de recurrir a actos unilaterales de autodefensa para los gobernantes de izquierda
Otra lección que se puede sacar de las experiencias griegas y ecuatoriana, entre otras, es la necesidad de plantear actos unilaterales de autodefensa. El término unilateral no nos gustaba al principio ya que estamos a favor de las acciones en común, por el multilateralismo. Ya que denunciamos el unilateralismo de Estados Unidos, que impone al resto del mundo sus intereses. Rechazamos el unilateralismo del Estado de Israel, que viola una multitud de resoluciones de las Naciones Unidas y también su Carta, y que oprime al pueblo palestino. No obstante, el unilateralismo de los oprimidos es un derecho absolutamente fundamental. Un gobierno que llega al poder con el sostén popular debe poder tener el coraje de plantear un acto unilateral de suspensión de pago de la deuda pública.
Frente a los que afirman que si Grecia no paga su deuda, eso se convertirá en un drama, hay que responder que por no suspender el pago de la deuda a partir de febrero de 2015, Grecia gastó 7.000 millones de euros para reembolsar a sus acreedores, mientras que el plan de lucha contra la crisis humanitaria constituía un gasto de 200 millones de euros. ¡Se trata entonces de 200 millones frente a 7.000 millones! Se vaciaron las cajas de Grecia entre febrero y junio de 2015 para pagar a los acreedores, que no hicieron absolutamente ninguna concesión.
Si se paga a los acreedores, vuestra deuda no es su problema. Como bien lo dice un proverbio británico: si tenéis una deuda de 1.000 euros con vuestro banco y no podéis pagarle, el problema es vuestro. Si la deuda fuera de 10 millones, el problema es del banco.
Recordad que tres semanas después de la victoria electoral de Syriza y la constitución del Gobierno dirigido por Alexis Tsipras, Grecia se enfrentó a un rechazo total a tener en cuenta la voluntad popular por parte de los acreedores, representados por el socialista holandés Jeroen Dijsselbloem. El Eurogrupo, que luego sería el representante de la Troika en la negociación con el Gobierno griego, declaró esencialmente: “Poco importa la elección del 25 de enero”, y se decide que:
1.- continuaréis pagando la deuda;
2.- se prolonga el programa de austeridad hasta fines de junio de 2015 y deberéis hacernos propuestas que demuestren que sois buenos alumnos al respetar la austeridad y la vía de reformas neoliberales. Luego, veremos si aprobamos esas propuestas.»
Si Tsipras o Varoufakis, en nombre del Gobierno griego, hubieran invertido la situación y declarado cerca del 20 de febrero: “Tuvimos buena voluntad durante las tres semanas de una negociación que acaba de terminar. Pero ustedes no nos ofrecen nada ni tienen en cuenta el mandato que nos otorgó el pueblo griego. Por lo tanto, suspendemos el pago y aplicamos el párrafo 9 del artículo 7 del reglamento 472 del 21 de mayo de 2013, que ordena a un Estado bajo asistencia financiera a realizar una auditoría de su deuda. Y durante la realización de la auditoría, suspenderemos el pago de la deuda. Entonces veremos: si ustedes comenzarán a tener en cuenta lo que el pueblo griego desea; si ustedes muestran buena fe con respecto a nosotros.” Si Tsipras hubiese hecho eso, habría cambiado la relación de fuerzas.
Eso se llama un acto unilateral de autodefensa. En ese tipo de situación, como la que vivía Grecia, si no hay actos unilaterales de parte de los deudores, no pasará nada positivo de parte de los acreedores.
Ahora que el Gobierno griego capituló, ¿qué pasará con la deuda griega? No es imposible que los acreedores hagan algún pequeño gesto si el Gobierno de Tsipras acepta las órdenes del Eurogrupo y del BCE, pero nunca renunciarán a la mayor parte de la deuda que reclaman a Grecia, puesto que es su modo de chantaje. Lo más probable será que los acreedores, en el mejor de los casos, arreglen un calendario de reembolso con el fin de retrasar algunos vencimientos.
Hay que leer el informe que elaboró el Comité para la verdad sobre la deuda griega
Es muy importante leer atentamente el informe elaborado por el Comité para la verdad sobre la deuda griega, que se puede descargar gratuitamente. Solo tiene 65 páginas y da una serie de argumentos clave con definiciones.
Treinta personas provenientes de once países diferentes constituyeron el Comité para la verdad sobre la deuda pública griega. Entre sus miembros, encontramos eminentes especialistas en derecho internacional, economistas, un ex presidente de un banco central, auditores y auditoras de cuentas públicas, ex responsables de banco, delegados de movimientos sociales que son competentes en numerosos dominios y que tienen un gran conocimiento del impacto de las políticas impuestas por los acreedores en Grecia. Una de las primeras tareas a la que se entregó este Comité consistió en ponerse de acuerdo sobre los términos de referencia y las definiciones de deuda ilegal, deuda ilegítima, deuda odiosa, deuda insostenible. Estas definiciones y esos términos de referencia, si bien se pueden mejorar, pueden ser útiles para la auditoría en otros países.
Anular la deuda ilegítima es una condición sine qua non pero insuficiente
Resolver el problema de la deuda ilegítima es una condición sine qua non para la ruptura con las políticas de austeridad, pero no es la única. Una alternativa debe consistir en un plan integrado y coherente que comprende la auditoría y la suspensión del pago de la deuda; la resolución de la crisis bancaria, que pasa por su socialización (en Grecia, eso podría haber pasado por la quiebra de los bancos privados y la creación de un sistema bancario público socializado sano que proteja los depósitos); el lanzamiento de una moneda complementaria; medidas fiscales muy fuertes para hacer pagar a los ricos y disminuir el peso fiscal sobre los pobres; la abrogación de medidas socialmente injustas; la detención de las privatizaciones, la desprivatización; el refuerzo de los servicios públicos; el reparto del tiempo de trabajo; medidas para avanzar hacia la transición ecológica.
Si se trata de salir del euro, hay que combinar esa salida con una reforma monetaria redistributiva. También hay que comenzar un proceso constitucional para modificar de manera democrática la constitución del país. En nuestros países, es necesario cambiar las constituciones y al mismo tiempo refundar Europa. Y eso pasa por la abrogación de unos tratados inaceptables.
La cuestión del proceso constituyente implica una gran participación popular: las ciudadanas y ciudadanos deben convertirse en dueños de la cuestión política y de las opciones políticas, y para ello hay que poder redefinir las constituciones. Esta es una de las lecciones positivas que deberíamos ir a buscar a América Latina: unos procesos constitucionales muy ricos, tanto en Venezuela (1999) como en Bolivia (2006-2008) o en Ecuador (2007-2008), que permitieron, por ejemplo, integrar en la constitución ecuatoriana puntos de vista tan importantes como la prohibición total de socializar las deudas privadas.
Es necesario atacar con decisión el problema de las deudas privadas ilegítimas
Tanto en Bélgica como en Francia, las deudas privadas ilegítimas no constituyen todavía un problema importante, pero en España, si no habláis de la deuda hipotecaria ilegítima reclamada a miles de familias españolas dejáis de lado una injusticia fundamental. Entre 2008 y el segundo trimestre de 2015, se hicieron 416.332 órdenes de desahucio de viviendas en contra de las familias que ya no podían continuar pagando sus hipotecas. Las expulsiones son una consecuencia de la crisis pero la ley que las autoriza es muy anterior. Se trata de una ley hipotecaria impuesta por decreto durante la dictadura de Franco en 1946 y que continúa en vigencia.
¿Cómo queréis que una gente humillada, por estar sobre endeudada, de la que los bancos han abusado, que fueron expulsadas de su vivienda y además deben aún pagar lo que les queda de deuda, puedan movilizarse masivamente para luchar contra el pago de la deuda pública del Estado? Si fueron derrotados en su lucha personal porque no hubo un movimiento de resistencia suficientemente fuerte para impedir los desahucios, no tendrán fuerza para continuar una lucha, ahora contra la deuda pública ilegítima y además pensarán que no les incumbe.
Pero, felizmente, se desarrolló en España un importante movimiento contra los desahucios desde 2010. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) declaró que “los préstamos fueron acompañados por numerosas cláusulas abusivas, y que los bienes hipotecados, como garantía, estaban absolutamente sobrevaluados, debiéndose considerarlos como productos financieros tóxicos”.
Ada Colau, la nueva alcaldesa de Barcelona desde mayo de 2015, se hizo conocer al ser una de las fundadoras y portavoz del movimiento que se oponía a las expulsiones forzadas, participando en numerosas acciones de ocupación de bancos.
En el Reino Unido, donde la reforma neoliberal ha llegado más lejos que en el continente, si no habláis de la deuda de los estudiantes, de la deuda ilegítima de los estudiantes, dejáis de lado un tema esencial. Asimismo, en Estados Unidos donde la deuda reclamada a los estudiantes representa más de 1.000 millones de dólares, o desde el estallido de la crisis, más de 14 millones de familias fueron expulsadas de sus viviendas, de las cuales, al menos, 500.000 de forma ilegal. Numerosas víctimas ayudadas por los movimientos sociales, especialmente Strike Debt, reaccionaron y se organizaron para enfrentar a los oficiales de justicia y rechazar la expulsión. Miles de denuncias se presentaron contra los bancos. En el periodo 2010-2015, las autoridades de Estados Unidos realizaron acuerdos con los bancos para evitar una condena judicial por el escándalo de los créditos hipotecarios y las expulsiones ilegales de viviendas. Y los bancos solo tuvieron que pagar una simple multa.
En Bélgica, aunque el problema de sobreendeudamiento de las familias empobrecidas no llega a los extremos dramáticos de Estados Unidos, Grecia o España, 352.270 personas no llegaban a pagar sus deudas (facturas por la energía consumida, hipotecas, etc.) en 2015 y la tasa media de endeudamiento (en relación a los ingresos) no deja de aumentar desde el comienzo de la crisis.
La austeridad participa, por supuesto, en el aumento del endeudamiento de las familias más vulnerables. Considerando que es imposible solucionar la cuestión del sobreendeudamiento de manera individual, nació una nueva iniciativa en este comienzo de año, para plantear la cuestión de una auditoría y de la anulación de las deudas privadas ilegítimas, reuniéndose alrededor de la mesa el CADTM, la Red Valona de lucha contra la pobreza, el Centro de apoyo al servicio de mediación de deudas de Bruselas, otras asociaciones y personas sobre endeudadas.
Si dejamos a los países más industrializados, nos damos cuenta de que el problema de las deudas privadas ilegítimas constituye también un desafío para los movimientos que luchan contra el sistema deuda. En la India, más de 300.000 campesinos sobreendeudados se suicidaron en el curso de los 15 últimos años. En Marruecos, las víctimas del microcrédito abusivo se organizan con el apoyo de ATTAC CADTM Marruecos.[10]
Conclusión
Ya no hay tiempo para tergiversar las posibilidades de negociación con los acreedores de deudas ilegítimas. Está claro, desde hace de muchos años, que no buscan ni el compromiso ni un arreglo amable, sino la puesta en marcha de todos los medios posibles para maximizar sus beneficios. Y eso sin considerar el coste humano que origina, que ya pagan los pueblos, desde Atenas hasta Delhi, desde los campus estadounidenses hasta las calles de Bamako. Ya no podemos contar a ciegas con la buena voluntad de los partidos políticos de la izquierda radical, aunque hayan sido portadores de una esperanza, bastante escasa, y Syriza es la triste prueba. Solamente la movilización masiva, en torno a unas enérgicas reclamaciones, permitirá un cambio real y duradero hacia una sociedad más igualitaria, respetando la naturaleza y los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
*Traducido por Griselda Pinero
