El “sí se puede” de la defensa de la sanidad pública madrileña se extiende al hospital de Majadahonda, gestionado con una fórmula PFI, mixta entre lo público y lo privado, y que se vio afectado por el despido, en 2013, de 180 trabajadores y el traslado de 220 a otros centros. Varias sentencias han determinado la nulidad de dichos despidos.
El 1 de abril de 2013, 400 trabajadores del personal no sanitario del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, fueron despedidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad, dirigida entonces por Javier Fernández Lasquetty. Casi un año después, dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid han determinado en ocho sentencias distintas la nulidad de dichos despidos. Estos Tribunales deben determinar la legalidad de los despidos del personal estatutario planteados por la Comunidad el 31 de marzo de 2013, y las primeras sentencias avanzan la ilegalidad de la resolución del 31 de marzo impulsada por Sanidad. La sección de CGT en Puerta de Hierro conoció ayer la decisión de estos tribunales de considerar nulos los despidos, que afectan a 180 personas, en una decisión que también puede afectar a las 220 personas que fueron trasladadas a otros centros. Las sentencias reconocen el derecho de las personas despedidas a ser readmitidas y a volver a su situación anterior, así como percibir una cantidad de dinero por daños y perjuicios. Hasta el momento todas las sentencias emitidas han coincidido en la nulidad de los despidos.
El goteo de resoluciones a favor de este sindicato ha llevado al Servicio Madrileño de Salud, de quien depende el hospital de Majadahonda, a plantear una reunión con los sindicatos que han impulsado estas demandas, CGT, que lleva 117 casos y Comisiones Obreras, que ha planteado alrededor de 30 demandas, para llevar a cabo una negociación. Cabe la posibilidad de que el Sermas plantee un recurso en los próximos 15 días, pero desde CGT, Juan Carlos Molina, delegado sindical y trabajador del Puerta de Hierro advierte que se busca “la reincorporación de todos los trabajadores”, con las condiciones jurídicas anteriores al despido, en cuanto a antigüedad y categoría. Molina anuncia que “no se va a negociar nada sin consultar con los trabajadores” y ha referido a DIAGONAL, que a raíz de estas sentencias, distintos sindicatos de otros hospitales se han puesto en contacto con CGT para afrontar procesos similares.
El hospital de Majadahonda funciona con un modelo PFI, siglas de iniciativa de financiación privada, por el que el personal sanitario depende directamente del Sermas, pero el personal no sanitario está dirigido por empresas del sector privado. En Majadahonda operan a través de una Unión Temporal de Empresas, de la que forman parte Clece y Valoriza. Celadores, administrativos, recursos humanos, la gestión del almacén o de las cocinas quedaron en cuadro cuando la Comunidad aprobó la salida de 400 trabajadores. Molina explica que los principales afectados fueron los pacientes, “la calidad asistencial está bajando”, explica, “no hay plantilla para llevar el control de las citas, con lo cual se obliga al paciente a desplazarse cuatro días distintos para cuatro pruebas que se pueden hacer en un día”, resume a modo de ejemplo. El impacto se hizo notar desde el comienzo, el hospital se quedó “desangelado” y se produjeron problemas de control de las nóminas, “ha habido gente que no cobraba y gente a la que pagaban de más”, dice Molina, quien refiere que las cien personas contratadas a través de ETT por la UTE que controla el hospital han sido insuficientes para gestionar este centro universitario, que fue inaugurado en 2008 y que cuenta con más de 600 camas hospitalarias.
El trabajo en los tribunales se ha visto acompañado este año de distintas movilizaciones para defender los 400 puestos de trabajo y la calidad asistencial en el hospital. A concentraciones como la del 28 de enero en la puerta del centro, les han acompañado el reparto de folletos informativos por parte del personal pero también de las asociaciones de vecinos de Majadahonda y Las Rozas. Parte del personal afectado por este recorte participó en el equipo que ha llevado a cabo estas demandas, explica Molina. “Es un trabajo que va a dar sus frutos. Es importante transmitirlo a otros territorios para ver si estas sentencias abren otra vía para que vean que la administración no es el cortijo de nadie”.
