Tres ex altos cargos de Ayuso están citados a declarar de nuevo, el martes 10 de febrero, como imputados por el escándalo de las residencias
- Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Buscan deben declarar como investigados, el martes 10 de febrero, en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid.
- Desde Marea de Residencias / Verdad y Justicia 7291 pedimos a Mur que aclare de una vez quién le ordenó firmar y enviar a los hospitales el ‘Protocolo de la Vergüenza’.
- Los insultos de Ayuso a las víctimas, además de retratarla, no pueden ocultar una enorme verdad: seis años después sigue si explicar por qué no envió a las residencias los 1.826 médicos y enfermeros que tenía a su disposición para medicalizar los centros.
Tres ex altos cargos de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso están citados de nuevo a declarar como imputados, el próximo martes 10 de febrero a partir de las 10.00 horas, esta vez en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid.
Los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del conocido como Protocolo de la Vergüenza que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos y que era en marzo de 2020 director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del Protocolo de la Vergüenza y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas. Además, está citada a declarar como investigada la que entonces era geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.
El Juzgado de Instrucción 37 de Madrid investiga una querella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020. En la querella se acusa a los investigados de la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias.
Es el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos del Gobierno Ayuso están citados como imputados.
El 26 de mayo de 2025, Mur y Peromingo debían comparecer como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los investigados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.
Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los exaltos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que este “estaba investigando
con anterioridad los mismos hechos”.
El pasado 9 de diciembre, Peromingo declaró en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Mur estaba citado ese mismo día, pero no compareció, produciéndose finalmente su declaración el pasado 26 de enero, por videoconferencia desde Andorra.
El 10 de diciembre, Peromingo prestó declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba. Mur estaba igualmente citado a declarar, pero tampoco compareció.
En resumen, Peromingo ha declarado de momento en dos ocasiones y Mur en una. El tercer imputado, Pablo Busca, aún no ha prestado nunca declaración ante un Juzgado. Sus comparecencias se han aplazado bien por estar personado o bien por tener problemas de salud.
“QUE MUR ACLARE QUIÉN DIO LAS ÓRDENES”
En sus dos declaraciones, Peromingo admitió que el Protocolo de la Vergüenza era “discriminatorio” y atribuyó la responsabilidad exclusiva de su elaboración a Mur. Este, por su parte, en su única declaración, indicó que él se había limitado a firmar el texto que
le entregaron redactado y señaló que su contenido lo conocían los entonces consejero y viceconsejera de la Consejería de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y Ana Dávila, respectivamente.
Ayuso mantiene a ambos aforados. Enrique Ruiz Escudero fue nombrado senador por designación autonómica en 2023, mientras que Ana Dávila fue promocionada por Ayuso y es ahora consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Aunque valoramos que Mur se haya atrevido a señalar por primera vez en sede judicial a sus superiores en la Consejería de Sanidad, desde Marea de Residencias / Verdad y Justicia 7291 le pedimos que aclare de una vez quién le ordenó firmar y enviar a los hospitales el Protocolo de la Vergüenza.
Además, Marea de Residencias / Verdad y Justicia 7291 considera que los insultos de Ayuso a las víctimas, además de retratarla, no pueden ocultar una enorme verdad: seis años después sigue sin explicar por qué no envió a las residencias los 1.826 médicos y
enfermeros que tenía a su disposición para medicalizar los centros en marzo y abril de 2020.
En su lugar, envió a dichos profesionales sanitarios al hospital de campaña montado en el recinto ferial Ifema (1.421 médicos y enfermeras), que el aparato de propaganda de Ayuso bautizó como el “hospital milagro”, y a los hoteles medicalizados (351). A las
residencias destinó 54 en total.
Ayuso tiene que dejar de esconderse tras sus insultos a las víctimas y explicar a toda la sociedad madrileña por qué tomó esta decisión, que afectó a la vida y la salud de miles de residentes madrileños.
