LOS ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO AYUSO YA ESTÁN IMPUTADOS EN OCHO PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Ocho Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid tienen abiertas causas judiciales contra tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso durante la primera ola de la pandemia del COVID, entre los que se encuentran los autores de los llamados protocolos de la vergüenza, Carlos Mur (director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020), y Francisco Javier Martínez Peromingo (coordinador del llamado protocolo técnico). Ambos protocolos impedían la derivación a hospitales de los enfermos de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid que tuvieran dificultades motrices o cognitivas.
Igualmente, se encuentran imputados el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y varios geriatras de enlace de hospitales madrileños. Estas actuaciones corresponden a una denuncia colectiva de 109 familiares víctimas de las residencias coordinadas por las asociaciones “7291:Verdad y Justicia” y “Marea de Residencias”, presentada el mes de octubre de 2024 (se cumple ahora
justo un año). La denuncia se dirigía contra altos cargo del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación sanitaria discriminatoria, castigada en el artículo 511 del Código Penal.
La decisión de estos ocho juzgados (tres de Madrid, 1 de Alcobendas, 1 de Collado Villalba, 1 de Getafe, 1 de Leganés y 1 de Valdemoro) de imputar a los altos cargos supuso un punto de esperanza para los familiares que desde hace 5 años vienen reclamando verdad, justicia y reparación y veían una posible solución a sus demandas. No obstante, el hecho de que alguno de los juzgados haya suspendido las declaraciones de Carlos Mur de Viu, Pablo Busca Otalaza y Francisco Javier
Martínez Peromingo ha supuesto un nuevo jarro de agua fría que se viene a sumar a las numerosas afrentas e insultos que vienen sufriendo los familiares por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Queremos mostrar y hacer hincapié en la importancia que tiene la IMPUTACION de los altos cargos del gobierno Ayuso en 2020, es un gran paso aunque nos queda mucho camino por recorrer. Hay momentos de desesperanza, pero esta noticia nos hace más fuertes para seguir la lucha hasta el final.
Hay que acabar con la IMPUNIDAD que rodea desde hace cinco años y 7 meses las querellas y denuncias porque solo haciendo justicia a las 7291 victimas podremos cerrar página y señalar a los responsables. Sólo así estamos seguras de que no se volverá a repetir.
Tenemos también una gran preocupación por las prescripciones que pueden provocar todos estos retrasos, que vuelven a caer como losa en este tiempo del proceso.
La lentitud y la desidia de la justicia en este tema, nos discrimina y nos pisa nuestros derechos. Y para discriminados ya estuvieron ellas y ellos.
Tenemos plena confianza en el equipo de abogados que está llevando las denuncias y apoyamos su decisión acerca de la acumulación de los casos, después de estudiarlo creen que esto nos beneficiaría y así se ha comunicado a los Juzgados.
IMPUTACIÓN, IMPUNIDAD, PRESCRIPCIÓN Y ACUMULACIÓN
