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Lo que estos días se juzga, y lo que se juzgará en los próximos meses, no es una corrupción puntual, algo del pasado o que afecte al PP de manera tangencial. Son casos de la máxima gravedad y relacionados con las cúpulas del partido que ha dirigido el Gobierno de la nación durante 15 años (de 1996 a 2004 y de 2011 a 2018) y que mantiene el gobierno de la Comunidad de Madrid desde 1995. Los nombres de las tramas ya nos son familiares: “Caja B”; “Caso Gürtel” “Caso Taula”; “Arganda del Rey”; “Caso Púnica”; “Caso Kitchen” y “Caso Villarejo”. Son casos del presente por más que antiguos dirigentes aseguren que ellos no sabían nada y que los actuales declinen su responsabilidad alegando que no estaban entonces. Lo actual es que, por asuntos tan serios, nadie reconoce culpas ni pide perdón.
Tal variedad de casos incluye una gran gama de probados y posibles delitos. Desde la existencia de una caja B, que habría sido mantenida durante 19 años, financiada por empresarios a cambio de futuros contratos valorados en miles de millones, al uso indebido de fuerzas policiales en beneficio del PP, delinquiendo para obstaculizar las investigaciones sobre la comentada caja B o para manipular informes en perjuicio de dirigentes políticos, como Xavier Trías de CiU o Pablo Iglesias o espiarlos.
A todo ello tenemos que añadir otros casos sucedidos recientemente, como el “Tamayazo murciano” en el que se ha compensado a los tránsfugas con cuatro Consejerías (tres para Ciudadanos y una para Vox) en el gobierno de esa Comunidad, lo que ha permitido que, por primera vez, Vox entre en un gobierno autonómico haciéndose cargo de la cartera de Educación, ni más ni menos.
Parece que estos hechos tan indecentes y perjudiciales para la población no van a acarrear ningún castigo para el PP en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, ya que las encuestas prevén un apoyo al partido de Ayuso cercano al 40%. Es más, el “Barómetro de la Sexta”, publicado el 26 de marzo, al preguntar sobre la animadversión que suscitan los partidos políticos, obtiene un 6,3% en el caso del PP madrileño.
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Corrupción produce corrupción…
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Los fenómenos de corrupción son dañinos en sí mismos. Entre otras cosas, los negocios privados se hacen y se han hecho en detrimento de unos servicios sanitarios, educativos o sociales que dejaron de dar ciertas prestaciones a los sectores sociales más necesitados. Así lo reconocen los diversos estudios sobre el tema: “En primer lugar, cuando los poderes del estado están capturados por una élite o existen pautas clientelares que generan ineficiencia y arbitrariedad en la toma de decisiones, se reduce el gasto público efectivo en educación y salud”[1].
Sirva de ejemplo la construcción de los 7 hospitales bajo el gobierno de Esperanza Aguirre: el sobrecoste por no haber sido construidos por la propia Comunidad directamente, sino a través de empresas intermediarias bajo la fórmula de “concesiones de obra”, se calcula en un 500%. Al tiempo que “al menos, la construcción y/o gestión de cinco de estos centros fueron adjudicados a empresas o directivos ya imputados o investigados en la “Trama Gürtel” por haber pagado comisiones o haber sido beneficiarios de otros contratos bajo sospecha”[2].
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Pero, sobre todo, estos casos de corrupción son negativos por su tendencia intrínseca a reproducirse, a extenderse y a infectar todo. Se expanden, donde nacen, en el ámbito político y en el económico; pero también penetran y emponzoñan las relaciones sociales y terminan por consolidar formas de vida basadas en la doble moral, el cinismo, la mentira y el saqueo.
Los casos de corrupción más sonados en la Comunidad de Madrid se produjeron durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, nacido el mismo de la corrupción: “El Tamayazo”, que consistió en la compra del voto de dos diputados del PSOE que impidieron la formación de un gobierno basado en una mayoría de izquierdas en 2003. A partir de ahí, se desarrollaron las tramas de “La Púnica” (esta incluyó también alcaldes socialistas) y “La Gürtel”, interconectada con la Caja B del “caso Barcenas”.
Nada de esto fue casual. Cuando se estudian las causas que generan la corrupción [2][3] aparecen ciertas circunstancias que se encuentran con facilidad en estos años de gobiernos del PP. Estas comprenden el fomento del individualismo y el consumismo, rasgos muy propio del capitalismo, pero potenciado al máximo durante años en nuestra Comunidad, y de manera especial en estos días de pandemia, donde a poner en riesgo la salud pública y privada se le llama “libertad” y “vivir a la madrileña”.
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Otros de los factores importantes son la sensación de impunidad y la permisividad social, que se fortalecen asimismo con “la no restitución de los fondos o bienes extraídos a través de corrupción, la confirmación o no anulación de los efectos jurídicos derivados de los actos inmersos en corrupción, etc.”[4]. Si bien es cierto que hay altos cargos del PP o empresarios en la cárcel o que han pasado por ella, no existe relación entre la gravedad y extensión de los delitos y la cantidad de condenados. Recuérdese, por ejemplo, la absolución de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la venta de 1.860 viviendas de la EMVS al fondo buitre Fidere, filial de Blackstone, por debajo del precio contable de 159 millones, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros.
Relacionado también con las trabas para devolver las viviendas sociales a las personas necesitadas, a las que se les había quitado con procedimientos ilegales, está la actuación de Isabel Díaz Ayuso.
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“Hasta cuatro tribunales han declarado nula la operación de las casi 3.000 viviendas sociales que el Gobierno de Ignacio González (Partido Popular) vendió en 2013 al fondo buitre propiedad de Goldman Sachs y Azora por 210 millones, pero el Ejecutivo ahora dirigido por Isabel Díaz Ayuso –también del Partido Popular– se niega a ejecutar la sentencia y a dar una solución a las miles de familias afectadas que se quedaron sin una casa. La Consejería de Vivienda respondía este jueves al último fallo, adelantado por elDiario.es, anunciando un nuevo recurso. «Vamos a agotar todas las vías legales», aseguran fuentes del Gobierno regional”[5]
Por último, destacaríamos otro factor muy habitual en Madrid: “La interacción entre ambos ámbitos (público y privado), cuya frontera en ocasiones es más difusa de lo que podría parecer, puede generar tramas corruptas”[6]. Circunstancia muy extendida en la política madrileña, en la construcción de hospitales, en las concesiones y conciertos sanitarios, en la educación concertada, o en la construcción de obra civil.
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… Y desigualdades sociales
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Esta extensa e intensa trayectoria de corrupción ha conllevado una ingente transferencia de fondos públicos a negocios privados (a veces incluso por medios legales) en combinación con políticas de recortes que han dejado muy debilitados a los servicios públicos esenciales como la sanidad pública, las residencias o la enseñanza. Situación que resultó dramática cuando se desencadenó la pandemia.
Incluso en plena pandemia, aprovechando la falta de condicionantes previos con el pretexto del momento de excepcionalidad, Isabel Díaz Ayuso ha hecho un uso más que dudoso y oscuro de los fondos que recibió del gobierno central (3500 millones de €), como es el caso de la construcción del Hospital Zendal, beneficiando a las grandes empresas de siempre en detrimento de la Atención Primaria o de las escasas y precarias plantillas sanitarias.
Una victoria del partido popular supondría una legitimación social a las políticas de corrupción y desigualdad. La posibilidad de un gobierno PP- Vox no frenaría tal perspectiva sino que la potenciaría. Tanto por la trayectoria de su líder, que durante años se formó en el Partido Popular y vivió de él, como por sus políticas más privatizadoras, aún, que las del PP.
Ni el coro mediático, ni las promesas electorales deberían hacernos olvidar las penalidades y el sufrimiento que estamos pasado durante la pandemia, ni las muertes innecesarias que se producen a causa de la carencia de recursos públicos que nos han sido sustraídos por la corrupción y por las políticas de recortes del Partido Popular. Menos aún podemos olvidar que, precisamente, son los recursos públicos y el esfuerzo solidario los que nos están haciendo ver luz al final del túnel.
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[1] Joan Oriol Prats Cabrera. “Causas políticas y consecuencias sociales de la corrupción”. Papers. Revista de Sociología nº 88 2008, pg. 158
[2] Hoy.es. 28 de febrero de 2014
[3] Jaiver Miranzo Díaz. “Causas y efectos de la corrupción en las sociedades democráticas”. Revista Jacobea de posgrado. Nº 14, junio de 2018
[4] Marina Guillén. Abogada Penalista y Experta en Compliance y Anticorrupción. “Corrupción: causas y consecuencias”.
[5] Javier Miranzo. Obra citada, pág. 7
[6] elDiario.es, 4 de febrero de 2021
[7] Javier Miranzo. Obra citada. Pg. 16
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