Estos últimos meses, y en especial estas últimas semanas, hemos presenciando cómo las 200.000 t de basuras, generadas por las vecinas y vecinos de los municipios que componen la Mancomunidad del Este, se convertían en el arma arrojadiza entre los barrios del sureste de la capital madrileña, y los pueblos que componen la Mancomunidad. Una situación propiciada desde la Comunidad de Madrid, con su Consejera de Medio Ambiente a la cabeza, Paloma Martín, y la Mancomunidad del Este, con su presidente y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, como principal actor y responsable, junto a los primeros ediles de los distintos municipios que componen la mancomunidad, de la precaria situación a la que nos someten por su reiterada incapacidad como administradores públicos.
La gestión de los residuos domésticos y comerciales (residuos sólidos urbanos) es esencialmente pública y recae en los propios municipios y en las diputaciones provinciales (en el caso de Madrid, al tratarse de una comunidad uniprovincial, recae sobre la Comunidad de Madrid). Es decir, se trata de una actividad compartida entre los municipios y la Comunidad de Madrid.
Desde que en el 2003 la Comunidad de Madrid impulsara la figura de las mancomunidades de gestión de residuos para tratar los residuos domésticos, se han venido sucediendo más y más dislates en las soluciones que dan las administraciones para tratar nuestros residuos. La gestión en mancomunidades (en la Comunidad hay 3, más el propio ayuntamiento de Madrid) permite que el negocio de la basura sólo lo puedan realizar grandes empresas como FCC, y que la plusvalía resultante no revierta en la ciudadanía. No debemos olvidar que los residuos se pueden convertir muy fácilmente en subproductos de los que obtener beneficios, por ejemplo, utilizándolos para la generación de energía.
Frente a la opción de la economía circular, de un modelo de gestión “Residuo Cero”, en el que la materia orgánica se someta a compostaje de manera localizada en pequeñas plantas, se realice una recogida selectiva puerta a puerta de la fracción orgánica y otros residuos, se evite la producción de residuos, el depósito en vertedero de grandes cantidades de residuos y las emisiones derivadas del transporte de esos residuos y del propio tratamiento y depósito, nos encontramos con que la Comunidad de Madrid y nuestros alcaldes nos imponen un modelo de gestión centralizado en grandes plantas, que conlleva grandes costes de ejecución, gestión y mantenimiento de las instalaciones y menores tasas de empleo asociadas, que conlleva grandes gastos de transporte (económicos y ambientales) y que proponen medidas, como la incineración de residuos y el vertido, que perjudican seriamente la salud de las poblaciones cercanas y el medio ambiente, y en el que sólo salen beneficiadas las grandes empresas.
Tampoco nos debemos olvidar del perjuicio localizado que se produce sobre la ciudadanía de determinadas zonas de la Comunidad o del propio municipio de Madrid. Si estas instalaciones, que construyen y promueven, no fueran perniciosas, no tendrían ningún reparo en situarlas en otros puntos de la Comunidad. Estamos asistiendo a nuestro envenenamiento progresivo, a la substracción del valor de nuestras propiedades, a la continua expropiación de nuestro derecho a un entorno saludable, a que nos someten en nuestros barrios y pueblos quienes deberían velar por nuestros derechos y nuestra salud desde las administraciones.
Las ciudadanas y ciudadanos no debemos permitir ni una sola instalación más de este tipo, y debemos reclamar que las existentes (Incineradora de Valdemingómez, Vertederos de Pinto, Colmenar y Alcalá, y otras muchas plantas e instalaciones) se clausuren en condiciones de seguridad o se reconviertan bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y salubridad. Ahora fue el vertedero de Alcalá, antes fue Valdemingómez, y pronto serán Pinto y Colmenar, pero seguiremos siendo los y las de siempre los perjudicados por el modelo impuesto por la Comunidad de Madrid, que sólo beneficia a quienes hacen negocio con nuestra basura.
Mucho nos tememos que la insistencia rayana en el esperpento de llevar la basura generada en la Mancomunidad del Este a Valdemingomez, es un movimiento que busca presentarnos la incineración como la gran solución al problema de la basura. Esta suposición también se apoya en la reciente concesión a la cementera de Morata de Tajuña (propiedad de FCC, también), de un 60% más de capacidad de incineración y a los movimientos en redes del lobby de la incineración en España. Esto dejaría sin efecto el Plan de cierre de la incineradora de Valdemingomez para 2025 e incluso podrían retomar proyectos de construcción de instalaciones de este tipo en Colmenar Viejo y Pinto.
Por esto la Plataforma No Macrovertedero Si Residuos 0 lleva varios años intentando crear un espacio de unidad de las luchas territoriales contra el modelo de gestión de residuos que nos imponen desde la Comunidad de Madrid. La evidente Segregación regional en este tema legítima a las vecinas del Sur y Sureste de la Comunidad de Madrid para decir YA BASTA. Sólo desde la real y efectiva solidaridad entre los vecinos, sacando en cada convocatoria a muchas más personas a la calle qué hasta ahora desde el aislamiento de las luchas, apoyándonos en la difusión mediática, trabajando conjuntamente para alumbrar nuevas denuncias, conseguiremos forzar a los políticos ineptos a girar hacia un cambio de modelo de gestión de residuos. La situación actual más allá de ser un auténtico problema es también una oportunidad.
Parece que este momento de unidad se está acercando. Recientes comunicados tanto de la FCAVAH como de la FRAVM en este sentido nos hacen albergar esperanzas de que la hasta ahora solapada desconfianza entre territorios se está diluyendo. Esta desconfianza solo era funcional a los que no querían que se acabara el negocio para las grandes empresas. Ya que las administraciones se niegan a cumplir las leyes europeas, incluyendo a la sociedad civil en los organismos de control y gestión de residuos, la sociedad civil organizada debe intervenir por otros medios en un tema que afecta tan gravemente a nuestra salud y a la de nuestros hijos. Ya que se niegan a cumplir con el mandato constitucional del principio de precaución, la gente debe obligarles a cumplirlo mediante la movilización social.
Si no nos escuchan llevaremos la respuesta popular al conflicto, a niveles nunca vistos.
No Macrovertedero Si Residuos 0.