La colaboración público-privada, en el corazón del conflicto en el hospital de Villalba
El conflicto laboral en el Hospital General de Villalba es fruto de la controvertida fórmula de Colaboración Público-Privada.
El Salto
Carmen San José (Audita Sanidad)
Juan Luis Ruiz-Giménez (Audita Sanidad)
Guillén del Barrio (MATS)
Vicente Losada (Audita Sanidad)
Ante el conflicto desatado desde hace tres meses en el Hospital General de Villalba (HGV) por las malas condiciones laborales y retributivas que sufren las personas trabajadoras, Quirónsalud ha querido asestar un duro golpe despidiendo a dos profesionales.
El HGV es un hospital privado de Quirónsalud, hoy en manos de la multinacional alemana de sanidad privada Fresenius, un grupo que cuenta con otros tres hospitales en la Comunidad de Madrid: el Hospital de Valdemoro, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz (FJD).
Este tipo de hospitales, llevados a cabo bajo la controvertida fórmula de Colaboración Público-Privada (CPP), —como detallamos en el informe conjunto publicado fruto de la colaboración entre Audita Sanidad y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)—, fueron impulsados por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre como un medio más para abrir al mercado el sector público sanitario.
Se trata de un contrato entre lo público y lo privado, en el que la gestión de los servicios sanitarios y los mal llamados “no sanitarios” son gestionados por una empresa privada. Con estas concesiones a largo plazo, 30 años con posibilidad de ampliar a diez años más, la financiación se realiza mediante una remuneración per cápita de la Administración en función del área sanitaria cubierta y un pago “adicional” por los pacientes que, sin estar en su área de cobertura, quieren tratarse en sus centros a través del sistema de libre elección de hospital.
El resultado son compromisos firmados entre los diferentes gobiernos del Partido Popular y los sucesivos dueños de estos hospitales que recogen condiciones muy ventajosas para las empresas y condiciones draconianas para el erario público, todo ello en detrimento de la sanidad pública.
¿CÓMO GENERA SUS BENEFICIOS QUIRÓNSALUD?
Los beneficios de Quirónsalud se acumulan, entre otras cosas, al recortar inversión en plantilla y en retribuciones. También suscriben convenios como el del hospital Fundación Jiménez Díaz con actualizaciones periódicas que les permite cobrar por acto médico a todos los pacientes que no están incluidos en su población de referencia.
Además, todos los hospitales de Quirónsalud se benefician de los pacientes que reciben para realizar intervenciones quirúrgicas derivados del call center; un centro privatizado en manos de Indra, —empresa envuelta en la trama Púnica—, que se encarga de dirigir de forma preferente a los pacientes desde las Listas de Espera Quirúrgica de los hospitales públicos a los hospitales privados, siendo la transferencia de pacientes por este método muy significativa.
De esta forma los fondos públicos que terminan recibiendo los hospitales de Quirónsalud pueden duplicar sus presupuestos iniciales, lo que ya reflejó la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su último informe de 4 de marzo de 2019: “Mientras en la mayoría de los hospitales públicos altamente especializados, de gran complejidad y una amplia cartera de servicios, en el período 2010-2014, los gastos disminuyen en torno a un 10%, los de la Fundación Jiménez Díaz (hospital concesionado) se incrementan un 23%”.
Por otra parte, los cuatro hospitales de Quirónsalud forman una red muy ventajosa para maximizar el negocio. Su modus operandi es el siguiente; a los pacientes que requieren cuidados más avanzados les corresponde el hospital más cercano, en este caso, el Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda, pero desde el Hospital de Villalba se les deriva a la la Fundación Jiménez Díaz sin advertirles siquiera de cuál es el hospital que les pertenece ni darles oportunidad de elegir.
Además, de esta forma, el Hospital de Villalba evita el pago que tendría que realizar al Puerta de Hierro por la atención al paciente. A esto se suma que la Consejería de Sanidad permite que estos traslados se realicen con ambulancias del Sermas.
Un ejemplo de cómo se descapitaliza un hospital público, es el caso del Hospital de El Escorial. Collado-Villalba y San Lorenzo de El Escorial son dos poblaciones similares y cercanas. Si bien es cierto que el Hospital de Villalba tiene un nivel de complejidad hospitalaria algo mayor, el Hospital de El Escorial cuenta con más plantilla proporcionalmente al número de camas, pero menor presupuesto para su población, mientras el Hospital de Villalba se beneficia con más presupuesto.
NO ES SÓLO UN CONFLICTO LABORAL
El conflicto iniciado en el Hospital General de Villalba no es sólo un conflicto laboral por lo insostenible de la situación que viven las personas profesionales en el mismo. A las cargas de trabajo inasumibles, se juntan unos salarios muy inferiores a la media de los hospitales públicos dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), de 1.100 euros mensuales, a unos 1.800 euros para una enfermera/o en un hospital de gestión pública.
MODELO AGUIRRE
Esta situación pone de manifiesto el comportamiento de un empresa que antepone su cuenta de resultados a la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y los derechos de la plantilla.
Por primera vez los y las profesionales levantan la voz de lo que sucede en un hospital de gestión privada, que como el HGV Quirónsalud se ha preocupado en silenciar. Por eso esta lucha pone en entredicho la excelencia que Quirónsalud trata de vender.
Es fundamental entender y denunciar cómo funcionan y se enriquecen con fondos públicos las empresas que gestionan los hospitales privados integrados en el Sermas, cuando esto es precisamente lo que condiciona la calidad de la atención sanitaria que reciben más de dos millones de personas, y es un modelo en expansión.
La batalla que están llevando a cabo las personas trabajadoras del Hospital General de Villalba nos atañe a toda la ciudadanía, a todas las personas que defendemos una sanidad pública, porque la lucha por unas mejores condiciones laborales y retributivas de los profesionales son la garantía para una mayor calidad asistencial.
