Una ley de Rajoy amenaza el mayor convenio de la Comunidad de Madrid con un hospital privado
Una norma aprobada en 2015 con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda obliga a unificar la duración de todos los convenios y garantizar la «eficacia»
La Consejería de Sanidad asegura que se «está estudiando» cómo afecta la ley al convenio millonario con la Fundación Jiménez, por 30 años
Más Madrid exigirá a la Comunidad de Madrid que cumpla con el plazo de adaptación que contempla la ley y que termina el 2 de octubre
DATOS | A la Comunidad de Madrid le cuesta hasta seis veces más el mismo tratamiento en un hospital concertado que en uno público
El Diario
El mayor convenio de la Comunidad de Madrid con un hospital privado está amenazado por una norma aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La ley de Régimen Jurídico del Sector Público, impulsada por el exministro Cristóbal Montoro pone un techo a todos los convenios de cuatro años –prorrogables otros cuatro– y marca que la suscripción de estos acuerdos «deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública». El acuerdo millonario firmado por la Fundación Jiménez Díaz, el buque insignia de la privatización madrileña, con la Consejería de Sanidad tiene una duración de 30 años.
Más Madrid, la formación liderada por Iñigo Errejón, exigirá este martes que la Comunidad de Madrid se adapte a este nuevo marco legal y asegura que recurrirá ante la justicia si no lo hace porque, a su juicio, el articulado es de aplicación a este caso. Según la ley, el plazo para unificar este convenio con los nuevos parámetros concluye en dos semanas. El periodo de adaptación incluido en una de las disposiciones se cumple el próximo 2 de octubre.
Fuentes de la Consejería de Sanidad confirman que «se está estudiando» cómo puede afectar al convenio pero aseguran que «de momento» no hay ninguna orden de Intervención General que haya informado de ningún cambio. Quirónsalud, la empresa gestora de la Fundación Jiménez Díaz, indica por su parte que «no hay ninguna novedad al respecto».
El «convenio singular» suscrito con la Fundación Jiménez Díaz se renovó por 30 años en 2011 cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y recibe unos 300 millones de euros anules. Su «eficacia», máxima incluida en la ley de Montoro, aprobada en un momento de máximo control del gasto público, fue cuestionada en un informe de la Cámara de Cuentas, publicado por eldiario.es, que fue retocado en su versión definitiva.
La Comunidad de Madrid pagó a la empresa gestora hasta seis veces más por algunas operaciones que lo que costarían en un hospital público de igual tamaño entre 2011 y 2015, según el anteproyecto de fiscalización del gasto sanitario de este organismo y la propia Consejería de Sanidad detectó en un informe de 2012 que la administración podría ahorrarse casi 40 millones de euros anuales si cambiara el convenio que ahora fuerza a adaptar la ley aprobada en la etapa de Montoro.
Esos sobrecostes no son solo una cosa del pasado. Aún hoy se mantienen: una hospitalización en la Fundación Jiménez Díaz cuesta el 40% más que en otro centro público similar, según ha adelantado la Cadena Ser. La versión inicial del estudio de la Cámara de Cuentas también detectaba que la Fundación Jiménez Díaz no estaba sujeta a la fiscalización que debería legalmente porque, al menos hasta 2015, recibía financiación aprobada por el Gobierno sin pasar por los trámites administrativos adecuados.
Las comunidades autónomas tienen la capacidad de elaborar decretos propios para la aplicación de la ley. La Comunidad de Madrid ya elaboró el suyo el año pasado y no incluyó entre las excepciones de aplicación los convenios singulares o sanitarios. Sí quedan excluidos, sin embargo, los «convenios urbanísticos o patrimoniales», los «convenios expropiatorios» o las «encomiendas de gestión».
La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público fue impulsada por el Gobierno de Rajoy para subsanar el galimatías que el Tribunal de Cuentas detectó en los convenios firmados por la administración pública con entidades privadas y plasmó en un dictamen en el año 2010. El objetivo era mejorar los controles y garantizar la eficiencia del gasto público, además de adelgazar el volumen de la administración. La norma fue elaborada durante meses por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) creada para tal fin.
