Aún no hay fecha, pero los repobladores de Fraguas temen que no queden muchos días hasta que lleguen las máquinas que demolerán las casas reconstruidas de este pueblo de Guadalajara. Por ello, han hecho un llamamiento para defender este pueblo recuperado (Fraguas revive).

“Parece que va a ser prácticamente ya”, señala a El Salto Lalo Aracil, uno de los repobladores de Fraguas condenados por reconstruir este pueblo. “Están haciendo cortafuegos alrededor del pueblo, cuando no es fecha para ello, y también vino la Guardia Civil con peritos y estuvieron viendo las casas, incluso las que estaban fuera de la sentencia”, continúa. “Nos van a notificar dentro de nada, cuando ellos quieran. Y no sabemos qué plazo nos dará la notificación, algunos nos dicen que seguramente nos darán 24 horas, para que no estemos preparados”.

Ante una demolición que se prevé inminente, los pobladores de Fraguas han pedido apoyo a diversos colectivos, “para ver estrategias de defensa claras”, apunta Aracil. “Queremos que venga gente todo el rato, el llamamiento es continuo, para hacer unas jornadas indefinidas de resistencia, que se reúna masa de gente suficiente para poder detener a la policía”, continúa.

Por lo pronto, ya son entre 60 y 70 las personas que han acudido a acampar o a proteger las construcciones de Fraguas. También cuenta con el apoyo de otros pueblos recuperados de Pirineos y Navarra, desde donde se van a fletar camiones con materiales. Y de El Calabacino, otro pueblo neorrural de Huelva. “Están intentando hacer grupos de permanencia de colectivos rurales para tener aquí un grupo de gente que se mantenga de forma fija, poder hacer cuadrantes y mantener a un mínimo de personas de continuo que aguantes hasta que se dé una alerta y dé tiempo a que gente de otros puntos del Estado pueda venir a ayudarnos también”, señala Aracil. La convocatoria ha ido más allá de España, contestando también gente del ZAD y del bosque de Hambach.

CONDENADOS A PAGAR LA DEMOLICIÓN

Han pasado ya cerca de seis años desde que una docena de jóvenes decidieron ir a Fraguas, un pueblo que dejó de existir cuando, en los años 60, Franco ordenó su demolición para replantar pinos. Después se convirtió en zona de prácticas militares. Desde ese año 2013, los repobladores de Fraguas reconstruyeron tres de las casas del pueblo. Todo fue bien hasta que la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente les denunció por delitos contra el territorio y usurpación. En junio del año, seis de los repobladores de Fraguas pasado fueron condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara. En enero, la Audiencia Provincial confirmó la condena de un año y nueve meses de cárcel para cada uno de ellos, además del pago de multas que suman los 16.380 euros y, también al pago de la demolición, cuyo coste, en la primera tasación, ascendía a 26.600 euros.

“La condena quedó en que, si no pagábamos la demolición, entrábamos a la cárcel dos años y tres meses, recurrimos al [Tribunal] Constitucional, porque consideramos que nuestros derechos de defensa habían sido vulnerados, y rechazaron el recurso porque dicen que no tenían relevancia constitucional suficiente”, explica Aracil.

Aunque sí se plantean pagar los 16.000 euros de multa, Aracil confirma que no tienen ninguna intención de pagar la demolición: “No tenemos dinero, y es que no creemos que haya que demoler el pueblo por segunda vez, solo hemos reparado unas casas que ya estaban aquí”.

En los próximos días señalan que se hará una segunda tasación de la demolición de Fraguas, y, con la nueva suma, tienen previsto acudir al juzgado para pedir una moratoria de la ejecución de la condena por cinco años. También siguen a la espera de la contestación de un recurso que presentaron para suspender las penas de prisión, y de una reunión con la Consejería de Ordenación de Territorio. “Llevan dándonos largas desde abril”. En ese mes, desde la Consejería les dijeron que si conseguían crear un marco legal al proyecto de Fraguas, la institución castellano-manchega lo firmaría. “Ayer fuimos al registro para pedir una reunión de máxima urgencia, pero todavía no nos han contestado”, concluye Aracil.