El modelo de “Libre Elección de Hospital” que ideo el Partido Popular de Esperanza Aguirre descansa en cuatro pilares: Una Red Sanitaria Única de Utilización Pública, una Ley que permitió la Libre Elección de médico enfermero, pediatra y centro sanitario y estableció el Área Sanitaria Única, y la concentración de todas las citas en el Centro Atención Personalizada (CAP).
La Red nació desde las transferencias sanitarias con la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que englobó en el Servicio Madrileño de Salud a hospitales públicos y privados concertados.
Las once Áreas Sanitarias que existían fueron eliminadas por ley en 2009 para crear un Área Sanitaria Única, y de esta forma poder elegir a profesionales y centro en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que desde el Real Decreto 1575/1993, de 10 de septiembre, ya existía libre elección de médico y pediatra[1]. Además la Ley del 2009 abrió la posibilidad de elección a los/as médicos/as especialistas y la elección de centro sanitario[2].
La central de citas o Centro de Atención Personalizada, también conocido como Call Center, es el servicio telefónico encargado de dar todas las citas de pruebas, consultas e intervenciones a los pacientes. Antes no existía porque esta labor se realizaba en los Centros de Salud y de Especialidades. Desde su puesta en funcionamiento se privatizó y lo controla Indra. Su contrato terminó en 2016 pero se volvió a adjudicar a Indra, a pesar de que la Asamblea de Madrid había votado a favor de su reversión al SERMAS el gobierno de Cifuentes lo ignoró.
Todos estos mecanismos hacen de la “Libre Elección” una falacia. En primer lugar, el objetivo que se buscaba con la desaparición de las once Áreas Sanitarias era abrir a la competencia los centros sanitarios públicos y privados, además de dificultar cualquier atisbo de gestión racional de la Atención Primaria, eliminando la participación de profesionales y ciudadanía.
En segundo lugar, la libre elección de médico/a o pediatra ya existía, y en lo que se incrementó con la ley del 2009 sólo funciona para escoger hospital, porque no se puede elegir en la práctica el/la especialista.
[1] RD: “libre la elección de médico general y pediatra de entre los existentes en la correspondiente área de salud. Cuando se trate de núcleos de población superiores a 250.000 habitantes, la elección podrá realizarse entre los médicos generales y pediatras existentes en el conjunto de la localidad.”
[2] Así se justificaba la necesidad de la “Libre Elección” en el preámbulo de la Ley: “La Libertad es el valor esencial y el principio organizador de toda sociedad avanzada y necesita para su ejercicio efectivo materializarse en realidades concretas. Para ello es preciso dar más protagonismo a la sociedad y a los individuos que la componen y profundizar en la libertad de elección de los usuarios de los servicios públicos, en especial, de aquellos que más afectan a su esfera individual, como es la asistencia sanitaria”.
En tercer lugar, de lo que ha servido el CAP es para controlar las citas a los hospitales privados mediante diversos mecanismos fraudulentos. Pues al llamar a los pacientes se les indica en numerosas ocasiones que la cita en su hospital de referencia tiene una demora exagerada, cuestión que nadie puede comprobar, pero acto seguido se le ofrece otra cita en un hospital privado con una demora mínima, como está pasando en la práctica con los hospitales de Quirón Salud, en especial con la Fundación Jiménez Díaz.
El coste para el Servicio Madrileños de Salud (SERMAS) es enorme, pues estas pruebas o intervenciones que se realizan en estos hospitales privados, se las cobran a la Consejería de Sanidad con enormes sobrecostes, denunciados en numerosas ocasiones y puestos de manifiesto por la propia Cámara de Cuentas en el “Anteproyecto DE FISCALIZACIÓN HORIZONTAL OPERATIVA DEL GASTO SANITARIO Y FARMACÉUTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID EJERCICIOS 2011 A 2015”, algunas de cuyas páginas desaparecieron en el Informe final aprobado por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 4 de marzo de 2019[3]. Esto sucedió después de que la Cámara de Cuentas informase a la Consejería de Sanidad, y esta a su vez tuviese en cuenta las alegaciones que realizó la Fundación Jiménez Díaz al conocer el Anteproyecto.
Es decir que lo que está provocando todo el mecanismo planificado por el PP madrileño, y llevado a cabo por los Consejeros de Sanidad para que la sanidad fuera un “una oportunidad de negocio”, está funcionando a la perfección. Porque de lo que se están lucrando algunos hospitales privados, como los que son propiedad de Quirón Salud, es de la descapitalización de los hospitales públicos.
Como se puede observar en el cuadro siguiente elaborado con los datos de las Memorias del SERMAS, la ganancia en pacientes -derivados desde el CAP- de los hospitales privados de Quirón Salud, sólo en el último año asciende a 149.510 pacientes, lo que en los cuatro últimos años representa un crecimiento del 265 % de ingresos de pacientes en los hospitales privados, lo que se traduce en cientos de millones del presupuesto público que se reparten estos hospitales privados. Con el agravante de que los hospitales privados que hemos considerado para comparar con los públicos son de 2º nivel, el de Villalba y Rey J. Carlos, el de Valdemoro de primer nivel, y de tercer nivel la Fundación Jiménez Díaz. Es decir no comparables por la cartera de servicios menor que tienen los hospitales de nivel 2º y 1º, respecto de los cinco hospitales de 3er nivel, y dos de 2º de los hospitales públicos que pierden 156.012.
Es imposible pensar que esto sucede, como afirmó el Consejero de Sanidad cuando Podemos lo denunció en la Asamblea de Madrid, porque la gente prefiere esos hospitales… Esto solo puede suceder porque existen unas condiciones para que este negocio se pueda dar mediante los elementos que comentábamos al principio, lo que supone el hundimiento de los hospitales públicos y unos sobrecostes elevados para sanidad pública. De esta forma los hospitales de gestión pública cierran camas, dejan de contratar personal y sus listas de espera se disparan. Ante esto la población no puede asumir unas esperas interminables con patologías que empeoran, limitan su vida diaria, o el dolor hace mella en su bienestar.
No se puede tolerar que un gobierno venda de esta forma el sector público sanitario con el señuelo de la Libre Elección de Hospital como lleva 24 años haciendo el Partido Popular, en los cuatro últimos con el apoyo de C’s. No podemos dejar de denunciar hechos tan graves para que la población conozca lo que está sucediendo con la sanidad pública madrileña, porque sólo la movilización conjunta de los/as profesionales y la ciudadanía conseguirá frenar el desmantelamiento de un servicio público garante del derecho a la protección de la salud.
Carmen San José Pérez
