El próximo Gobierno deberá lidiar con una temporalidad en el sector público que sigue en el 26% pese a las convocatorias masivas de plazas
El Gobierno del PP acordó con los sindicatos reducir la temporalidad en el empleo público al 8% a finales de 2020 para acabar con el problema de la temporalidad
Cuando se firmó el acuerdo, en 2017, la tasa de temporalidad era de 24%. Tras la convocatoria de más de 167.000 plazas fijas ha subido al 26%, ya que los procesos son muy lentos y las administraciones han seguido contratando personal interino
Este viernes se aprobarán miles de nuevas plazas para la administración central, que sí va cumpliendo su meta y tiene en estos momentos una tasa de temporalidad del 1,93%, con lo que el principal problema son las CCAA y los ayuntamientos
En España hay entre 2,5 y 3,2 millones de empleados públicos. Es un sector cada vez más envejecido (el 43.4% de los trabajadores tienen más de 50 años mientras que los más jóvenes representan tan solo el 5.8%). Y también es un sector feminizado, ocupado en un 56% por mujeres, sobre todo en la Seguridad Social (60.7%) y la administración autonómica (67.5%). A su vez ellas son las que sufren más la temporalidad, diez puntos porcentuales más, en concreto. Por administraciones, la mayoría (el 51,9%) trabaja en las comunidades autónomas, seguido de la administración local (22,17%), el Estado (19,8%) y las universidades (6%).
Los datos se extraen del Boletín de Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que excluye, por ejemplo, el personal de entidades públicas empresariales y organismos públicos de administración central, autonómica y local (por eso cuenta 2,5 millones de empleados públicos). Y también de la Encuesta de Población Activa (EPA), que habla de 3,2 millones y que es asimismo la fuente de información sobre la tasa de temporalidad en el sector.
A este último respecto, cuando se firmó el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en marzo de 2017 la tasa de temporalidad era del 24,1%. La intención era que en un plazo de tres años, a finales de 2020, se hubiera rebajado la temporalidad en la administración al 8%, que es lo que considera razonable la Unión Europea. Una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE del año 2016 determinaron que la administración española estaba abusando de las contrataciones temporales, que la ley española debía incluir más elementos disuasorios para evitar esta temporalidad, y que los funcionarios interinos que encadenaran fraudulentamente este tipo de contratos podrían ser considerados trabajadores indefinidos no fijos.
Para alcanzar la meta del 8%, se calculó que deberían convocarse entre 250.000 y 350.000 plazas (de nuevo depende de las fuentes consultadas).
Desde entonces se han publicado en los distintos boletines oficiales entre 167.000 y 169.000 puestos, sin contar los miles que va a aprobar este viernes el Gobierno para la Administración Central del Estado. Pero la última EPA (cuarto trimestre de 2018) refleja que la tasa de eventualidad en el empleo público no solo no ha bajado sino que se ha elevado ligeramente, hasta el 26%, la cifra más alta de la última década.
¿Por qué ocurre esto? Pues por dos motivos: por un lado, porque desde que se publican las plazas hasta que se cubre el puesto se produce una convocatoria, oposición o concurso-oposición, seguido de resolución. Y todo ello está ocurriendo a un ritmo «excesivamente lento» a juicio de Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de FSC-CCOO. Si normalmente el plazo entre la publicación y la resolución debería producirse dentro del año natural, ahora se está yendo a año y medio, afirma Pinillos.
De este modo, es de suponer que el año que viene la tasa de temporalidad bajará, una vez se ocupen efectivamente los puestos. En todo caso, los sindicatos advierten de que no se logrará alcanzar la meta del 8% si las administraciones no aceleran los procesos. En el caso de la administración central la tasa de temporalidad ya solo es del 1,93% del total (era del 8% en 2017). El principal problema se produce en ayuntamientos y comunidades.
El segundo motivo para que haya subido la tasa de temporalidad es que las administraciones públicas han seguido aumentando las contrataciones eventuales. Hay sectores, como la Educación y la Sanidad, que dependen de las comunidades autónomas donde el problema de la temporalidad es muy acusado. Las comunidades que más crecieron en efectivos en el último año han sido Comunidad Valenciana (27.500; 10.9%); Andalucía (25.600; 4.6%); Catalunya (18.600; 4.6%); y Comunidad de Madrid (13.100; 2.9%). En cuanto a la temporalidad, y centrándonos en las CCAA donde más ha variado la ocupación, se observa que en la Comunidad Valenciana se ha producido un aumento del empleo temporal en un 22.2% (+13.600), frente al crecimiento del 7.3% del empleo indefinido (13.900). En Catalunya la contratación temporal ha subido en un 29.4% (24.100), frente al descenso del 1.8% de indefinidos (-5.700).
Qué pasa con los interinos
Según datos recopilados por CSI-F en la Comisión de Empleo y estabilización del Acuerdo de marzo de 2017, desde aquella firma se publicado 167.366 plazas. Justicia (5.437 convocadas) y Educación (23.000 ejecutadas de las 56.589 convocadas) son los sectores en los que se están cubriendo las plazas con más rapidez. Además, se han convocado 76.184 puestos fijos en Sanidad; 23.766 en Administración General y 5.390 en Administración General del Estado.
Solo en el ámbito de la Administración General del Estado, ha habido 11.095 plazas de nuevo ingreso y 6.204 de promoción interna, así como 323 plazas con carácter extraordinario para reforzar la atención a asilados y refugiados (estas últimas están aún ocupadas por interinos, según fuentes de CCOO). Otras 7.688 plazas se han convocado para docentes, fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Una buena parte de estos puestos estaban cubiertos por trabajadores interinos, que en parte se han organizado por considerarse los grandes abandonados de todo este proceso. En ocasiones, son personas que llevan años trabajando para una administración o en un empleo público, y que deben enfrentarse en igualdad de oportunidades con alguien que no tiene experiencia alguna. No ocurre siempre esto, ya que en los procesos de concurso–oposición la antigüedad concede puntos adicionales, lo que no quiere decir que no estén abiertas también a aspirantes sin
experiencia en el puesto. Desde que comenzó el proceso, se han convocado unas 8.000 plazas por concurso–oposición, según datos del Ministerio de Función Pública.
«Llevamos años viviendo en la excepcionalidad en política de recursos humanos. La excepcionalidad se ha convertido en norma», lamenta Frederic Morell, secretario de organización de FeSP UGT. A su juicio, el proceso abierto ahora debe suponer que se efectúen ofertas permanentes empleo público, de manera que no se produzcan «cuellos de botella» como el actual tras todos los años en los que no se convocaron oposiciones. También cree que hace falta un plan plurianual que determine donde hacen falta realmente empleados públicos.
Al respecto, el Ministerio de Función Pública asegura que en la oferta de empleo público que previsiblemente aprobará el viernes el Consejo de Ministro «por primera vez se ha realizado un estudio sobre el envejecimiento del personal de la AGE, sobre las canteras de opositores y sobre las previsiones a tres años».
