El daño está hecho, y la respuesta no puede ser tibia, ni puede volver a donde estábamos antes de abril de 2012, porque hemos recorrido un camino que no se puede obviar: la exclusión ha ganado pasos, pero seguida muy de cerca por las prácticas de universalidad desde abajo, que en ocasiones la han adelantado. Este aprendizaje nos dice que el único aparato legislativo que puede “devolver” la universalidad a la sanidad debe ser claro, audaz, y nuevo en su propósito de blindar la sanidad universal.
Desde la publicación del RDL 16/2012 el ataque sufrido por la universalidad ha sido muy fuerte, y ha supuesto un grave retroceso tanto en la concepción como en la práctica de dicha universalidad en el acceso al sistema sanitario. La ley no sólo ha dañado la progresión de nuestras leyes hacia la universalización de la asistencia sanitaria, sino que ha activado prácticas de exclusión y segregación en centros sanitarios de todo el estado, que han ido más allá de la propia ley, como diversas organizaciones y colectivos sociales han demostrado a lo largo de estos seis años1: facturaciones en urgencias, denegación de asistencia a mujeres embarazadas y menores, denegaciones ilegales de tarjetas sanitarias…y muertes evitables provocadas directa e indirectamente por el decreto, tal y como ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Universitat Pompeu Fabra.
El daño está hecho, y la respuesta no puede ser tibia, ni puede volver a donde estábamos antes de abril de 2012, porque hemos recorrido un camino que no se puede obviar: la exclusión ha ganado pasos, pero seguida muy de cerca por las prácticas de universalidad desde abajo, que en ocasiones la han adelantado. Este aprendizaje nos dice que el único aparato legislativo que puede “devolver” la universalidad a la sanidad debe ser claro, audaz, y nuevo en su propósito de blindar la sanidad universal.
La nueva ley debe resolver no sólo el horizonte del acceso universal a la atención sanitaria, sino los pasos que este fin conlleva, solventando cada una de las trabas burocráticas que dificultan dicho acceso.
Para ello, nos parece imprescindible que el nuevo texto legal incorpore las siguientes consideraciones: