El grupo de trabajo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad presenta el informe ‘El papel del sector privado en los Presupuestos de la Consejería de Sanidad en 2015’, en el que muestra la sangría de dinero público que se dedica a financiar actividades con medios ajenos.
Casi uno de cada dos euros del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid va a manos privadas. Es lo que se desprende del informe El papel del sector privado en los Presupuestos de la Consejería de Sanidad en 2015, presentado hoy por el grupo de trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad.
Así, de los más de 7.292 millones de euros de presupuesto público para sanidad, se han destinado a actividades realizadas con medios ajenos al menos 3.143,9 millones, un 43,11% del presupuesto. Sin embargo, si se tienen en cuenta, entre otros, datos como la fortísima desviación al alza del gasto farmacéutico, que estaba previsto en 1.584 millones y ha sido finalmente de 2.112 millones, se concluye que casi el 50% del gasto sanitario público acaba en manos privadas.
De hecho, el gasto farmacéutico, el que engloba la compra de productos farmacéuticos por los hospitales públicos, la prescripción de recetas médicas en Centros de Atención Primaria y el Plan Estratégico de Farmacia, es uno de los más importantes, ya que supera el 30% del gasto de la Consejería de Sanidad en el año 2015. Frente a esto, el grupo de Audita Sanidad invita a una reflexión sobre la necesidad del uso de medicamentos genéricos y añade que el uso de productos de marca cuando existe un equivalente genérico con la misma eficacia “sólo puede entenderse como una política destinada a beneficiar directamente a las grandes multinacionales farmacéuticas”.
Los conciertos, convenios y concesiones se llevan la segunda gran tajada del pastel, más de 1.245 millones de euros, un 17,1% del presupuesto de la Consejería de Sanidad. Este porcentaje, además, se sitúa muy por encima del 12% de la media en el resto del Estado. En este apartado se engloban las concesiones con los cuatro hospitales modelo PPP (gestión enteramente privada) y los siete de modelo PFI (gestión privada de los servicios no sanitarios), que este año alcanzan los 425 millones de euros en concepto de canon. Según indica Vicente Losada, miembro de Audita Sanidad y de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, hay estudios que demuestran que este modelo provoca un gasto siete veces superior que si la gestión de estos hospitales fuera asumida enteramente por la Consejería de Sanidad.
También dentro de esta partida se engloban gastos como los realizados por “empresas de proceso de datos”, y es que, según denuncian desde este grupo, la Consejería de Sanidad es la única que ha privatizado los servicios informáticos, mientras que en las demás corren a cargo de una agencia pública. En financiar este servicio se van 42,6 millones de euros, mientras que el servicio privado de ambulancias se lleva 56 millones de euros. Otros conceptos, como los conciertos con la Fundación Jiménez Díaz o con el Laboratorio Clínico Central, obtienen un 5,30% del presupuesto, 386,3 millones de euros.
Quirónsalud se traga el dinero público
Precisamente, la Fundación Jiménez Díaz pertenece a Quirónsalud (anteriormente IDC, y anteriormente Capio), al igual que tres de los cuatro hospitales de modelo PPP (Rey Juan Carlos I de Móstoles, Hospital de Valdemoro y Hospital de Collado-Villalba), y los Centros de Especialidades de Quintana y Pontones. El dinero público recibido por Quirónsalud por estos conceptos se acerca a los 516 millones de euros, más de un 7% del presupuesto de la Consejería. Pero a esto habría que sumar varios millones más por su acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer, a su vez contratada por la Comunidad de Madrid, para hacerse cargo de las mamografías desde 2012 a 2016. Así, en total, los recursos públicos transferidos al gigante de la sanidad privada serían de 517,75 millones de euros.
La transparencia a examen
Después de un trabajo de investigación de varios meses para desgranar los contratos correspondientes a los 3.143 millones que se han entregado a la privada, el grupo sólo ha podido identificar un 60,2%. El otro 39,80% de los contratos no han podido ser identificados, pues se hallan dentro de una “estructura absolutamente opaca”. Y es que todos los contratos inferiores a 18.000 euros pueden ser adjudicados sin publicidad y a dedo. “Sospechamos que puede haberse fraccionado muchos contratos en varias partes, convertir uno de 60.000 euros en cuatro de 15.000, y eso sí sería grave, ilegal e ilegítimo”, indica Losada.
Para tratar de arrojar luz sobre ese 40% de actividades opacas, desde Audita Sanidad se pretende solicitar la información a través del Portal de Transparencia. Sin embargo, el grupo denuncia que al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que hasta ahora tenía las competencias en esta materia, la Comunidad de Madrid le ha quitado las competencias desde julio y las ha transferido temporalmente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un consejo con el que, sin embargo, no ha firmado ningún convenio. “En esta situación, es de suponer que cualquier denuncia o petición de los ciudadanos en estos meses haya ido a un cajón”, añade.
Juan Luis Ruiz Giménez, también miembro de Audita Sanidad y de la Marea Blanca, indica que todo esto muestra cómo se “orienta las políticas presupuestarias para privatizar el sistema sanitario público y para que éste pierda poder”. Además, ha indicado que los recortes en los presupuestos públicos “han ido aparejados en los últimos años con un aumento de la inversión privada y también con un mayor gasto por parte de los ciudadanos”.
Por su parte, Losada ha declarado que “los presupuestos siempre muestran el marco ideológico en el que se mueven, y los de la Consejería de Sanidad de 2015 muestran la ideología liberal que los sustenta y por dónde nos quiere llevar el equipo de Cristina Cifuentes”. Además, alerta sobre la insuficiencia de protagonismo político y mediático de la deuda, que “es el eje utilizado por los gobiernos del PP para justificar políticas de austeridad y recortes” pero que, después de todos esos recortes, ha continuado creciendo, en el caso de la Comunidad de Madrid, hasta los 27.600 millones de euros.
Desde el grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad denuncian “la política sanitaria del Gobierno del PP, que ataca el Estado social, restringe derechos, empobrece servicios públicos y promueve el sector privado con instrumentos diversos”, y exigen una gestión de los recursos públicos “fundamentada en una total transparencia”, además de reivindicar la realización de una auditoría ciudadana de la deuda que permita establecer qué parte de la deuda es ilegítima y, en su caso, declarar su impago.
Fuente: Diagonal
