Marea Granate y Yo sí sanidad universal publican un informe las formas en las que la población emigrada puede ser expulsada del sistema nacional de salud español, que con las últimas reformas se ha convertido en un sistema de tipo Bismarck.
LAURA CRUZ
BERLÍN. -En una de sus visitas a España, a Marina le ocurrió algo inesperado. Al ir al médico con su bebé de pocos meses, que tenía una infección de oídos, le dijeron que no tenían derecho a que le atendiesen por no pagar impuestos en España. Viven en Australia pero el niño tiene nacionalidad y pasaporte español. Lo mismo le ocurrió a Jaime, que aún enseñando la tarjeta sanitaria de Alemania, tuvo problemas para que atendiesen a su hijo. “Le hicieron una radiografía y al día siguiente debían verle en consulta, pero me dijeron que al ser español con residencia en otro país no le podían atender”, cuenta.
Marea Granate y el colectivo “Yo sí, sanidad universal” han recopilado cientos de casos de exclusión sanitaria en el Registro estatal para la denuncia sanitaria (R.E.D.E.S), un informe conjunto que documenta las formas en las que la población emigrada puede ser expulsada del sistema nacional de salud español, que con las últimas reformas se ha convertido en un sistema de tipo Bismarck, en el que el derecho a la sanidad depende de la cotización laboral de la persona, penalizando a quienes no pagan impuestos en España. Los bloques en los que han clasificado esta exclusión son cinco: facturación a menores de edad, denegación de la tarjeta sanitaria europea (TSE), negación de asistencia gratuita en España, negativa o dificultad de atención sanitaria exterior y dificultades con la tarjeta sanitaria española.
En algunos casos ni siquiera en urgencias la atención fue satisfactoria. Es el caso de Manuela, que acudió con su hijo de 5 años al hospital porque tenía una crisis asmática. “Durante más de 35 minutos el personal de urgencias nos negó la posibilidad de ser atendidos aludiendo a problemas de validez de nuestras tarjetas sanitarias. Sólo nos pasaron a la sala de espera cuando firmamos un papel en el que nos comprometíamos a pagar los gastos de la visita”.
Al emigrar, la denegación de la tarjeta sanitaria europea se convierte en un problema al llegar al nuevo país, en el que todavía no se está cubierto sanitariamente. A Pelayo, estudiante de 21 años, le denegaron la tarjeta sanitaria europea porque su madre tenía un contrato temporal.
El Real Decreto de abril de 2012 sacó del sistema a la gente que no cotizaba. Se les denominaba “personas sin recursos” a partir de los 26 años y se les daba una tarjeta sanitaria propia, pues ya no podían ser beneficiarios de sus familiares. Quienes no se dieron de alta acogiéndose a esta nueva modalidad, eran automáticamente eliminados del sistema porque se asumía que habían emigrado. Con la reforma de finales de 2013, si siendo personas sin recursos expresan su voluntad de marcharse, se sustituye la tarjeta sanitaria europea por un papel válido para 90 días. Este documento, escrito únicamente en castellano, no es aceptado en algunos países europeos por desconocimiento del mismo.
La inscripción como residente permanente en el consulado para ejercer el derecho al voto desde el exterior también se ve condicionada por la posible pérdida de la sanidad. Esa duda tuvo Sonia R., “pensé en no inscribirme en el consulado por no dejar constancia de que hace ya un año que resido en Alemania, pero quería renovar mi pasaporte y votar, así que tuve que hacerlo”.
Al recibir asistencia sanitaria en España, en muchos casos se obliga a la gente a firmar una obligación de pago. Así le sucedió a Virginia, a quien se negaban a atender en el hospital de la Fe de Valencia. “Debido a la necesidad de ser atendida firmé que pagaría los 119 euros que me exigían”. También Coral se vio en la misma situación. “Me encontraba fatal y fui a urgencias con mi tarjeta sanitaria española. Al decirme que no era válida y tenía que pagar, acepté porque cada vez me encontraba peor”.
Residir fuera de Europa plantea el problema de no tener ninguna cobertura sanitaria por falta de convenios (ya que la Tarjeta sanitaria Europea es válida sólo en Europa) desde el primer día que sales del país, con el añadido de la exclusión al volver. En esa situación está Jorge Castrillón, residente en Uruguay. “Volví a Valladolid a los dos años de emigrar y quería hacerme un chequeo con mi médica de toda la vida. Cuando les di la tarjeta sanitaria española en vigor dijeron que no era válida porque estaba dada de baja. Me dijeron que podían atenderme, pero que necesitaba ir a la gerencia a hacerme una tarjeta especial. Eso implicaba que me asignaban otro médico y otro centro de salud”.
María Almena es una de las portavoces del grupo de sanidad de Marea Granate. Dice que uno de los mayores problemas tras la implantación del real decreto sanitario es que las oficinas de la Seguridad social ahora no las gestiona el ministerio de sanidad, sino el de empleo. “Es por eso que se condiciona el derecho a la sanidad a la tributación en España.
Anteriormente no era así. Desde Marea Granate queremos hacer visible no sólo la exclusión sanitaria de quienes hemos emigrado, sino también la de otros colectivos que se han convertido en más vulnerables tras esta reforma, como son los migrantes en situación no legal o los familiares reagrupados”, explica. Este último grupo lo componen los familiares de migrantes que residen de forma legal en España y tienen trabajo. En ocasiones sus familiares más mayores se vienen a vivir con ellos y son dependientes. En estos casos se da un paradigma ilógico: están excluídos del sistema sanitario español por no ser de nacionalidad española pero los seguros privados tampoco aceptan su aseguración por motivos de edad o enfermedad, ya que a las aseguradoras no les sale rentable.
El gran dilema si ocurre alguno de estos casos es cómo volver a entrar en el sistema. Según María “para volver a entrar en el sistema sanitario se creó la “Ley de segunda oportunidad” del PP, que casualmente fue aprobada justo antes de la disolución de las cortes ante las elecciones del 20-D. Sin embargo, sólo se aplica para emigrantes con trabajo. Éstos pueden pedir la tarjeta sanitaria. Es elitista, pues no se piensa en la gente desempleada, que son uno de los colectivos con más vulnerabilidad”.
Para denunciar que la sanidad debe volver a ser universal, gratuita y no ser tratada como un negocio, Marea Granate está elaborando una encuesta en la que animan a intentar pedir cita médica para comprobar si la tarjeta sanitaria continúa activa o ha sido dada de baja. “Nos están sorprendiendo los resultados, pues más de un tercio de la gente tiene su tarjeta desactivada por sorpresa, sin previo aviso”, relata María.
Juan Luis Ruiz es un médico de Madrid que fue objetor de conciencia hasta su reciente jubilación. Pertenece al colectivo sanitario “Yo sí, sanidad universal” que también ha elaborado este informe. Para Juan Luis “el Real decreto es inmoral. Y además nos encontramos con situaciones en las que incluso se incumple la ley, ya que en urgencias se debe atender a todo el mundo, cosa que no está ocurriendo siempre. La gente, al verse en la situación de tener que abonar una factura o no ser atendidos, prefieren recibir la atención a pesar de tener que pagar. Nosotros recomendamos que no firmen nunca la obligación de pago”.
Si la factura ya ha sido emitida y firmada, todavía se puede actuar, “acompañamos a la gente en todas las situaciones en las que podemos. Hacemos reclamaciones en el propio centro sanitario y normalmente se retiran esas facturas. Pero claro, esto sólo es una punta del iceberg, pues mucha gente no lo cuenta públicamente ni pide ayuda. Si te comprometes a pagar y lo haces, desde la administración se acepta sin problema alguno”, explica.
Estos dos colectivos quieren conseguir, además de la derogación del real decreto, la emisión de tarjetas sanitarias europeas y españolas en condiciones igualitarias. El motivo es muy sencillo, según cuenta Juan Luis, “los objetores seguimos atendiendo a pesar de la exclusión, pero tenemos muchas dificultades, por ejemplo en el momento de tener que derivar al paciente a un especialista y también nos enfrentamos a la falta de medios. Sin tarjeta sanitaria o empadronamiento la administración te dificulta que atiendas a una persona que no está dentro del registro sanitario. La única solución es volver al sistema universal que teníamos anteriormente”.
Fuente: Público
