La CNMC ve "indicios suficientes" de ilegalidad en el intento de privatización de seis hospitales en Madrid en 2013
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ratificado que «resulta evidente que existían indicios más que suficientes» para poner en duda el proceso de adjudicación de licencias de seis hospitales de la Comunidad de Madrid en 2013, pero archiva la causa por falta pruebas y por no llegar a firmarse finalmente los contratos.
La CNMC critica duramente la investigación de los hechos realizada por el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) de la Comunidad de Madrid al considerar que «debía haber desarrollado una investigación de mayor profundidad y exigencia que la simple remisión de unos requerimientos de información a las empresas licitantes y a la Consejería de Sanidad».
A raíz de las denuncias interpuestas ese año por Unión Progreso y Democracia (UPyD) y la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por «un posible acuerdo previo en la licitación y adjudicación del contrato de servicios» de seis hospitales madrileños (Hospital Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Tajo y Hospital del Suroeste) entre determinadas empresas y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el SDC investigó los hechos y expuso sus conclusiones a la CNMC, comisión que el 11 de julio de 2015 dictaminó su resolución.
Entre las posibles irregularidades expresadas en la denuncia se encuentran la falta de difusión de los contratos, el poco tiempo de plazo para la presentación de ofertas desde que se anunció la licitación y la modificación introducida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cuatro días antes de que se cerrará el plazo de presentación, cambiando que «la oferta económica más ventajosa debía alcanzar el 5 por ciento del importe anual del contrato y no del importe global del mismo».
A raíz de estas exposiciones, la CNMC recoge, en primer lugar, que al no llevar los hospitales «aparejada la construcción de obras» no tendrían en principio obligación de publicación más allá de los diarios oficiales autonómicos pero considera que siendo una cantidad superior a 4.000 millones de euros, «hubiera sido recomendable una mayor difusión» con el objetivo de obtener más participantes.
Asimismo, la CNMC manifiesta que las licitaciones tuvieron un plazo reducido para la presentación de ofertas, concretamente un mes, un período que puede resultar «escaso» dada la complejidad de los requisitos de participación y los criterios de valoración.
En relación a la modificación introducida por Sanidad, cuatro días antes de que se cerrará el plazo, la Comisión cree que dado el volumen de información que las empresas tenían que presentar este cambio planteó dificultades, dándose el caso de que alguna compañía que hubiera descartado participar quisiera modificar su decisión pero no tuviera tiempo para presentar la documentación.
La CNMC apunta, además, en su resolución que hubo «una escasa participación» de empresas oferentes, al haber solo una por cada lote, y unos precios ofertados sin apenas rebaja sobre el presupuesto máximo de adjudicación.
Tras estas conclusiones, pero al no ser investigados con mayor profundidad los hechos por el SDC, la Comisión decide no incoar procedimiento sancionador y archiva al caso, manifestando que no cabe recurso alguno por su vía administrativa, pero sí en el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional.
