La atención hospitalaria en Madrid para los vecinos de las provincias de Toledo y Guadalajara podría encubrir un intento por sanear las cuentas de los hospitales de gestión privada construidos por Aguirre. Al menos así se evidencia en un dictamen del Consejo Consultivo de Madrid emitido el 4 de marzo de 2015 en “relación al proyecto de convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la prestación de asistencia sanitaria especializada en determinadas zonas limítrofes de ambas Comunidades Autónomas”.
En su momento, María Dolores de Cospedal lo ‘vendió’ como un logro de su administración: “Con el convenio sanitario firmado con Madrid derribamos barreras y reforzamos nuestro compromiso con una sanidad pública, universal, gratuita y sostenible”, afirmó. Pero un informe del Consejo Consultivo de Madrid aporta interesantes datos sobre la dimensión económica de este asunto.
El convenio firmado supone incrementar ingresos en unos hospitales que no rentabilizan sus recursos
En dicho dictamen, elaborado en marzo de 2015 se asegura que dicho convenido es ajustado a derecho y además “justifica no solo la inexistencia de incremento de gastos para la Comunidad de Madrid en virtud del convenio, sino que al contrario está previsto un incremento de ingresos”.
Unas páginas más adelante, destaca que estos hospitales “no tienen un volumen de actividad suficiente para rentabilizar los recursos mínimos necesarios para atender a su población y que tienen capacidad excedentaria de recursos humanos disponibles”. ” Por lo que adscribir mayor población va a permitir incrementar la eficiencia de estos hospitales y “disminuir las aportaciones de capital complementarias que la Comunidad de Madrid debe hacer cada cierre de ejercicio para equilibrar la cuenta de resultados de estas empresas públicas”, concluye el dictamen.
De hecho, el órgano consultivo pone de manifiesto que antes de la firma del convenio, pacientes de esta comunidad acudían “tradicionalmente y por motivos de cercanía” a las Urgencias de los hospitales madrileños “sin contraprestación económica alguna para la Comunidad de Madrid ya que el Fondo de Cohesión prevé las canalizaciones entre Comunidades para actividad programada de hospitalización”.
Es decir, que el convenio supone de hecho una ‘oportunidad de negocio’, de incrementar sus ingresos para los hospitales Infanta Cristina y del Tajo, inaugurados bajo los principios de gestión privada.
Pero además, el dictamen enumera como muy positivos dos aspectos contemplados en el convenio, “la forma de pago de la atención a los pacientes de Guadalajara, que ahora se establece con periodicidad mensual, en lugar de anual prevista en el borrador inicial, así como que el Servicio Madrileño de Salud determinará las necesidades de nuevas inversiones y recursos humanos requeridos para la ejecución del convenio, que deberán ser abonadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.
Es decir, que Castilla La Mancha no solo aporta pacientes, sino también una inyección de dinero extra si hiciera falta la ampliación de personal u otro tipo de inversiones. “Ante la posibilidad de que las solicitudes de atención especializada por la población de Toledo fueran muy elevadas, con la consiguiente necesidad de que los hospitales madrileños precisaran recursos complementarios, las fases tienen por finalidad acompasar los posibles gastos derivados de estos recursos complementarios con los ingresos generados por la cápita correspondiente a esta población”.
El convenio suscrito contaba con tres fases que contemplaba en la segunda “una incorporación de un máximo de 20.000 habitantes al Hospital Universitario del Tajo y un máximo de 40.000 habitantes al Hospital Universitario Infanta Cristina, y una tercera fase, en la que está prevista la incorporación del resto de población de la provincia de Toledo”.
Infanta Cristina y del Tajo, dos hospitales de gestión privada
Los nuevos hospitales construidos en la era Aguirre pertenecen, durante los próximos 30 años, a constructoras, inmobiliarias, empresas de gestión sanitaria o fondos de capital riesgo con sede en el extranjero.
La constructora Hispánica, junto con otras dos firmas, consiguió la adjudicación del hospital del Tajo (Aranjuez) en 2005. En 2009 la compró el grupo Essentium y le cambió la denominación social: ahora se llama Assignia Infraestructuras y mantiene el 40% del accionariado. Algo parecido ocurre en el Hospital de Aranjuez o el Infanta Cristina, cuya gestión fue traspasada a una empresa privada.
A pesar de este beneficioso convenio para las arcas de los hospitales, a lo largo del verano se han reiterado denuncias en estos hospitales por la saturación de urgencias y anteriormente, los vecinos de la zona denunciaron que el convenio suponía, por ejemplo, para el hospital del Tajo (Aranjuez) doblar su carga de trabajo (pasar de 70.000 habitantes a 120.000). A pesar de ello los sindicatos denuncian que no se haya contratado a nadie en este centro, salvo algún caso eventual de contratos por tres días, ni se hayan ampliado las instalaciones de Urgencias, lo que provoca el colapso.
El nuevo gobierno de Castilla La Mancha ha anunciado que suprimirá el convenio suscrito.
