- Cada apertura de un un hospital gestionado por contratistas conlleva el cierre de los centros especializados de gestión pública
- «La asistencia económicamente rentable es la que ve muchos pacientes nuevos, no la que hace seguimientos», analiza la Asociación Madrileña de Salud Mental
- Los servicios externalizados se especializan en la atención básica y en muchos casos dejan para los 100% públicos las urgencias y los ingresos
Raúl Rejón 15/11/2014
Inauguración del ambulatorio de Navalcarnero que gestiona IDCSalud.
Es una correlación casi matemática: cada hospital privatizado que adjudica la Comunidad de Madrid se lleva por delante los recursos directamente públicos de atención a los enfermos mentales de la zona. Allí donde se implanta un centro gestionado por una empresa cuyos ingresos dependen del número de pacientes que maneja, los centros de Salud Mental son borrados del mapa: los enfermos quedan abocados a acudir al hospital privatizado.
La fórmula ha sido aplicada por la sanidad madrileña en sucesión perfecta en Torrejón de Ardoz, Navalcarnero-Móstoles y, más recientemente, en Villalba. En este último caso, el hospital de IDCSalud (ex Capio) abierto en octubre por encargo de la Consejería de Sanidad, (con dos años de retraso) ha provocado, a los pocos días, que el Centro de Salud Mental del municipio quedara clausurado. El capítulo más reciente del modelo más avanzado de privatización sanitaria en España.
El número de atenciones aporta dinero a los contratistas, por lo que el flujo de pacientes hacia hospitales adjudicados es fundamental. Los centros de salud mental que la Comunidad de Madrid ha ido desmantelando estaban adscritos a hospitales 100% públicos. Al desaparecer, los enfermos deben tratarse en el hospital directamente o pasar por los nuevos ambulatorios creados por la Comunidad de Madrid y gestionados por las sociedades adjudicatarias. Así ya pueden computar los tratamientos para sus facturaciones. La ley madrileña establece un área única sanitaria y una libre elección de especialista (para el mismo proceso médico) por lo que la Administración defiende que cada uno puede escoger donde ser atendido.
En el desagüe de este esquema queda las necesidades específicas de los enfermos, cuentan en la Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM). El modelo, dicen, «transforma en mercancías facturables las intervenciones sanitarias, de tal manera que se introducen criterios de rentabilidad». Y lo más aprovechable en la salud mental «es la evaluación de pacientes nuevos». Un centro «rentable», según estos sanitarios, «es aquel que ve muchos nuevos pacientes y hace pocos seguimientos». Se aleja bastante de los «equipos de salud más cercanos al paciente y multidisciplinares» apostando por llevarlos al hospital directamente.
Este es el esquema: la Comunidad de Madrid planea un hospital de gestión privada. Lo adjudica. Se inaugura y a los meses se evapora el único recurso que puede hacerle sombra en la zona: el cuidado de enfermos mentales. El calendario refleja cómo se ha cristalizado esta estrategia sanitaria.
En septiembre de 2011, se abría un hospital en Torrejón de Ardoz (125.000 habitantes). Hasta julio de 2012, la atención a los enfermos mentales se realizaba por el equipo de sanitarios públicos de la ciudad. Justo en ese mes, Sanidad reabría un centro de especialidades que gestionaría la empresa privada adjudicataria: en ese momento Ribera Salud. Según el Gobierno regional « se invirtieron 3,5 millones de euros en obras y equipación«. El centro 100% público cerró ese mismo mes.
Mientras, IDCSalud comenzaba a dirigir el hospital Rey Juan Carlos en Móstoles (180.000 cartillas asignadas) en marzo de 2012. La atención mental de buena parte de las áreas que le otorgó la Comunidad de Madrid era llevada por los profesionales del centro ubicado en la localidad de Navalcarnero (25.000 habitantes) y adscrito al Hospital Universitario de Móstoles –de gestión pública–. Tras un año de sangría en la que los pacientes eran convocados para acudir al hospital privatizado, ese recurso regentado públicamente fue cerrado en septiembre de 2013. Al mes siguiente, el entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty inauguraba un centro de especialidades otorgado a IDCSalud en Navalcarnero. La Consejería de Sanidad calculó en 1,1 millones su inversión en esa infraestructura.
Economía de escala sanitaria
Si los hospitales empresariales no renuncian al volumen de pacientes que aporta la salud mental, en varios casos sí se desprenden de las complicaciones que pueden implicar. De los centros totalmente privatizados de reciente creación (Móstoles, Torrejón y Villalba), sólo el primero, el Rey Juan Carlos, tiene servicio de urgencia para estas patologías, según la guía oficial de recursos de la Comunidad de Madrid. Si surge una necesidad acuciante… al hospital público.
Se da el caso de que, además, la mayoría se desentiende de la hospitalización de estas enfermedades. En el Infanta Elena de Valdemoro y el de Torrejón ni siquiera han tenido capacidad para ingresar a los pacientes psiquiátricos. El centro de IDCSalud (Valdemoro) traslada a sus pacientes hasta Móstoles, al Rey Juan Carlos. El flujo de enfermos no sale del mismo ámbito empresarial. A costa de un viaje de casi 30 kilómetros. La adjudicación del hospital privatizado de Villalba no ha traído camas para esta especialidad ni tampoco urgencias psiquiátricas. «Es casi como una economía de escala: responde a un modelo empresarial en el que la sociedad monta una unidad donde derivar a todos los pacientes de estas características», analizan en la AMSM.
En el caso de Torrejón, Sanitas (la empresa que compró la concesión a la primera adjudicataria, Ribera Salud) tiene alquiladas unas camas para los ingresos en el hospital privado Nuestra Señora de la Paz en Madrid. Un trayecto de 20 kilómetros entre ciudades. «Es muy caro montar una unidad de hospitalización pequeña –de 10 o 12 camas– que exige tener, por lo menos, un psiquiatra en la planta y organizar unas urgencias», rematan en la AMSM.
