El nuevo tratado de comercio entre EEUU y la UE (TTIP): ¿oportunidad o gran amenaza?
Es el mayor acuerdo de libre comercio jamás negociado en la Unión Europea. De llegar a firmarse, crearía la mayor área comercial del mundo. Se negocia desde el año pasado sin un debate público sobre su contenido y entre acusaciones de falta de transparencia y sumisión a los intereses de las grandes multinacionales. Según la Comisión Europea, a quien los 28 Gobiernos de la UE le han encargado la negociación, «la economía europea podría beneficiarse con 119.000 millones de euros al año y la estadounidense con unos 95.000 millones de dólares». Una media de 500 euros por hogar, una inyección del 0,5% del PIB europeo y la creación a medio o largo plazo de cientos de miles de trabajos. Para sus defensores, es el ‘supertratado’.
¿Una ganga? Los acuerdos comerciales no sólo implican una rebaja de trabas burocráticas y aranceles. Son en sí mismos una expresión de diplomacia, fomentan la competencia, producen deslocalizaciones o la aparición y declive de sectores. Su entrada en vigor producirá un miniseísmo económico en la UE de consecuencias inciertas. Por eso y por la manera en la que se está negociando, ha generado un aluvión de críticas y la aparición de plataformas a favor y en contra. El HuffPost ha hablado con PP, PSOE, Podemos y Equo para desentrañar los pros y los contras.
TRANSGÉNICOS, LEGISLACIÓN LABORAL, SERVICIOS PÚBLICOS
Si hay que pactar una legislación común, ¿quién cederá o impondrá la suya? Es, quizás, una pregunta muy simplificada y de respuesta imposible. Pero no faltan ejemplos.
Por razones culturales y económicas, EEUU es un firme defensor de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos, que en la UE generan muchas resistencias y encendidos debates. En EEUU se lava el pollo con cloro para eliminar patógenos, algo que está prohibido en la UE. En la UE existe el principio de precaución, no sólo para alimentos. Es decir, ante indicios de efectos nocivos de un alimento o un avance técnico, se pueden poner en marcha vetos o medidas protectoras. EEUU no ha firmado más que un par de acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo en materia de derechos laborales, mientras que la UE está a la vanguardia.
La participación de numerosas multinacionales en las negociaciones y una apertura al mercado también ha generado dudas sobre la liberalización y apertura al sector privado de sectores públicos estratégicos.
«Hay puntos controvertidos, pero en lineas generales, el acuerdo será muy beneficioso para la economía europea y española», según Santiago Fisas, eurodiputado del PP y miembro de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. «Creará 400.000 puestos de trabajo, más de 100.000 en España, aumentará el PIB en un 0,5% en Europa», destaca. El PP ha promovido en el Congreso un requerimiento al Gobierno para que pida más presteza a los negociadores, que ya han celebrado siete rondas de discusiones.
El PP defenderá «las garantías europeas en sectores clave», según Fisas, que rechaza la idea de que hay una conspiración para aprobar por la puerta de atrás un tratado para favorecer a las grandes multinacionales.
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UN TRIBUNAL CON EMPRESAS PARA RESOLVER CONFLICTOS
Casi tan importante como el acuerdo es la manera de resolver un conflicto. ¿Qué pasa si un Gobierno impulsa una ley en contra del tratado? Bruselas y Washington han previsto un tribunal de arbitraje en el que estarán empresas y Estados que, en opinión del PSOE, es «inaceptable». Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada socialista, cree que «no puede ser que sólo estén las grandes multinacionales cuando la mayor parte del tejido lo componen pymes».
El PSOE y su familia política europea está a favor del tratado, pero siempre que se respete la legislación europea y el arbitraje sea justo. Tiene la posición quizás más incómoda de todas, ya que, como en tantos otros aspectos, se sitúa entre un entusiasta PP y una oposición radical de Verdes y la Izquierda Unitaria.
«A veces se da a entender que en EEUU no hay derechos laborales o libertad sindical», lamenta Rodríguez-Piñero, para quien «ha calado una imagen del tratado» que ni es un reflejo fiel ni es justa. La diputada, también miembro de la comisión de la Eurocámara que trata el asunto, promete una oposición a cualquier cesión en cuanto a las garantías del modelo europeo en materia laboral o medioambiental, pero reivindica los beneficios para la UE y EEUU de hacer negocios sin trabas burocráticas.
«No hay todavía un texto del acuerdo», recuerda la socialista. Cuando lo haya, el Parlamento Europeo deberá decir sí o no (su aval es imprescindible) y entonces se juzgarán con propiedad las virtudes del acuerdo. Desde la oficina en Madrid se ha puesto en marcha una encuesta para conocer el punto de vista de la sociedad y en la que puedes votar aquí.
«NOCIVO EN SU TOTALIDAD»
La eurodiputada de Podemos Lola Sánchez se opone al acuerdo, porque es «nocivo en su totalidad salvo que seas una gran multinacional». Sánchez critica que, hasta ahora, en las reuniones han estado siempre las grandes corporaciones, que llegarán a estar «al mismo nivel» que los Estados en el tribunal de arbitraje. «Es el caballo de troya del acuerdo, un atentado a la democracia». «¿Para qué votar si al final este tribunal puede decirle a un Estado lo que tiene que hacer?», se pregunta.
Podemos reconoce que lo que puede hacer por el momento su grupo es «difundir» la verdadera naturaleza del acuerdo ante «el secretismo» de las negociaciones, que la Comisión Europea justifica «con el argumento de la partida de póker: no se puede enseñar las cartas hasta el final», relata. «Pero entre ellos, sí conocen las cartas. A los únicos a los que nos las ocultan es a los ciudadanos», en palabras de Sánchez.
Florent Marcellesi, portavoz de Equo en la Eurocámara y miembro de Coalición Europea, es un activo detractor del texto y recuerda el escándalo de espionaje de EEUU, que alcanzó a Angela Merkel. «Es como construir una casa común con un vecino que te espía por la puerta del baño», dice en un vídeo publicado en El HuffPost.
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Al teléfono desde Bruselas, Marcellesi alerta de los estudios que justifican el aumento del PIB, «muy pequeño y remoto, si todo va bien, dentro de 15 años», frente al «riesgo cierto» de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, pronosticada por otros estudios sin relación con el Ejecutivo comunitario.
UNA RESOLUCIÓN CONTRA EL TTIP
En el Parlamento Europeo se trabaja ya en la presentación de una resolución que marque el terreno al Consejo (la institución de los Gobiernos) y la Comisión (la encargada de negociar). En el pasado, la Eurocámara ha vetado o amenazado con tumbar acuerdos internacionales con EEUU por no ser tenida en cuenta.
Según Marcellesi, la resolución pedirá transparencia en las negociaciones y un cambio en el diseño del tribunal de arbitraje. Pero los Verdes y la Izquierda Unitaria (GUE) están en minoría ante los grupos grandes de la cámara, como conservadores, socialdemócratas y liberales (donde están UPyD, Ciudadanos, CDC o PNV).
Para Rodríguez-Piñero, la acusación de opacidad no está justificada. Las insistentes demandas de la izquierda europea han logrado que se publique el mandato negociador de la Comisión (las líneas rojas), aunque fuera un año después. «En la web de la Comisión hay documentos y el negociador jefe viene al Parlamento a explicar, antes y después de cada ronda con EEUU, los asuntos que se tratarán», añade. «¡Cómo nos gustaría que en España otros procesos tuvieran la misma transparencia!», exclama.
Según el PP, no puede perderse un tren que volverá a poner a Europa en el mapa. También lo cree así el PSOE. «El centro comercial se está desplazando hacia el Pacífico y Europa necesita un acuerdo que fomente la competitividad y favorezca el comercio. Pero un buen acuerdo», en palabras de Rodríguez-Piñero.
¿Qué pasará ahora? Tras unos meses de ralentización por las elecciones en EEUU y en la UE (y la renovación de la Comisión), los negociadores esperan darle un nuevo impulso. Sin embargo, al acuerdo le falta al menos un año para completar su negociación. Su entrada en vigor podría ser un vía crucis. Además del aval de la Eurocámara, la invasión de competencias nacionales podría obligar a una ratificación país por país, abriendo la puerta a los vetos.
