Un estudio de profesionales del sector con datos oficiales sitúa la caída del gasto en el 13%
JAIME PRATS Valencia 19 SEP 2014
Los recortes han sacudido con dureza a la red de servicios sociales (ayuda a domicilio, rentas de inserción, teleasistencia, comedores, dependencia), el colchón destinado a prestar auxilio a las personan más desfavorecidas y contener el riesgo de exclusión social. Entre 2011 y 2013, los años de la crisis que coinciden con la llamada segunda recesión, la más prolongada de la democracia, la reducción del gasto de las administraciones públicas en la ayuda a las personas más necesitadas ha sido de 2.212 millones de euros (una caída del 13,3%), según un estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentado este viernes. El gasto total en servicios sociales en España en 2013 fue de 14.982 millones de euros, el 1,4% del PIB (en 2011 alcanzó el 1,6%).
“Los presupuestos han descendido en plena crisis en todas las administraciones, justo cuando eran más necesarios”, denuncia la entidad, lo que representa un “miserable e injustificable abandono a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad. El estudio se ha elaborado con a partir de las liquidaciones y los presupuestos definitivos publicados por las administraciones local, autonómica y estatal.
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Valencia se hunde en la cola; País Vasco lidera los servicios El nivel de desarrollo de los servicios sociales en España es, en general, bajo. Evaluado del 1 al 10, la nota media es un suspenso (un 4,71) según la examen a partir de distintas variables que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en su informe DEC (derechos, economía, cobertura) de 2014 presentado este viernes. Hay ocho autonomías por debajo del aprobado, frente a las seis del año pasado. El resultado, sin embargo, es desigual por autonomías. Como ya mostraron los informes de los años 2012 y 2013, País Vasco (7,5) y Castilla y León (6,65) son las comunidades con mejores resultados. Por detrás, con un índice de cobertura «medio-bajo», se encuentran Navarra, La Rioja, Asturias, Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha. En un escalón inferior se encuentran Aragón, Extremadura y Baleares; las dos últimas con una nota inferior al 5. En el último grupo, con una cobertura asistencial «irrelevante» está Andalucía (4), Madrid (3,7), Galicia (2,85), Canarias (2,6) y Murcia (2,1). De nuevo, un año más, descolgada del resto de autonomías está la Comunidad Valenciana con una nota de 0,6. |
Este retroceso podría justificarse en la contención que ha afectado de forma generalizada a prácticamente todas las partidas presupuestarias (educación, sanidad…). Sin embargo, no es el caso, ya que no sólo han menguado los fondos destinados a los servicios sociales, sino también su peso porcentual en los presupuestos de las distintas Administraciones. En un entorno tan delicado como el actual, el porcentaje que las Administraciones dedican a los servicios sociales sobre el total del gasto público se ha reducido del 8,14% en 2011 al 7,74% en 2013.
Ni todas las Administraciones colaboran por igual en el mantenimiento de la red de servicios sociales ni han metido la tijera de la misma forma. Son las autonomías quienes soportan el mayor peso de la financiación del sistema (63%), por delante de las entidades locales (25%) y los fondos estatales (12%). Mientras los gobiernos autónomos han reducido un 10,5% (de media) su gasto en atención social, la caída duplica este porcentaje (el 20,8%) en el caso de municipios, mancomunidades o diputaciones (se ha evaluado el esfuerzo propio, no se cuentan las trasferencias que reciben de las autonomías).
En el periodo de tiempo al que se refiere el estudio, el Estado ha incrementado su aportación en un 15% al pasar de 2.513 millones en 2011 a 2.845 en 2013. Pero se trata de un aumento más aparente que real, ya que en 2013 el Gobierno incluyó una partida en los presupuestos destinados a servicios sociales de 1.034 millones de euros para saldar una deuda con la Seguridad Social (no se destinó a servicios). Descontada esta cantidad, la caída ha sido superior a la de sus dos administraciones hermanas, al alcanzar el 28%. Debido a que buena parte de los fondos estatales para servicios sociales se trasfieren a las otras dos administraciones, la caída de la partida del Estado influye sensiblemente en los recortes que acometen las comunidades y entidades locales, centrados, sobre todo en los capítulos de personal (despidos, reducción salarial) y transferencias (renta garantizada, cuidados familiares para dependientes), según los autores del estudio.
La asociación de gerentes de servicios sociales advierte que no es una tarea sencilla determinar cómo se han traducido los recortes del gasto en la caída en la calidad y oferta de las prestaciones: “No existe información actualizada en muchos de los indicadores de cobertura”. Es lo que sucede, por ejemplo, con las rentas mínimas de inserción o las residencias de mayores. Pero hay otros servicios que sí están sometidos a seguimiento, como los incluidos en el sistema de dependencia. Los autores del estudio remiten al retroceso que han sufrido estas ayudas para ilustrar cómo afecta la reducción de gasto a la oferta de servicios y prestaciones: “los datos permiten constatar un deterioro del sistema, cuya expresión más nítida es la contención en el número de beneficiarios, a partir de julio de 2012 y la caída de usuarios desde este año”.
El futuro tampoco es esperanzador, a juicio de los autores del informe. “La reducción del gasto en los servicios sociales en los últimos años muestra una clara tendencia a empeorar y a la reducción de en la oferta de servicios y prestaciones”.
