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La memoria anual de esta institución reclama exenciones para los colectivos vulnerables
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Becerril censura la desatención que sufren los inmigrantes en situación irregular
El copago farmacéutico es, junto con las listas de espera, uno de los principales motivos de queja de los ciudadanos a la Oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Becerril. Y es también el asunto en el que el Ministerio de Sanidad más ha desobedecido al Defensor. En la Memoria Anual 2013, presentada hoy a las Cortes, la defensora relata que Sanidad ha rechazado “diversas” recomendaciones sobre exenciones en el copago farmacéutico.
El informe señala que en 2013 “han continuado recibiéndose quejas” por los problemas derivados de la aplicación del nuevo modelo de copago farmacéutico. Algunas de las cuestiones expuestas han dado lugar a la formulación de recomendaciones al Ministerio de Sanidad, añade. Las recomendaciones fueron tres: la exención en el pago de los fármacos a las personas con un grado de discapacidad superior al 33%, la exención a las personas con “rentas mínimas o inexistentes” y la “falta de equidad” que supone la tributación conjunta de la renta en algunos casos.
“Las tres recomendaciones han sido rechazadas en dos ocasiones por el Ministerio de Sanidad, que estima que el marco normativo ya tiene en cuenta el principio de equidad en el reparto de cargas de aportación de los usuarios”, dice la memoria. Añade que Sanidad alegó que “algunas de las modificaciones propuestas no resultan asumibles en el actual escenario económico y financiero”.
La memoria recoge 1.854 quejas sobre sanidad, un 5,58% más que en 2012. De ellas, más del 80% tienen que ver con los ámbitos de la atención primaria (copago y supresión o disminución del horario de los puntos de atención continuada) y la atención especializada (listas de espera).
Atención a inmigrantes en situación irregular
La no asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación irregular, con excepción de menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves “ha preocupado a la Institución”, señala la nota de prensa emitida hoy en ocasión de la publicación de la memoria. El Defensor del Pueblo ha solicitado exenciones totales o parciales del pago de la suscripción del convenio especial de asistencia sanitaria.Y también en este caso emitió una recomendación para que, en colaboración con las comunidades autónomas, “se facilitara el acceso al mencionado convenio a través de fórmulas de exención, total o parcial, de la contraprestación económica”.
El Ministerio de Sanidad tampoco hizo caso. “La respuesta oficial del Ministerio de Sanidad no acoge la recomendación”, señala la memoria. El departamento que dirige Ana Mato argumentó que la Comisión Europea asegura que no existe en el derecho de la UE una norma que obligue a ofrecer asistencia sanitaria a los ciudadanos extranjeros en situación irregular.
La Defensora acaba concluyendo, tras examinar las quejas recibidas y la opinión de entidades no gubernamentales, que, en muchos casos, la atención sanitaria a personas inicialmente excluidas de la misma se acaba produciendo, “aunque por procedimientos informales y debiendo superar trabas de diverso calibre”. “Todo esto plantea problemas de dificultad y falta de seguridad en la atención a procesos potencialmente peligrosos”, concluye.
Fuente: El País