Altos cargos del Gobierno Ayuso son imputados en un segundo procedimiento judicial, en el que Reyero declara como testigo el próximo martes
El exconsejero de Políticas Sociales, que denunció la discriminación sufrida por los residentes desde el primer momento de la pandemia, testificará el 3 de junio en una causa abierta por el Juzgado 6 de Leganés
Ese mismo día declararán como testigos Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Antonio Burgueño, nombrado en marzo de 2020 “asesor principal” de Ayuso para luchar contra la pandemia
En el procedimiento han sido imputados los autores del Protocolo, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa
Un Juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso directamente implicados en la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid.
El pasado lunes, 26 de mayo, dos ex altos cargos y un asesor de Ayuso estaban citados a declarar como imputados en el Juzgado 3 de Madrid. La declaración fue suspendida ya que los investigados alegaron que no se les había dado traslado de las actuaciones y no podían defenderse. Después de cinco años, era la primera vez que iban a declarar como imputados altos cargos del Gobierno de Ayuso. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.
El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
En el marco de dicho procedimiento, está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10.00 horas. Entre ellos destaca Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y quien desde el primer momento denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.
El mismo día testificarán otras cuatro personas: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y las dos querellantes.
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia consideramos especialmente relevantes estas declaraciones. En el caso de Reyero porque podrá explicar de primera mano cómo fueron desatendidas todas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos. Abarca Cidón podrá aportar datos clave para demostrar que la Consejería de Sanidad sólo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado. Por su parte, Burgueño elaboró un Plan de lucha contra la covid que contemplaba la medicalización de las residencias y que no fue puesto en práctica.
En la causa también están citados a declarar como “querellados” tres altos cargos de Ayuso. Además de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, autor e ideólogo del conocido como Protocolo de la Vergüenza que bloqueó el traslado de residentes a los hospitales, también está imputado el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza. Las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace. La geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina, es la cuarta “querellada”. Las declaraciones de los querellados están previstas para el 17 de junio.
Aunque los testigos tienen la obligación legal de decir la verdad, desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia queremos hacer un llamamiento expreso a los señores Reyero, Abarca y Cidón para que en su declaración del próximo martes colaboren con la Justicia, aporten todos los datos y documentos de los que dispongan y ayuden así a que se conozca la verdad y se haga Justicia con las 7.291 personas que fallecieron en las residencias en marzo y abril de 2020 sin ser trasladadas a un hospital.
