Se posterga la declaración de los ex altos cargos de Ayuso imputados por los muertos en las residencias
Esta mañana ha sido suspendida la declaración de los ex altos cargos del Ejecutivo madrileño Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y el doctor Antonio Burgueño, investigados en la causa por los fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia, prevista este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, . Los abogados de los investigados solicitaron la suspensión de las declaraciones al alegar que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones.
Carlos Mur, era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19.
Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Antonio Burgueño era asesor del Gobierno regional y participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo.
En declaraciones a los medios de comunicación, los abogados de los denunciantes, Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo, han explicado que los letrados de los investigados han pedido la suspensión de las declaraciones alegando que no les habían dado traslado de las actuaciones.
Alejandra Jacinto ha calificado la petición de suspensión de las declaraciones como «una maniobra dilatoria» por parte de las defensas, desde el 1 de abril estaban citados como investigados en esta causa, «han tenido casi dos meses para poder instruir y para poder tener traslado de las actuaciones».
Carmen López, portavoz de Marea de Residencias y familiar de una de las víctimas, no se muestra sorprendida por las maniobras procesales de los ex altos cargos. «Es una forma de dilatar lo que es inevitable: que tienen que declarar», afirma. «Ellos podían haber solicitado antes lo que ahora alegan no haber recibido, pero han preferido venir aquí y decir que no lo tienen. Era algo que podíamos prever»
María Jesús Valero, portavoz de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, denuncia lo que considera un nuevo gesto de desprecio institucional. «Es una forma más de maltratarnos«, afirma. «Necesitamos que nos traten con respeto, con dignidad, y que se acaben las dilaciones y las esperanzas falsas. Llevamos cinco años en una montaña rusa emocional. Estamos en guardia, pero seguiremos luchando. No vamos a parar.
Información extraida del diario Público
