La Justicia imputa por primera vez a altos cargos del Gobierno de Ayuso por las muertes en las residencias

Los dos autores de los Protocolos que bloquearon el traslado al hospital de miles de residentes al inicio de la pandemia están citados a declarar como investigados este lunes 26 de mayo en un Juzgado de Madrid

Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia pedimos a los imputados que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación del consejero de Sanidad y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas

Más de cinco años después de que 7.291 personas murieran en las residencias madrileñas sin ser derivadas a un hospital, durante la primera ola de la pandemia, altos cargos del Gobiernode Isabel Díaz Ayuso deberán declarar por primera vez como investigados en un procedimiento judicial.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado, para este lunes 26 de mayo, a Carlos Mur y a Francisco Javier Martínez Peromingo. El primero era director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y fue el firmante del conocido como Protocolo de la Vergüenza, que bloqueó el traslado al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo. El segundo fue el coordinador del llamado Protocolo técnico, que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse, y que sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia celebramos que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos. Todas las investigaciones
judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los Protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad.
En todo caso, ambas entidades estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes.

DENUNCIA COLECTIVA Y QUERELLAS

El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).
De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados correspondientes.
En cuanto a los 48 procedimientos con querella previa, la Fiscalía Provincial solicitó en todos los casos que declarasen como investigados los “autores intelectuales” y los firmantes del Protocolo, “ya identificados en la denuncia”. Efectivamente, en la denuncia colectiva se identificó a Carlos Mur, firmante de dicho Protocolo de no derivación, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, autor del Protocolo técnico, que complementaba al de Mur.
Los 44 Juzgados con una causa sobreseída deben pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público de reabrir el procedimiento. El Ministerio Fiscal solicitó expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en 2024 y el homicidio imprudente y de prevaricación instruido en virtud de la querella inicial: “Los hechos tanto de la querella primera conocida por el Juzgado a que nos dirigimos como los denunciados en la segunda denuncia, en su relato, muestran muchos puntos de similitud, pero la instrucción llevada en el Juzgado no entró a valorar este tipo delictivo que ahora se denuncia. El derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima (artículo 24.1 CE) en su modalidad de una investigación eficaz en relación a personas vulnerables exige dar respuesta a todos los delitos que puedan concurrir de oficio”.
El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Una decena de Juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de Juzgados todavía tienen que pronunciarse.

Además de los procedimientos que tienen su origen en la denuncia colectiva, otros familiaresde residentes acordaron presentar directamente querellas en los Juzgados, también por eldelito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.
La defensa jurídica de denunciantes y querellantes está siendo realizada por un equipo formado por tres abogados –Carlos Castillo, Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz–, a quienes expresamos nuestro más sincero agradecimiento.
Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia también queremos dar las gracias a Manuel Rico, periodista y abogado que coordinó la iniciativa legal desde que se puso en marcha en el verano de 2024 hasta el pasado 14 de abril, cuando fue nombrado director del periódico Público y nos comunicó que su nuevo trabajo le impedía continuar con la labor jurídica que venía realizando.