LA PARADOJA DEL MÉRITO IV: LA MERITOCRACIA DELICTIVA.
Manuel Ángel de la Puente Andrés, era Gerente del Hospital de Fuenlabrada cuando en 2014, se conoció que desde este Hospital se cedían datos sin el consentimiento de los pacientes a una Clínica privada. En concreto, a la Clínica “ Los Madroños” de Brunete, propiedad de Vicente Alejo Cantero exconcejal del P.P. en Brunete y salpicado también por un caso de sobornos a un edil de UPyD.
Según la cadena Ser “ la Clínica los Madroños, se dedicaba a llamar directamente a los pacientes en lista de espera para citarles y realizarles pruebas diagnósticas después de que el Hospital de Fuenlabrada les facilitase los datos” . Por esta filtración de datos, la Clínica facturó al Hospital sólo en 2014 más de 11.000 €, por realizar ecografías a unos 580 pacientes, que fueron derivados a este centro de manera irregular.
La Investigación sobre este asunto, determinó dos irregularidades diferentes: la de remisión de datos y el acceso a muchos más datos personales y clínicos de los necesarios, que poco después del informe del Director General de Ordenación de Inspección, se consideraron como hechos que podrían haber incurrido en ilícito penal, derivando el escrito a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
Para FACUA además, suponía una” infracción severa” de acuerdo a la ley de protección de Datos, puesto que la cesión de información de pacientes sin ningún consentimiento de estos es sancionable con multa de entre 40.000 a 300.000 €.
Sin embargo, a pesar de todo esto y de que el Gerente mintió e sus explicaciones tratando de justificar los hechos (dijo que ante la situación de las listas de espera en Mayo, se hizo una especie de prueba piloto puntual pasando las listas de pacientes a la Clínica) y de que estos hechos fueron desmentidos por el propio Consejero de Sanidad ( afirmando que el Gerente se había saltado a la torera el Protocolo) , aunque fue cesado de su cargo como Gerente de Fuenlabrada, fue nombrado dos años después Gerente del Hospital de la Fuenfría, como “ premio” por no delatar a la Consejería por lo de Fuenlabrada.
La impunidad ante el delito.
A Manuel Ángel de la Puente el “destierro “ de la Fuenfría debió parecerle un puesto menor y quizá por eso en 2019, fue nombrado Gerente del Proceso Integrado de Salud de la Consejería de Sanidad con una retribución anual de 97.277,40 € anuales.
Pero el dinero había que ganárselo. El 1 de Abril de 2020, cuando morían en España 700 personas por la Pandemia del Covid-19, M.A. de la Puente fue el encargado de la firma de los dos documentos por los que se adjudicó un contrato a la empresa “Priviet Sportive S.L.” para vender a la Comunidad de Madrid 250.000 mascarillas por un valor de 1.512.500 € y por la que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid ( Tomás Díaz Ayuso) amigo de la infancia del propietario de esta empresa , se embolsó una cantidad de 234.103,52 € en concepto de comisiones y bonus.
El negocio, fue además una estafa en toda regla, ya que las mascarillas se compraron a un proveedor chino por 540.661,35 € y se vendieron a la Comunidad de Madrid por el triple de lo que había costado el material, incluido el transporte, además de que se entregó un material distinto al de la adjudicación, más barato y con un control de calidad inferior.
M.A. de la Puente trató de justificar esa firma, diciendo que firmaba digitalmente todos los documentos que le pasaban los compañeros de su Consejería sin conocer el detalle de todos ellos, tratando de eludir su parte de responsabilidad cuando se supo de la denuncia presentada por estos hechos por varios partidos de la oposición ante la Fiscalía Anticorrupcíón, por posibles irregularidades en el contrato, que podría ser constitutivas de un delito.
Pero en el fondo, tanto de la Puente como Tomás Díaz Ayuso ( diseñador y ejecutor de toda la operación) sabían que tarde o temprano los tentáculos de la política, acabarían con todo intento de la Justicia de Investigar los hechos o de imputar a los responsables algún tipo de delito.
Tomás Díaz Ayuso ya abonó antes el terreno, preparando la oferta que Priviet Sportive S.L. presentó ante la Subdirección General del S.E.R.M.A.S. y para eludir un posible delito de tráfico de influencias en la tramitación del contrato, se cuidó de que su nombre no apareciera en el mismo ( sólo figuraba en copia oculta en los correos que la empresa cruzó con la administración madrileña) y así tener las manos libres para ganar el concurso.
La Fiscalía Europea puso en marcha una Investigación ante posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la U.E. ( las mascarillas se pagaron con Fondos Feder de la Unión europea) y cohecho. Se investigó un posible sobreprecio de las mascarillas ( la C.M. pagó unas mascarillas distintas a las que se recibieron) un pago adicional de la Administración al transportar supuestamente el material y un posible encarecimiento del precio motivado por la comisión de Tomás Díaz Ayuso.
Sin embargo, tuvo que archivar la Investigación por la falta de colaboración de la Fiscalía Anticorrupción, que siempre trató de exculpar a la Administración madrileña y al hermano de la presidenta por uno u otro motivo. Rechazó cualquier trato de favor a la empresa de Alcázar ( a pesar de las constantes evidencias) , cualquier ilegalidad en la tramitación de proyecto o la ejecución en la entrega de mascarillas y disculpó incluso los precios o márgenes de beneficio con el que se forraron Alcázar y Ayuso, estafando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid ( cosa que no hizo por ejemplo con un caso similar como el de Medina y Luceño).
El único efecto “ positivo” que tuvo esta estafa fue la dimisión de M. A. de la Puente de su cargo, alegando motivos de salud, pero dada la supuesta tendencia delictiva de la Consejería de Sanidad y la mayoría de sus responsables, no es de extrañar la vuelta de este “personaje” al tablero de la corrupción. Y es que “la cabra siempre tira al monte y en este monte todavía caben muchas cabras “.