LA PARADOJA DEL MÉRITO I PARTE
EL MÉRITO DE LA LEALTAD.
Como en la Antigua República romana ocurría con la élite social de los “optimates”, las nuevas castas de Directivos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) instaladas desde hace décadas en esta Institución bajo el paraguas de los distintos Gobiernos del P.P., controlan el poder en exclusividad y como aquellos, para tratar de conservar los beneficios que esta posición otorga, son leales ejecutores de la políticas de sus dirigentes, que en el caso de la Sanidad Madrileña, pasa por favorecer los intereses de las empresas privadas, sometiendo a un expolio y “saqueo” permanente a la Sanidad Pública, a cambio de determinados beneficios o privilegios.
Estos Directivos, parecen no tener ningún interés en cumplir con el derecho a la protección de la Salud recogidos en el artículo 43 de la Constitución Española, ni ningún reparo, en que sus decisiones puedan poner en peligro en multitud de ocasiones, la seguridad y salud de pacientxs y trabajadorxs. Su objetivo es mantener a toda costa su “statu quo”, para “parasitar” las instituciones sanitarias de forma indefinida o utilizarlas como lanzadera para cualquier otro cargo en el sector privado (puertas giratorias).
- Privatizar para facturar.
Dos ejemplos claros de “lealtad institucional”, ejecutando las políticas privatizadoras del Gobierno del P.P. de la Comunidad de Madrid, lo representan Juan José Equiza Escudero (antiguo Gerente del Hospital Ramón y Cajal) ya jubilado y Rafael Pérez Santamaría Feijoo (actual Gerente del Hospital la Paz).
El primero, era conocido en el ámbito sanitario como el “externalizador”, ocupando cargos de responsabilidad en la Sanidad desde 1998. Siempre tuvo claro que los “favores” había que devolverlos, aunque fuera a costa de saquear el erario público.
Nada más ser nombrado Gerente del Ramón y Cajal, sus primeras intenciones fueron privatizar el archivo y el almacén de historias clínicas del centro y 150 plazas del aparcamiento de empleados. Parece que esto no fue suficiente para ganarse el favor de sus dirigentes políticos y entonces decidió dar otra vuelta de tuerca más, para demostrar su lealtad a la ya entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Entre mayo de 2019 y Marzo de 2020 adjudicó 11 contratos a dedo a la empresa “Artesolar Iluminación”, a cambio de proporcionar lámparas y pantallas al Hospital. Curiosamente el hermano de la presidenta (Tomás Díaz Ayuso) era entonces Gerente de desarrollo de Proyecto de esta empresa, que facturó con estos contratos 71.184,07 €, en 11 meses. Todo un ejemplo de negocio por un lado y lealtad institucional por otro, a costa del erario público.
El segundo, médico personal del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, desde su nombramiento como Gerente del Hospital La Paz en 2004, ha sabido siempre como favorecer determinados intereses y apartar de sus cargos a los responsables de los servicios que reclaman mejoras asistenciales para los pacientes, para evitar gastos “superfluos” que puedan impedir el enriquecimiento personal de unos pocos.
Así se evidencia en el hecho de que mientras que en 2019, 2 jefes de Servicio de la Unidad de urgencias fueron cesados de sus cargos por exigir que ningún paciente estuviera más de 24 horas en el box y que no se primara la lista de espera quirúrgica frente a los ingresos en Urgencias, un año después (aprovechando la pandemia del Covid-19) adjudicaba a Sibicu 360 S.L. la compra de mascarillas quirúrgicas de un solo uso, por valor de 500.000 € , una empresa dedicada a la consultoría técnica e ingeniería y en la que estuvo un empresario de la Xunta de Galicia (José Ramón García González) condenado por fraude y falsedad. Sibicu disparó un 4.000 % sus ingresos el año del Covid y pasó de facturar 765.000 € con su negocio a superar los 30 millones de euros gracias a los contratos públicos para suministrar material sanitario, que multiplicaron por 10 sus beneficios. ¿Será este el milagro de los panes y los “pisos” del que tanto habla el paisano de Rafael Pérez Santamaría Feijoo y jefe de la oposición nacional con el mismo apellido?
Pérez-Santamaría, curiosamente también adjudicó un contrato a dedo, a la empresa “Artesolar Iluminación”que hizo ganar miles de Euros al hermano de la presidenta autonómica y en la que este seguía siendo Gerente de Desarrollo de proyectos. Sólo en los primeros meses de 2020, esta compañía, logró ingresar 27.897 € entre dos contratos adjudicados a dedo, uno de la Paz y dos del Ramón y Cajal.
- Desprecio y desdén .
La lealtad para obtener méritos puede demostrarse de muchas maneras, pero sin duda una de las más ruines, es la que se hace a costa de los pacientes, mostrando hacia estos una actitud displicente, que en algunos casos llega al más absoluto desprecio.
Dolores Rubio, actual Gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares desde Noviembre de 2020 y asesora del P.P. desde hace 14 años, llegó a proponer a sus sanitarios en plena Pandemia del Covid-19 (Enero de 2021) que “quitaran el móvil a los pacientes que no aceptaran ser trasladados al Hospital Isabel Zendal, señalando a lxs trabajadorxs por un posible boicot interno y culpando a los familiares de los pacientes por influir en la decisión de negarse a ser trasladados a ese Centro “. A pesar de ello y de que esta propuesta vulneraba la ley 41/2002 de 14 de Diciembre de Autonomía del Paciente y que el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó pedir su cese de forma inmediata, el Gobierno regional no tomó ninguna medida sancionadora contra esta Gerente y a fecha de hoy, se la mantiene en el cargo a costa del erario público de los pacientes a los que tanto desprecia.
El actual Gerente del Hospital Universitario de Getafe, Miguel Ángel Andrés Molinero rema en la misma dirección. El 12 de noviembre de 2021 esta Gerencia emitió un correo a más de 500 trabajadorxs del Hospital donde se pedía que “en caso de que se detecte un paciente extranjero sin acreditación de CIPA/tarjeta sanitaria, debe ser atendido si es urgente, y avisar de ello al servicio de Admisión, que confirmará este hecho o no”. Tras ello agregaba que “en caso de que este paciente se confirme que no tiene aseguramiento público, debe enviarse a un centro privado donde pueda abonar la atención correspondiente”.
Miguel Ángel Andrés Molinero, incumplió con esta orden la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que, garantiza la asistencia sanitaria a los residentes en España que no tengan permiso de residencia legal y a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, a todas las personas que permanecen en España sin permiso de residencia legal una vez caducado su visado de turista, o más de 90 días en caso de haber entrado sin visado.
Pero lo más grave es el desprecio absoluto que muestra a la salud de los pacientes, anteponiendo otros intereses al deber del cuidado a la salud del individuo y la comunidad y que por estas órdenes siga permaneciendo en su cargo en la actualidad. Aunque no resulta tan extraño si vemos sus antecedentes, pues siendo Gerente del Hospital de la Princesa, cuando en este centro se inició la “Marea Blanca” contra la privatización sanitaria y la intención de convertir este centro en un Geriátrico, mantuvo una actitud amenazadora y represiva en todo momento contra pacientes y trabajadorxs que defendían una Sanidad Pública para todxs.
