Durante años, las personas que vivimos en la Comunidad de Madrid llevamos viendo como la sanidad pública se degrada y empeora. Las listas de espera son enormes y los servicios sanitarios que en lugar de mejorar, se degradan. Con la pandemia se evidenció no sólo la importancia social de este servicio público sino además las grandes carencias existentes de personal y de medios.
Salimos aplaudiendo al personal sanitario, pero también protestando contra los Servicios de Urgencia de Atención Primaria cerrados sin motivo justificable y por una carencia enorme de profesionales, especialmente pediatras y médicos y médicas de familia. Algunos centros de salud madrileños, como el CS Abrantes en Carabanchel, llegaron a estar en plena segunda ola sin ningún médico ni de mañana ni de tarde. Una situación muy similar se daba en otros centros de salud, especialmente de los barrios obreros y la periferia de la capital. Además, el pasado 31 de marzo la Consejería de Sanidad despidió a más de 6000 profesionales sanitarios, haciendo justo lo contrario de lo que la sociedad necesitaba, que era contratar más profesionales para mejorar la calidad asistencial y paliar las listas de espera.
Desde el fin del confinamiento ha habido barrios donde se ha estado movilizando el vecindario exigiendo mejoras en los centros de Atención Primaria y la reapertura de los SUAP: manifestaciones, acampadas, recogidas de firmas y un largo etcétera. Cuando la presión social que exigía la reapertura de las urgencias de Atención Primaria era más grande, el Gobierno regional entendió que no le compensaba mantener los SUAP cerrados. Pero en lugar de contratar nuevos profesionales para reabrir estos servicios decidió hacerlo con la plantilla de los Servicios de Atención Rural que venían funcionando bien. El desastre causado no sólo generaba un problema enorme en las zonas rurales de la Comunidad de Madrid, que en numerosos casos perdía sus servicios de urgencia y les generaba un problema y un riesgo gigantesco, tampoco era una solución efectiva y real. Cuando sectores de profesionales y población afectada se han quejado del desmantelamiento de estos servicios y de los problemas generados por la falta de personal la respuesta ha sido muy en la línea de Ayuso: insultar y despreciar a profesionales, tratar de sacar cortinas de humo mediáticas a cual más absurda y la medida, humillante e inadmisible, de sustituir la asistencia médica presencial por la asistencia telemática en las urgencias. Eso ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que la manifestación del pasado 13 de noviembre se convierta en una movilización tan masiva y multitudinaria, en un clamor de centenares de miles de personas de todo tipo en defensa de la sanidad pública de calidad. Ya en 2012 y 2013 la Marea Blanca, que aunaba a profesionales y usuarios consiguió paralizar la privatización de 7 hospitales y 32 centros de salud e hizo dimitir al entonces Consejero de Sanidad Fernández Lasquety. Ese es el camino a seguir.
Ahora tenemos que dar una continuación a la magnífica movilización del 13N. Las mentiras y el desprecio del Gobierno regional y sus medios de comunicación no nos puede hacer desistir. La movilización ha de continuar y seguir exigiendo los medios materiales y humanos para que los centros públicos proporcionen una asistencia de calidad. Las luchas tienen que seguir en los barrios y en los centros de salud afectados, debemos fortalecer las asambleas barriales en defensa de la sanidad pública y los centros de salud. Y esas luchas tienen que seguir coordinándose y confluyendo en movilizaciones más generales que dejen claro el sentir y las exigencias de la mayoría de la población. Hemos de ser sumamente intransigentes con cada servicio de urgencia cerrado, cada pediatra o profesional médico que falte. Detrás del desmantelamiento de los servicios sanitarios hay un riesgo, pero también una cantidad de dolor y sufrimiento enorme y que no podemos consentir. Es necesario que nos unamos y confluyamos todos los sectores que apostamos por unos servicios públicos de calidad, ya que solo el control de las trabajadoras y de las vecinas puede revertir su desmantelamiento y obligar a los responsables de este desastre a tomar medidas que lo reviertan. Es necesario que nos dotemos de una estrategia y de un plan de acción para conseguir que la calidad de la sanidad pública no esté cuestionada ni al capricho y deseo de quienes quieren un modelo privado y la sanidad entendida como un negocio sólo para quien pueda permitírselo y el lucro de las empresas privadas. Estamos ante una lucha central que decidirá el futuro de nuestra sanidad para varias generaciones. Hacemos un llamamiento a toda la población a participar en las convocatorias y movilizaciones y a defender lo que es de todas y todos.
Fuente: publico