El día 31 de Marzo de 2022, unos 6.600 trabajadorxs de la Sanidad madrileña (de lxs 11.324 contratados por el SERMAS en marzo de 2020 para atender la pandemia del coronavirus) van a ser despedidos.
Ningún ciudadano sensato de esta Comunidad se podría cuestionar actualmente, no sólo la necesidad de mantener estos puestos, si no la de crear más, porque de lo contrario, el deterioro de la calidad asistencial y las desigualdades en atención sanitaria seguirán creciendo. No hay más que ver la situación actual de las listas de espera de la Comunidad de Madrid, que tras la 6ª ola han vuelto a crecer a cifras inasumibles. O el deterioro que está sufriendo la Atención Primaria con los recortes y privatizaciones impuestos por este mismo Gobierno. Se estima que sólo en Atención Primaria haría falta un aumento de plantilla de 1.200 Médicos y 600 Enfermería.
Sin embargo para este Gobierno todo es negocio y esto también incluye a lxs trabajadorxs de la Sanidad madrileña, que durante toda la pandemia del Covid-19 han sido utilizados como “cobayas”, para poner en práctica unas políticas de Recursos Humanos, donde la precariedad y la ausencia de derechos laborales, han estado más presentes que nunca, con el único objetivo de ir preparando el terreno para futuros despidos y privatizaciones.
Según declaraciones del actual Consejero de Hacienda de la C.M., Javier Fernández- Lasquetty “ lxs trabajadorxs de la Sanidad no aportan nada en Salud” y “ hay que tender a un modelo de Relaciones laborales donde lxs trabajadorxs dejen de ser funcionarios porque esto genera ineficacia para el Negocio Sanitario” proponiendo un sistema Mutualista para estxs trabajadorxs en lugar del de Provisión pública.
Maltratados
El maltrato hacia lxs trabajadorxs durante la Pandemia por parte del Gobierno de la CM y sus Direcciones, ha sido la tónica habitual. Aparte de recortarles derechos, se ha expuesto permanentemente su salud al no proporcionarles los EPIS adecuados para realizar su trabajo, sometiéndoles con ello a una presión asistencial tan elevada, que ha puesto en muchas ocasiones en peligro la seguridad y salud de los pacientes y la población.
Entre lxs trabajadorxs más precarios ( contratos Covid) este maltrato se ha agudizado, potenciando con ellos unas políticas de precariedad sistemática, que ha terminado en los despidos actuales . Se ha utilizado la temporalidad de forma masiva, generando tal inseguridad entre lxs trabajadorxs sujetos a estos contratos , que ante el miedo a ser despedidos, se han negado a realizarse hasta las pruebas de P.C.R. por si al ser positivos por coronavirus les mandaban a su casa dos semanas y no podía renovar su contrato.
Muchos de estos trabajadorxs ha estado trabajando sir estar de alta en la Seguridad Social o sin contrato firmado tras 20 días y se les ha llegado a hacer firmar una “claúsula” por el que su contrato se podía rescindir en cualquier momento. Así se despidió por ejemplo a 14 trabajadorxs de la Unidad Central de Rayos que hacían trabajos esenciales durante el periodo más duro de la pandemia, o a 80 trabajadorxs del Hospital Gómez Ulla de áreas como Cocina, lavandería o mantenimiento.Y si hablamos de índices de siniestralidad laboral, la de estxs trabajadorxs se encuentran entre los más altos de todxs lxs profesionales sanitarios.
Las declaraciones de una de estas trabajadoras en plena Pandemia, reflejaban muy claramente la situación: “ Nos contratan en precario, no me dan medios de protección en mitad de una pandemia y encima me echan a la calle cuando quieren”
Asesores
En sentido contrario durante la Pandemia, si se trató de garantiza en todo momento la asistencia religiosa y el asesoramiento (tanto externo como interno) en la Gestión del Coronavirus.
Se llegó a contratar a un cura por cada 100 camas, con un coste aproximado de 1 millón de € anuales. En concreto, se contrataron 53 sacerdotes a tiempo completo y 20 a tiempo parcial, con sueldos de unos 15.000 € anuales para los primeros y 8.000 para los segundos, exentos ambos del pago de I.R.P.F. Y lo mismo ocurrió con los Asesores contratados para la Gestión de la Pandemia, entre ellos Antonio Burgueño exdirector general de Hospitales y arquitecto de la privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid o los 15 Asesores internos que la Consejería llegó a tener, con salarios entre 50.000 y 70.000 € anuales.
Parece que estas personas eran más necesarias para el Gobierno de la Comunidad de Madrid que lxs trabajadoxs que han estado luchando contra la Pandemia a pie de cama.Mientras a los primeros se les “premia” con contratos blindados e ingentes salarios para potenciar el proyecto ideológico de las Políticas Sanitarias ultraliberales, a los segundos se les ofende y se les maltrata laboralmente y en último término se les despide.
La lucha contra los despidos debe continuar.
Las políticas de RRHH del Gobierno de la Comunidad de Madrid, van a dejar sin empleo a 6.600 trabajadorxs de la Sanidad pública que son fundamentales para seguir manteniendo una Sanidad pública de calidad y evitar la descapitalización del Sector donde cada vez se derivan más fondos públicos a los “conciertos” de la empresa privada.
La Administración está utilizando a los trabajadorxs ( y entre ellos a los más precarios ) para consolidar estas políticas, con la estrategias de división entre los trabajadores, a base de prebendas a una parte de estos y evitar que se solidaricen y movilicen con sus compañerxs defendiendo los empleos y la precariedad laboral. Estas prebendas se publicitan como grandes conquistas laborales, cuando no son más que privilegios para una minoría ( como la carrera profesional etc.) procesos de provisión que hace años que deberían estar resueltos ( concursos de traslados OPES etc) u ofertas de empleo temporal que se “ venden” como contratación estable ( como la próxima conversión en interinos de cientos de trabajadores, cuya duración de nombramiento ya no podré ser más de 3 años en base a la Ley 20/2021 de 28 de Diciembre aprobada por el Gobierno Central).
En Diciembre de 2021 cientos de trabajadorx temporales y sus compañerxs se movilizaron en Hospitales como el Ramón y Cajal, 12 de Octubre o Puerta de Hierro , para evitar el despido de miles de trabajadorxs ( con contratos Covid) que como ahora iban a ser cesados, consiguiendo frenar los mismos. Si en esta ocasión no conseguimos frenar la “ Sangría” todxs lxs trabajadorxs unidos debemos seguir luchando en nuestros Centros o fuera de ellos para recuperar el empleo perdido y que este sea lo más estable posible, para dar una atención de calidad.
Una “aldea gala” ( lxs trabajadorxs del Hospital Público de Móstoles) lleva semanas siendo la punta de lanza de esta “rebelión” a la que todxs debemos sumarnos para recuperar a nuestrxs compañerxs y que con ello nuestras condiciones de trabajo recobren la dignidad que merecen estos empleos , por el bien de la Salud de nuestros ciudadanos.
