Frente al desmantelamiento de la Sanidad Pública, RECONSTRUCCIÓN

Antes de la llegada del coronavirus Sars Cov 2 a España, la Sanidad Pública madrileña ya se encontraba muy debilitada. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular, más recientemente apoyándose en Ciudadanos, tenían muy avanzado su programa de recortes y privatizaciones.

Sólo los 5 mayores hospitales públicos madrileños perdieron 1172 camas instaladas entre 2008 y 2018. A finales de 2019 el sistema público contaba con 2264 trabajadores menos que en 2008. La privatización de hospitales y servicios supone enormes sobrecostes, demostrados en varios informes de la propia Cámara de Cuentas, y un deterioro de la calidad asistencial, así como incumplimientos continuos de los contratos públicos. Una situación que el gobierno de la Comunidad conoce y tolera.

En febrero de 2020, había 773.878 personas en listas de espera. 543.117 personas para citas, 152.590 para pruebas y 78.171 para cirugías. De las cuales 217.293, el 28%, con más de 90 días de espera. Con un aumento de 26.062 entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. Los quirófanos y los aparatos diagnósticos de los hospitales públicos apenas funcionan por las tardes. Según la Cámara de Cuentas, en 2018 este gobierno dejaba sin gastar el 65% de los fondos destinados a disminuir estas listas de espera. Mientras tanto, la sanidad privada recibe el 25% de sus pacientes de conciertos con la sanidad pública, y se ofrecen para solucionar el problema de las listas de espera. Es decir, que empresas privadas obtienen beneficios con dinero público mientras los hospitales públicos se mantienen infrautilizados y pierden camas y personal.

En las residencias de ancianos, la situación era aún peor. De las 475 residencias que hay en Madrid, sólo 43 son públicas. 220 son concertadas: más beneficios privados con dinero público. Uno de los sectores más golpeados ha sido ha sido la Atención Primaria, con 18 centros de salud que dejaron de dar citas por las tardes. La intención del Partido Popular deteriorando la sanidad pública, introduciendo empresas privadas que dan mal servicio y derivando a los pacientes más rentables a la sanidad privada, es evidente.

Con la llegada del coronavirus, este deterioro nos ha salido muy caro. Los hospitales se saturaron rápidamente, improvisando espacios para atender pacientes. Se ha tenido que contratar a estudiantes y jubilados, mientras miles de sanitarios españoles llevan años emigrando. 27.590 médicos han tenido que emigrar desde el año 2011, 4.100 de ellos en el año 2019. El hospital de campaña de IFEMA se ha dotado con el personal de atención primaria, que ha quedado en gran medida desmantelada. La capacidad de este hospital de campaña, unas 1250 camas, es muy similar a la cifra de camas perdidas en los hospitales públicos por los recortes. Mientras tanto, en muchos hospitales permanecen cerradas plantas enteras: la torre 4 del hospital Infanta Sofía, numerosas camas en el hospital del Henares, en el hospital Infanta Leonor, el pabellón 8 del Hospital Clínico. En total, 608 camas menos de las que indicaba el plan de viabilidad de estos hospitales semiprivados que inauguró Esperanza Aguirre. La cantidad de dinero defraudado por el Partido Popular en la construcción de estos hospitales asciende a 1,88 millones de euros.

Aún no conocemos el efecto que ha tenido esta crisis sobre las listas de espera. Teniendo en cuenta que ya eran inaceptables, y que se han suspendido todas las citas, pruebas y cirugías que no fuesen urgentes o preferentes, la situación es dramática.

Sólo tras una fuerte presión social, la sanidad privada, que cuenta con el 32% de las camas hospitalarias de España, ha atendido al 18,9% de los pacientes afectados por el coronavirus, habiendo por tanto un reparto muy desigual de las cargas entre la sanidad pública y la privada.

El drama en las residencias de ancianos es indescriptible. Contagios masivos de trabajadoras y residentes por falta de personal y material de protección. Miles de muertos entre la generación que construyó nuestra prosperidad, muriendo mal atendidos.

Al frente de todo este desastre, el gobierno regional pone a Antonio Burgueño, ideólogo de la privatización sanitaria. Este a su vez coloca a su hija Encarnación Burgueño, sin experiencia previa, al frente de las residencias de ancianos.

En estos días en que los ingresos por coronavirus disminuyen, las medidas que ha tomado Isabel Díaz Ayuso son las siguientes: anunciar el despido del personal contratado para responder a la crisis del coronavirus, derivaciones a la sanidad privada (el consejero de sanidad reconoció la derivación de 1250 casos) y publicar un acuerdo que pone en manos de InfoJobs, una empresa privada, la selección de personal para la sanidad pública. Un acuerdo tan escandaloso que tuvieron que retractarse. Es decir, pérdida de los recursos movilizados, más derivaciones y el intento de privatización de un trabajo esencial de los departamentos de recursos humanos.

Frente a este desmantelamiento, proponemos a la ciudadanía una reconstrucción de la Sanidad Pública:

-Los estudiantes y el personal residente deben poder terminar su formación y ser contratados inmediatamente.

-El resto del personal contratado deben continuar haciendo su labor.

-Las camas hospitalarias que se han reabierto deben continuar en uso, cerrar los espacios improvisados y poner en funcionamiento las camas inactivas del resto de hospitales.

–Las consultas, maquinaria y quirófanos deben funcionar por las tardes a plena capacidad y con personal propio, no mediante horas extra.

-Los Centros de Salud necesitan personal para que nunca más se asigne a los pacientes citas de cuatro minutos tras cinco días de espera.

-Las residencias de ancianos deben ser intervenidas y dotadas con personal suficiente.

Desde el MATS llamamos a una movilización de los trabajadores y usuarios que nos apoyan diariamente desde sus balcones, que logre que los recursos movilizados para hacer frente al coronavirus se dediquen a la reconstrucción de la Sanidad Pública. Pongamos en marcha una nueva marea por una sanidad y una red de residencias públicas, con un nivel de inversión suficiente y libre de privatizaciones y derivaciones a la sanidad privada.