La pandemia global del coronavirus desnuda como nunca la fragilidad de la organización económica, política y social capitalista y revela la centralidad del trabajo de cuidados que la sostiene. Un repaso a la situación de esos sectores habitualmente despreciados.
Joana G. Grenzner
Pikara magazine
La pandemia global del coronavirus desnuda como nunca la fragilidad de la organización económica, política y social capitalista y revela la centralidad del trabajo de cuidados que la sostiene. La histórica reivindicación feminista de poner la vida en el centro “y no los beneficios de las grandes empreses” es el punto de partida del plan de choque social que centenares de organizaciones ecologistas, feministas, antirracistas y sociales del Estado español lanzaron a mediados de marzo para afrontar la «crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y econòmica”, que acentuará las desigualdades de género, clase, etnia y norte-sur. En el ámbito mundial, miles de entidades feministas, así como las Naciones Unidas, reclaman aplicar políticas feministas para salir de la crisis, que impactará doblemente en las mujeres, que una vez más serán el pilar y motor de la recuperación.
Para Montse Pineda, responsable de incidencia de la ONG Creación Positiva y vicepresidenta segunda del Consell Nacional de Dones de Catalunya, es «muy difícil dar una respuesta con perspectiva de género porque las políticas públicas de salud no están pensadas así, ni los recursos sociales o sociosanitarios para personas mayores ni la articulación de servicios de cuidado, no se contemplan factores de vulnerabilidad y riesgo, condiciones de vida y desigualdades sociales que construyen pandemias paralelas e interseccionadas. Lo vemos en cómo afecta la Covid a los barrios pobres. Hace diez años, desde la Plataforma CEDAW Catalunya ya alertábamos de que el desmantelamiento del sistema de bienestar generaría crisis humanitarias».
Tanto la ONU como la Organización Internacional del Trabajo coinciden en que el coronavirus tendrá un coste más alto para las mujeres, que sostienen los trabajos claves para la supervivencia durante la pandemia, en especial el ámbito sanitario y de cuidados, donde tienen mayor exposición al contagio, y amortiguan el aumento de trabajo doméstico y reproductivo en el hogar, lo que las sitúa en una situación de desigualdad estructural en el mercado laboral.
Recortes, emergencia y crisis sanitaria
Según un informe del Instituto Carlos III, los niveles de contagio de la Covid-19 entre hombres y mujeres son similares (un 50,4 por ciento de contagios son mujeres y un 49,6 hombres) aunque el virus causa más muertes de hombres, que suman el 65 por ciento de las defunciones. El 15,5 por ciento del personal sanitario se ha contagiado, y más del doble de mujeres (un 21,7 por ciento) que hombres (un 9,5). Ellas son el 85 por ciento de personal de enfermería y casi el 100 por cien del personal de limpieza de hospitales; también en otros sectores claves: el 70 por ciento de las trabajadoras de farmacias; el 90 de las limpiadoras de empresas, hoteles y hogares (incluido el servicio de empleadas domésticas) y cerca del 85 por ciento de las cajeras de supermercados.
Diana Llorens es delegada sindical del Movimiento Asambleario de Trabajadoras de la Sanidad (MATS) y enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). En tres semanas se ha adaptado a «una situación inimaginable» fruto de “la falta de previsión y organización, la mala gestión y los recortes: desde 2008 en la CAM tenemos 3.800 profesionales y 2.100 camas menos, en las últimas semanas en Ifema han abierto 1500 pero así no se compensa”. Llorens asegura que aunque «supuestamente la sanidad privada se nacionalizaba, la madrileña no ha prestado todas las camas que tenía disponibles y, hace 10 días, HM Hospitales animaba a los profesionales a cogerse vacaciones en plena crisis».
En Catalunya, en cinco semanas, más de 18.000 pacientes han requerido ingreso hospitalario, según el Sistema de Salut, que hasta el 11 de abril cifra en un 20 por ciento el crecimiento exponencial de la demanda de camas del sistema público, que suele tener unas 12.900 disponibles y el 11 de abril había habilitado hasta 20.000, con más de 3.000 camas del sistema privado y de otros espacios (hoteles, otros espacios hospitalarios, pabellones…). Comisiones Obreras critica que el Ejecutivo “no ha osado tomar el mando de las entidades privadas que disponen de espacio, material y profesionales indispensables» y que clínicas como Dexeus, Planas o Dentix hacen Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) y recortan su plantilla en mil personas, mientras los hospitales recurren a estudiantes para suplir la falta de personal.
En ámbito estatal, además de la falta de personal cualificado, las UCI, las Unidades de Vigilancia Intensiva (UVI) y las urgencias hospitalarias han acusado falta de maquinaria como respiradores para suplir la función respiratoria de pacientes críticos con patologías derivadas de la Covid, que en el caso del Ramón y Cajal se solventaron utilizando respiradores de quirófano, así como de algunos medicamentos.
Sol (nombre ficticio) es farmacéutica hospitalaria en un hospital público catalán que en dos semanas quintuplicó sus camas de UCI disponibles, ocupadas por un 90 por ciento de pacientes críticos de Covid. Ha aprendido a tratar el coronavirus a contrarreloj trabajando en red con profesionales de medicina y farmacia hospitalaria de todo el Estado. Además del aumento de la carga asistencial y del miedo al contagio, constata «una importante escasez de fármacos en las UCI, tanto de tratamiento específico del coronavirus hasta los que se usan para sedar e intubar a los enfermos como el propofol o el cisatracuri. El Catsalut ha decidido racionalizarlos, por lo que son insuficientes para cubrir las necesidades diarias y se dedican horas de personal de farmacia a redosificar fármacos para aprovecharlos al máximo».
Mujeres que salvan vidas jugándosela
Otra constante ha sido la falta de Equipos de Protección Individual (EPIS) como mascarillas FPP3 y FFP2 y batas impermeables que protegen del contagio del coronavirus al equipo de enfermería, medicina, farmacia y limpieza de los hospitales.
Pau (nombre ficticio) trabaja en la UCI de Bellvitge, que ha incrementado de ocho a trece sus unidades abiertas, con un contrato «superprecario, de correUCI» y habituada a tener «material antiguo, pocas camas y presión para dar el alta cuanto antes». En esta ocasión «desde el primer día nos dijeron que no había suficientes batas impermeables (azules) para protegernos. Los pacientes están intubados para conectar sus pulmones a un respirador. Solo abres el tubo si se obstruye por sus secreciones, para aspirarlo y limpiarles y en teoría no puedes hacerlo sin la bata azul, pero si no hay, ¿qué haces?». Según Pau, «depende en qué unidad estás, te dicen ‘ponte una del turno siguiente y ya’, sabes que las compañeras te apoyarán. En general, nos organizamos para que una que lleve la máxima protección sea la que entra y salga. Pero me he encontrado unidades en donde la presión asistencial hace que no se cumpla el protocolo -‘no, si es solo una vez, aspiras y sales corriendo’- y donde las enfermeras entran con la bata no impermeable. Otras se niegan. Yo lo hice, porque tengo gente de riesgo en casa, pero te encuentras en la tesitura de arriesgar tu vida y la de tu familia». En Bellvitge han pasado de usar las FPP3 para un turno de ocho horas a utililizarlas tres días seguidos; durante algunas semanas esterilizaban las batas azules y ahora disponen de dos o tres monos de protección integral. En el Ramón y Cajal, explica Llorens, reutilizan las FFP2, que tienen un nivel de protección menor, «durante turnos de siete a diez horas, aunque en otros hospitales o en plantas del mío se han visto sin protección, y las batas impermeables se esterilizan». Ante la precariedad y «el desprecio de las cúpulas laborales», Llorens destaca y agradece «los aplausos, la solidaridad de la ciudadanía y la autoorganización en redes de apoyo mutuo, por ejemplo, para la producción de mascarillas y batas…» que se han puesto en marcha en todo el Estado.
En la UVI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Luz (nombre ficticio) teme que «todo el personal acabe contagiado, porque todos los pacientes son Covid» y denuncia que «no se están haciendo las pruebas a profesionales que tienen síntomas leves porque no tienen fiebre» lo que considera «una gran irresponsabilidad, ya que «ahora mismo somos los principales vectores de transmisión». Llorens explica que «desde finales de marzo Salud Laboral está facilitando el acceso a pruebas. Si tienes síntomas no debes ir a trabajar y te hacen el test».
Limpiadoras y cuidadoras, expuestas y desprotegidas
Según denuncian los sindicatos CCOO, UGT y MATS, las limpiadoras de hospitales no acceden a pruebas diagnósticas porque no tienen contacto directo con las persones ingresadas y Sanidad las considera personal de bajo riesgo. En dos hospitales madrileños, el Doce de Octubre y La Paz, el 50 por ciento de la plantilla está de baja. En Girona, un 15 por ciento de las limpiadoras de los hospitales Josep Trueta y Santa Caterina se han contagiado, y CCOO critica «la falta de previsión y desorganización en el establecimiento de protocolos». En las residencias privadas y públicas de mayores, han muerto más de 3.600 personas y se han contagiado más de 6.600 desde el inicio de la crisis y las asociaciones del sector, agrupadas en el Círculo de Atención a las Personas (CEAPs), exigen el acceso inmediato a EPIs y tests para trabajadoras y residentes y que se centralice la recogida de datos para evitar la confusión, ya que comunidades como Madrid o Castilla la Mancha no proveen de estadísticas fiables respecto al impacto de la pandemia.
Las más de 600.000 trabajadoras del hogar y de cuidados, que hace más de una década esperan la plena equiparación de derechos con el resto de trabajadores, se han visto doblemente desprotegidas ante el virus. Aunque el Gobierno las reconoció como trabajadoras esenciales y aprobó un subsidio extraordinario para el sector, solo cubre un mes del estado de alerta, que previsiblemente se extenderá, y el 70 por ciento de la base de cotización, cuando es usual que se las contrate menos horas de las que trabajan. Unas 40 organizaciones de empleadas del hogar y cuidadoras critican que la medida no incluye a las más de 200.000 que trabajan en la economía sumergida, muchas de las cuales están en situación administrativa irregular, y no recoge muchas de sus propuestas, como suspender las cuotas de cotización a la Seguridad Social de las familias empleadoras afectadas por la crisis o las que acaban de contratar a empleadas del hogar y cuidadoras.
Según Sindillar, el Observatorio Jeaneth Beltrán, la Asociación Mujeres Diversas o las Cuidadoras sin Papeles, miles de trabajadoras se han expuesto al contagio al visitar en el hospital a quienes cuidan sin medidas de protección o cuidarlas en casa; algunas han sido despedidas por las familias empleadoras usando la fórmula del desestimiento, lo que les impide acogerse a los ERTEs, y muchas de las internas se ven obligadas a hacer jornadas interminables o a trabajar enfermas, cuando no han sido despedidas y perdido trabajo y alojamiento a la vez. Mujeres Diversas ha lanzado una caja de resistencia para apoyar a más de 300 trabajadoras. Otras trabajadoras de limpieza como las Kellys, limpiadoras de hotel, de las que el 70 por ciento trabajan para empresas externas, han tenido que darse de baja voluntaria o han sido despedidas sin poder acogerse a un ERTE y han quedado fuera del paquete de medidas aprobadas por el Ejecutivo, y las limpiadoras de fincas urbanas han denunciado que, pese a ser consideradas un sector esencial, no han recibido EPIs.
Invisibles y sin derechos
En plena emergencia sanitaria, mientras los hospitales y residencias de mayores requerían personal, muchas mujeres no han podido acceder a estos empleos por no tener papeles. Desde el inicio de la crisis entidades como Sindillar, Migrantes Diversas y Mujeres Pa’lante exigen al Gobierno una regularización extraordinaria y la concesión de permisos de trabajo y residencia a personas sin papeles, propuesta a la que se ha sumado el Consell d’Immigració de Barcelona, que agrupa a más de 50 asociaciones. Ante el cierre de fronteras y la falta de personal para trabajar en la campaña agraria, el Gobierno ha aprobado una batería de medidas que permitirá trabajar de forma extraordinaria a sin papeles y menores de edad migrantes. Sindillar, la Red Jurídica Antirracista y la Red de Cuidados Antirracista consideran la medida utilitarista y precarizadora y, junto con más de 200 entidades, se han sumado a la campaña #RegularizaciónYa para las más de 600.000 personas sin papeles, que también exigen derogar la Ley de Extranjería. Ante la emergencia sanitaria, se han cerrado los Centros de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, Murcia y otras localidades, una demanda histórica de los colectivos antirracistas, que han reclamado que la medida se acompañe con alternativa habitacional para quienes lo necesiten.
Otros colectivos que se han visto altamente expuestos a la pandemia son las personas que viven en la calle: solo en la ciudad de Barcelona, según la Diagnosi 2019: el sensellarisme a Barcelona de la Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar -XAPSLL, hay más de 1000 personas sintecho, de las que un 12,2 por ciento son mujeres. Al inicio del estado de alarma, la Fundació Arrels denunció que la Guardia Urbana había multado a más de diez sintecho por saltarse el confinamiento. Posteriormente, el Ayuntamiento frenó las sanciones y acondicionó el Pabelló Salut en Montjuic para acogerles, siempre que deseen ir allí. Las y los trabajadores sociales que atienden a personas que viven en la calle o usuarias de drogas se han volcado en dar respuesta a la crisis en las calles: al inicio del confinamiento, Metzineres, el espacio de atención a mujeres y personas de género disidente que usan drogas ubicado en el Raval de Barcelona, elaboró una guía de recomendaciones para sobrevivir a las violencias en estado de alarma, en la que planteaba propuestas para adaptar el confinamiento a la realidades de sus usuarias, un 90 por ciento de las cuales son supervivientes de violencias machistas, más del 58 por ciento no tienen un hogar seguro al que volver y el 51 por ciento vive en la calle. En las cárceles, la situación es preocupante: el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos humanos y otras entidades han reclamado la salida de la cárcel de las personas presas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas y la facilitación del tercer grado al mayor número de presos. Además, denuncian que el Estado incumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Europa. En Catalunya, según recoge La Directa, 48 presos y 43 trabajadores de cárceles catalanas han dado positivo por COVID-19 y ha habido huelgas de hambre y protestas en la cárcel de mujeres de Wad Ras, Brians I y II y Quatre Camins.
Confinamiento y violencias machistas, alerta doble
A finales de marzo, el Gobierno reconoció la vulnerabilidad que implica vivir el aislamiento domiciliario con un maltratador y declaró esenciales los servicios de protección a mujeres y criaturas en situación de violencia machista, como recomienda la ONU y como las entidades feministas del Estado reivindican desde hace diez años, cuando empezaron los recortes de presupuesto y recursos para el abordaje de las violencias, tal como recuerda el Fórum de Política Feminista.
Según Montse Pineda, tras el desmantelamiento de parte del sistema, «ahora se basa en entidades que dan respuesta con contratos muy precarizados y servicios que están al límite y se resienten los servicios y las mujeres atendidas». Pineda explica que los recursos de urgencia y residenciales (pisos y casas de acogida), «que ya tenían déficits y listas de espera, no han recibido medidas apropiadas de protección, por lo que el confinamiento ha tenido que ser mayor y solo han salido a la calle las educadoras. Nos consta que haya habido contagio de profesionales, lo que ha supuesto un descalabro en los propios recursos de atención a las mujeres y aumenta el confinamiento a las que están en los pisos». Desde mediados de marzo, explica Pineda, el movimiento feminista reclamó «reforzar los teléfonos de urgencia, el 900900120 (en Catalunya) o el 016″, y «mantener los servicios mínimos de atención telefónica en los municipios, los de proximidad o los SIE (Sistema de Intervención Especializados en Violencias Machistas, presentes en todo el territorio catalán)». Pineda asegura que «el sostén de lo que pasa en el confinamiento son las llamadas o videoconferencias, en las que profesionales de referencia acompañan a las mujeres». Pineda explica que el CNDC ha pedido «flexibilizar los requisitos para que las mujeres en situación de violencia puedan salir de sus casas» y considera crucial «no lanzar mensajes que generen más angustia en las mujeres confinadas con maltratadores».
Raquel Escurriol, coordinadora del Programa de Atención a Mujeres de Tamaia-Viure sense Violència, coincide en que, ante el riesgo para las mujeres, niñas y niños que conviven con agresores, es básico «validar las estrategias de supervivencia de las mujeres que viven en situación de alerta dentro de la alerta». Marisa Fernández, abogada de Dones Juristes, explica que algunos padres «aprovechan el estado de alarma para dificultar las resoluciones judiciales que estipulan la custodia compartida, desoyendo las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial», y que la «suspensión de funcionamiento de los puntos de encuentro entre progenitores e hijos deja a expensas de algunos padres la decisión de que las madres puedan ver a sus hijos. Debería haber un servicio, aunque que sea telefónico, para que puedan comunicarse con ellos». Según Pineda, las profesionales de servicios y entidades coinciden en que «los problemas se agravarán después del estado de alarma, cuando las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad vean limitados sus recursos personales y económicos», y reclama «un plan de choque gubernamental para afrontarlos».
Más carga de cuidados y desigualdad laboral y social
El cierre de escuelas, guarderías, institutos y centros de mayores ha aumentado el trabajo de cuidados en los hogares, que ya era desproporcionado, para las mujeres, que los asumen en mayor medida; y teletrabajar en el confinamiento o hacerlo fuera de casa por ser personal esencial les dificulta aún más la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. El Gobierno anunció y luego descartó una prestación para que quienes no pueden teletrabajar cuidaran a sus hijos e hijas, y ha regulado de forma excepcional la adaptación y reducción de jornada para cuidar a familiares dependientes. La enfermera Diana Llorens denuncia que en la sanidad pública madrileña «en plena crisis nos han suspendido los permisos de reducción de jornada y excedencia por cuidados. Si eres madre sola, ¿qué haces?». En el Estado hay 1,8 millones de familias monomarentales, el 82 por ciento son madres solas y el 50 por ciento están en riesgo de exclusión. Se prevé que la recesión económica derivada de la crisis de la Covid-19 agravará las desigualdades en un mercado laboral en que las mujeres ostentan el 74 por ciento de los empleos a tiempo parcial y soportan una brecha salarial del 26 por ciento, y serán las más afectadas por los ERTEs y el aumento del paro asociado, que se calcula en un millón de personas y puede sumar más de 4,5 millones de personas desempleadas.
Hay otros colectivos que se ven especialmente golpeados por la crisis: 70 organizaciones de personas trans, de las que el 80 por ciento está en situación de exclusión laboral, han pedido al Ministerio de Igualdad que les facilite recursos para afrontar la crisis. Las trabajadoras sexuales, un colectivo estigmatizado y sin derechos laborales, han lanzado una caja de resistencia para apoyarlas ante la situación de crisis. Entretanto, sindicatos y organizaciones sociales critican que se haya priorizado mantener la actividad de sectores no esenciales durante las primeras semanas del estado de alarma y en el desconfinamiento gradual, mientras se obliga al confinamiento estricto de niñas y niños sin tener en cuenta sus necesidades y derechos. Un confinamiento que los hogares más pobres afrontan con menos recursos para seguir la escolarización de menores, y que agrava las desigualdades en materia educativa, como ha denunciado la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Catalunya.
