Decepción absoluta por la respuesta de la Consejería de Sanidad a las 56.129 firmas de madrileñas y madrileños que piden la paralización de su propuesta de recorte horario en Atención Primaria. Hace unas semanas, tras el registro de las rúbricas, que tuvo lugar el pasado 9 de mayo, la FRAVM recibió una carta de la gerente asistencial de Atención Primaria, Marta Sánchez-Celaya, en la que deja muy claras las intenciones del Gobierno regional de seguir adelante con su plan de reducir el horario de citas de medicina de familia y pediatría en los centros de salud.
Un plan que, a pesar de las evidencias, según su parecer “en ningún caso supone disminución o restricción de horarios, ni merma alguna en relación con la atención que se presta a los usuarios”.
La responsable autonómica insiste en que los centros de salud seguirán abiertos entre las 8:00 y las 21:00, algo que nadie ha puesto nunca en duda. El problema es que a partir de las 18:30 se cancelan las consultas y las y los pacientes deberán ser atendidos en el servicio de Urgencias. ¿Realmente esto no supone para la Comunidad de Madrid una merma en la atención?
Más allá de negar la mayor, la responsable de Sanidad reconoce abiertamente que detrás de la propuesta se encuentra la “situación generalizada en nuestro país de falta de sanitarios, especialmente en pediatría y medicina de familia, y la imposibilidad de cubrir muchas vacantes”. En vez de destinar más presupuesto a reforzar las plantillas, muy mermadas tras años de recortes, la Comunidad de Madrid apuesta por rebajar el horario de atención con el/la médico y enfermera habitual, lo que sin duda redundará en un deterioro de la calidad asistencial.
Llama poderosamente la atención que el Gobierno regional esté implantando en estos momentos su plan de recorte horario en diversos centros de salud a pesar de que, tal y como reconoce, aún no haya emitido un “informe final de evaluación” del pilotaje que acogieron 14 centros de salud.
La Comisión de Sanidad de la FRAVM, en una carta de respuesta a la misiva de Sánchez-Celaya que fue enviada el pasado 18 de julio, va incluso más allá y sugiere que el argumento de la falta de profesionales sanitarios “no es más que un intento de disimular el objetivo de esa Consejería de externalizar la Atención Primaria, como ya viene haciendo con la Atención Especializada”.
Según la gerente de AP, con la propuesta de modificación organizativa “los profesionales van a poder posicionarse de la forma más eficiente posible, atendiendo a los criterios de planificación sanitaria que determinen su mayor adecuación, manteniendo la accesibilidad de cada centro de salud conforme al comportamiento de la población”. El problema es que en ningún momento explica cuáles son esos “criterios de planificación”.
La responsable regional también subraya en su misiva que los nuevos horarios deberán contar con la aprobación de las y los trabajadores en cada centro de salud. Pero ¿y la opinión de los usuarios, de los vecinos y vecinas? ¿esa no cuenta?
“Entendemos que la Consejería de Sanidad no puede ni debe modificar unilateralmente el modelo de Salud Comunitaria en el que no solo es necesaria la medicina y enfermería sino la defensa de los Equipos Multiprofesionales, incluida la salud mental, bucodental y fisioterapia, consensuado por todos los agentes y refrendado legislativamente, ya que es de gran eficacia y que estamos dispuestos/as a seguir defendiendo”, sostiene la Comisión de Sanidad de la FRAVM en su respuesta.
Por ello, de nuevo la organización solicita a la Consejería la paralización de este plan, “ideado en la más absoluta opacidad, que nada tiene que ver con lo que ustedes siguen publicitando. Son ustedes gestores de un servicio público que pagamos la ciudadanía y a ella se deben en primera instancia”, concluye la FRAVM en su misiva.
“Con la entrega de las firmas no se acaba esta batalla. A partir de septiembre retomaremos las movilizaciones, con asambleas y concentraciones ante los centros de salud, para que el nuevo Gobierno regional paralice la propuesta de recorte horario”, anuncia Marisa Torres, portavoz de sanidad de la FRAVM.
Imagen: AV La Poveda