«Queremos residencias con el suficiente personal para atender las necesidades básicas de las personas»

Raúl Camargo, Diputado de Podemos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, es uno de los impulsores de una proposición de ley que intenta racionalizar la situación de las residencias para personas mayores. Tras diversos escándalos sobre el trato recibido en estos centros debidos a la falta de personal, el grupo parlamentario de Podemos presentará mañana 10 de mayo un plan alternativo que estructure un sector tan necesario como este. Esperamos que, por el bien tanto  de las personas que necesitan este servcio como por el de las que desarrollan su trabajo en ellos, que esta proposición  de ley sea aprobada por la Asamblea madrileña.

– Pregunta: En estos días presentáis una proposición de ley sobre las residencias de la Comunidad de Madrid ¿no?

– Raúl Camargo: El Gobierno, ha intentado tumbarla en dos ocasiones en la Mesa de la Asamblea, con informes que señalaban que se iba a producir un incremento de gasto con la Ley. Es obvio que se va a necesitar más inversión en Residencias si se aprueba la Ley, pero las maniobras han sido muy sucias y de todo tipo para que no pasara el filtro de la Mesa. Pero la Mesa levantó el veto porque en finalmente nos apoyaron PSOE y Ciudadanos. Lo llevaremos a Pleno para la toma en consideración seguramente el 10 de mayo. Si ese día tenemos más votos a favor que en contra la ley entrará en fase de ponencia donde se nombra una Comisión para discutir las enmiendas parciales y, si hay acuerdo, se vuelve a llevar a Pleno para su aprobación definitiva. Todavía falta, pero ya estamos en marcha.

– P.: ¿Cuáles son los ejes sobre los que se vertebra la proposición de ley? ¿Afectaría tanto a residencias públicas como privadas?

– R. C.: La ley es para todas, públicas y privadas. Lo que sucede es que, en el caso de las ratios de trabajadoras, uno de los ejes de la ley, solo podemos imponerlo en las públicas o en las que entra dinero público, es decir, en las que tienen firmados conciertos o son de gestión indirecta. A las que son totalmente privadas podemos imponerles todas las características técnicas y de infraestructuras, pero no el personal que tienen que tener porque es otra la ley en la que se amparan y podrían hacer incluso un recurso de inconstitucionalidad por la injerencia. Las ratios de trabajadoras solo podemos imponerlas en las públicas, pero este es un punto fundamental de la ley y si se aprobara las plantillas aumentarían hasta un 40%, teniendo que contratar nuevo personal para cubrir los huecos que hay ahora con unas ratios que están muy por debajo de lo necesario. Además, las ratios las establecemos en relación no solo a las categorías sino también al grado de dependencia: a mayor grado de dependencia, más personal.

– P.: ¿Contempláis también el aumento de personal especializado, médicos y enfermeras, sobre todo teniendo en cuenta que el grado de dependencia va aumentando porque las personas que están en las residencias envejecen y la población vive más?

– R. C.: Sí, por supuesto. Se cubren todos los huecos que hay ahora, y entre ellos están la ausencia de médicos los fines de semana y las tardes, y lo mismo con el personal de enfermería. Ya te digo que en general hay un aumento considerable de personal en todas las categorías y en todos los turnos y en función del grado de dependencia. Estamos hablando, según las categorías de un aumento de personal entre el 30 y el 50% según las categorías.

– P.: ¿La ley pretende asegurar los días libres y los descansos de las trabajadoras? Al ser un trabajo muy femeneizado, además de tener los sueldos más bajos, hay muchos problemas de conciliación de la vida personal y laboral.

– R. C.: En eso no podemos meternos porque se regula mediante el Convenio Colectivo de Residencias. Es personal laboral. Ellas tienen unos días de libranza reconocidos en el convenio a todas las trabajadoras y trabajadores, los famosos moscosos y en muchas ocasiones no los pueden disfrutar debido a la coletilla que hay en el convenio de que se podrán disfrutar en caso de que no haya necesidades del servicio y, claro, aquí siempre hay. Les deben días de otros años. Pero esta situación se da por la escasez de personal: con la plantilla suficiente podrían tener sus días libres, hacer rotaciones… Pero al haber tan poco personal las trabajadoras sufren este problema.

Esto no lo podemos regular directamente, pero si conseguimos la incorporación de más personal creemos que este problema se solucionaría.

– P.: Tiene que ser terrible para ellas esta forma de trabajar, pero también para las usuarias y usuarios. Estamos hablando de personas y con ese ritmo de trabajo si tratas bien a las personas tiene que ser por voluntad, porque crees en la utilidad de tu trabajo.

– R. C.: Está claro. Hay mucha gente que está ahí de forma vocacional y que cuida y lo vive, pero ahora el precio que pagan es muy alto: tenemos un índice muy alto de bajas por estrés, de bajas por lesiones de espalda… Y el problema es que no llegan porque no hay suficiente personal, no pueden atender a la mayoría de las personas que están en la residencia y que ya en un 85% son dependientes o grandes dependientes y entonces hay que hacerles todos.

– P.: ¿Estás en contacto con las y los familiares?

– R. C.: Sí, y además dentro de la ley, que es otro de los ejes por los que me preguntabas, figura el que los familiares puedan formar parte del Consejo de Residentes, que hasta ahora no podían, sólo podía estar en él las y los residentes. Pero hay algunos que están en malas condiciones para formar parte de un órgano de control de lo que se hace dentro de la residencia. Con la nueva ley, la familia, por delegación de sus mayores, puede formar parte de este Consejo y creo que será una forma de activarlo y controlar la actividad de la residencia. De hecho, esta parte la ha redactado la asociación Plataforma por la Dignidad de los Mayores en las Residencias y contamos con su beneplácito para el apoyo de la ley.

– P.: No hace muchos años las estadísticas sobre el grado de satisfacción de las personas con las residencias a las que acudían era bastante positivo y esto ha caído en picado en un período de diez años ¿no?

– R. C.: Se han deteriorado mucho las públicas y, además, cada vez hay menos plazas y más concertadas: hace veinticinco años que no se ha construido una residencia pública. El deterioro está relacionado con el mayor número de personas usuarias debido el aumento de la esperanza de vida y a que, debido al sistema de vida que llevamos, es más complicado tener a los mayores en casa en situaciones de gran dependencia, que es lo que más vemos en las residencias actualmente. Las personas residentes han aumentado mucho pero el personal no lo ha hecho de la misma forma. Esto es lo que está creando el colapso, los problemas en la atención cotidiana y de forma adecuada. En definitiva, es un problema estructural que la Comunidad de Madrid, igual que otras comunidades autónomas, no quiere ver.

– P.: Tú has tenido contacto con todos los sectores afectados. La solución pasa por residencias nuevas o por más conciertos

– R. C.: Pasa sobre todo por lo público. Por residencias nuevas que también tengan en cuenta un modelo de gestión centrado en la persona, que no se construyan macrorresidencias como las que se construyeron durante el franquismo, que tienen más de 600 plazas. Aún queda alguna por ahí. Ese modelo no funciona. Hay que construir residencias públicas de 100 o 120 residentes a lo sumo y con modelos de gestión muy centrados en la persona: unidades convivenciales pequeñas que permitan que las personas mayores no sientan que viven en un hospital, que tenga las atenciones sanitarias precisas pero que también cuenten con espacios de convivencia, aunque tengan deterioros cognitivos avanzados. Este es un modelo que se está empezando a experimentar en países nórdicos con buenos resultados: son residencias públicas no muy grandes divididas en unidades convivenciales atendidas por el personal necesario. Esto no exige una mayor inversión, tan solo un cambio conceptual. Tienen que crearse residencias públicas, los conciertos deberían ir extinguiéndose paulatinamente. No podemos prohibir las residencias privadas, pero sí hacer que las públicas sean lo suficientemente dignas para que cualquier persona pueda acudir a ellas, sean dependientes o no, a unos precios asequibles en función de sus ingresos. En definitiva, un modelo basado en lo público.

– P.: Es innovador el modelo residencial que proponéis.

– R. C.: Sí. Toda residencia tiene que tener un componente sociosanitario. Pero el modelo tradicional sigue siendo el de un hospital. No es que propongamos esa regulación en la ley porque no podemos: legislativamente solo podemos regular aspectos como las ratios, el tamaño de las habitaciones… Pero creemos que el aspecto convivencial puede surgir en el debate de la propia ponecia. Se deberá integrar un modelo basado en pequeñas unidades convivenciales, como decíamos, centradas en las personas.

Esta ley, de ser aprobada, tendrá que ser desarrollada por un reglamento que elaborará el gobierno, así que cuantas más cosas dejemos atadas en la ley, menos margen para la discrecionalidad quedará.

– P.: Presupuestariamente esta ley significará bastante dinero de las arcas públicas

– R. C.: Sí. Pero damos un plazo de un año para la adaptación necesaria tanto de los centros que ya existen como de la normativa. Creemos que cuando se apruebe somos conscientes que la ley que apruebe los presupuestos del año siguiente tiene que comprender los créditos necesarios para llevar a cabo las obras necesarias y contratar el personal adecuado. Y este cambio se tiene que hacer desde la Comunidad de Madrid, porque el otro modelo ya lo conocemos y sabemos las consecuencias que tiene, como estamos comprobando todas las semanas, con protestas, accidentes, fallecimientos en extrañas circunstancias…

– P.: ¿Qué os demandan las trabajadoras? Me imagino que la cuestión de la ratio para ellas es fundamental pero también plantearán otras cuestiones

– R. C.: Sí. Ellas demandan mucha formación según sus funciones. También, claro está, que puedan disfrutar de sus permisos y vacaciones, pero eso está relacionado con las plantillas adecuadas. Y que haya un modelo de gestión y convivencia en las residencias que no sea “ordeno y mando” sino que el modelo sea más cooperativo en el que la dirección tenga en cuenta las opiniones del personal y sus propuestas. Eso está regulado ya con los sindicatos pero en muchas ocasiones no funciona.

– P.: Una de las reivindicaciones de las trabajadoras es que no tengan que realizar funciones que no les corresponden y que ellas no se sienten capacitadas para su desempeño, no por falta de formación sino porque son de un nivel superior al que se les puede exigir a su categoría profesional. Esto además les preocupa mucho. La implantación de esta ley ¿atajaría esas situaciones en las que personal auxiliar tiene que realizar tareas que sobrepasan las funciones y la responsabilidad para las que están contratadas?

– R. C.: Sí. De hecho, en la regulación de las ratio se dice explícitamente que no puede haber personal que preste un cometido diferente al que tiene que desempeñar por su contrato. El aumento de personal y la delimitación de funciones eliminaría la situación que se da en la actualidad de, por ejemplo, auxiliares de hostelería que están levantando ancianos, auxiliares de enfermería que están limpiando el suelo, a personas de mantenimiento que llevan la ruta de día… Esto es el pan nuestro de cada día: la carencia de personal se suple cogiendo a los que tienen en plantilla y haciendo que hagan diversas funciones, tengan preparación o no.

– P.: Dinos cómo ves tú las residencias tras la aplicación de esta ley

– R. C.: Pues que cumplieran unos estándares mínimos de dignidad. Esta es la palabra clave, dignidad. No hablamos de hacer residencias de lujo sino residencias con el suficiente personal para atender las necesidades básicas de las personas que ahí residen y para que las personas que están trabajando tengan unos derechos laborales consolidados y dignos: que tengan sus días de permiso, sus vacaciones, que haya el personal suficiente para cada turno y que, en cada uno de ellos, se cuente con el personal adecuado. Es el personal que trabaja en las residencias, precisamente, el que ha estado elaborando este aspecto de la ley.

– P.: Antes decías que el aumento de plantilla rondaría el 40% pero ¿sería igual en todas las categorías?

– R. C.: No, hay más carencias en TECAES, Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Es el grupo que más que se incrementaría ya que en ellas reside el contacto directo con las usuarias y usuarios. Pero también aumentaría bastante el colectivo de enfermería.

– P.: El de las residencias, dedicado a cuidados, es un sector de trabajo muy femeneizado y eso siempre tiene consecuencias negativas. ¿Cómo se puede terminar con ello?

– R. C.: En residencias, por ejemplo, no se establece en convenio ninguna diferencia salarial. Pero como es un ámbito de trabajo completamente femenizado el convenio está muy por debajo de otros como pueda ser el del metal, que no tiene nada que ver. No sé si a muy corto plazo es reversible, no creo que a muy corto plazo los hombres vayan a demandan plazas en este sector, creo que va a continuar siendo mayoritariamente desempeñado por mujeres por cómo se sectorializa todo. Vivimos en un sistema patriarcal y, aunque vamos avanzando, no lo vamos a cambiar a corto plazo. Pero lo que sí se pueden conseguir son mejores condiciones para las mujeres que desempeñan su trabajo en las residencias. Creo que hay que hacer lo que se está empezando a hacer ahora: organizarse, luchar, hacer concentraciones, movilizaciones, huelgas… Hay un ejemplo que es bandera en este tema como ha sido la huelga de trabajadoras de residencias de Bizcaia. Han estado un año de huelga y al final han conseguido firmar un convenio que, aunque no es el que ellas reclamaban, mejora sus condiciones de forma clarísima. Están mucho mejor de lo que estaban hace un año. Pero ha sido duro mantener esa movilización contra la Diputación de Bizkaia en manos del PNV, que al fin y al cabo es un partido de centro-derecha. Han conseguido forzarles a firmar un acuerdo bastante positivo. El único camino para que las condiciones laborales en el sector privado sobre todo mejoren es el de la autoorganización y la movilización sostenida contra el convenio para forzar a las patronales a firmar un convenio digno. Ahora, en las privadas, han quitado el plus de trasporte a trabajadoras que cobran poco más de 600€ como auxiliares de enfermería. También han eliminado el plus de los domingos: les han hecho un contrato de lunes a sábado, en vez de lunes a domingo, para contratar los domingos aparte y ahorrarse el plus. Es piratería laboral las que están aplicando las patronales.

– P.: ¿Es necesaria la unión de las trabajadoras con las familias de los residentes para solucionar todas las cuestiones de las que hemos hablado anteriormente?

– R. C.: Sí, sobre todo si tenemos en cuenta que ha habido una incomunicación histórica y que intentamos quebrar. De hecho, en la Plataforma que se montó de la Asociación por la Dignidad de las Residencias había también trabajadoras. Hay que intentar que haya una lucha conjunta porque los problemas son los mismos y le pelea tiene que ser conjunta. Los familiares quieren que sus mayores estén bien cuidados y para ello tiene que haber más personal. Para esto tienen que hacer un frente común e intentar evitar criticar a las trabajadoras porque van saturadísimas.