Cuando ganas un concurso de 72 millones y te «invitan» a renunciar en favor de Ferrovial
Tras las presiones de la Comunidad de Madrid, el contrato recayó en la compañía salpicada en varios casos de financiación de partidos.
La Comunidad de Madrid presionó a un licitador para que abandonara de forma voluntaria el contrato de 72 millones de euros que le iba a ser adjudicado tras presentar dentro de la legalidad la oferta más barata. Tras varias reuniones en la Consejería de Sanidad y ante la intimidación -explícita en algún caso- de los miembros de la Administración autonómica, la empresa renunció a su oferta. Después, los responsables de la Sanidad pública madrileña alcanzaron un pacto para dar forma legal a su maniobra y otorgaron el contrato tres semanas más tarde a una filial de Ferrovial, con una oferta cinco millones de euros más cara.
El conflicto estalló en enero de 2016, cuando la mesa de contratación hizo públicas las plicas del servicio de transporte con ambulancias de urgencia en la Comunidad de Madrid. Con los sobres en la mesa, fue Ambulancias Alerta la empresa que presentó la oferta más barata: 72,3 millones de euros, con cinco millones de ahorro frente al segundo. No hubo baja temeraria, y como el pliego de condiciones otorgaba el 90% de los puntos a la oferta económica, era evidente que esta firma, salvo sorpresa de última hora, sería la ganadora.
Sin embargo, en ese momento arrancaron las presiones, las reuniones con la Administración donde se auguraba un futuro lleno de protestas, el riesgo de que el contrato se atascara en los juzgados, la amenaza de fuertes sanciones hasta quedar «fuera del mercado» y la evidencia de que el Ejecutivo autonómico quería que la empresa renunciara de forma voluntaria a su oferta. Como así sucedió. Tres semanas después de la renuncia, el contrato fue concedido a Ferrovial, con la segunda mejor oferta, por 77,3 millones de euros.
Ferrovial, presente en la lista de empresas del Ibex 35, se ha visto salpicada en algunos casos de corrupción política que ya han llegado a los tribunales. En uno de ellos, el caso Palau, dos de sus directivos están imputados por presunto tráfico de influencias. El nombre de la empresa también apareció en una agenda de Francisco Granados requisada en el caso Púnica. En ésta, se relacionaba a Ferrovial con la presunta financiación de fiestas del Partido Popular en municipios de Madrid a través de la empresa Waiter Music. Desde Ferrovial aseguran a EL ESPAÑOL que nunca han financiado fiestas de ningún partido político en España, pero que todos los pliegos de los concursos incorporan gastos de mercadotecnia a gastar en las inauguraciones y promoción de las obras que realizan.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) también envió un informe al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, alertando sobre la existencia de posibles donaciones irregulares por parte de constructoras, entre ellas Ferrovial, con la mediación de Alberto López-Viejo, algo que todavía no se ha sustanciado y que desde Ferrovial niegan taxativamente.
Por su parte, portavoces de la Consejería de Sanidad consultados por EL ESPAÑOL rechazan la existencia de presiones o amenazas y mantienen que el contrato se desarrolló «siguiendo escrupulosamente toda la normativa de contratación. De hecho ninguno de los implicados en este proceso, que finalizó hace más de un año, ha presentado recurso alguno ni ha notificado incidencia al respecto», recuerdan las mismas fuentes. Algo que, según ha podido confirmar este diario, sí ha sucedido. Por ello serán los Tribunales los que dictaminen si existe o no indicio de irregularidad.
Fuera del mercado cinco años
El proceso para presionar a la empresa arrancó el 12 de enero de 2016, horas después de hacerse públicas las ofertas de todos los competidores. Tras la apertura de plicas el director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortés, presidente además de la mesa de contratación, llamó a los responsables de Ambulancias Alerta y les convocó con urgencia a una reunión en la Consejería de Sanidad.
En ese encuentro, según las grabaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue el propio viceconsejero Manuel Molina, el número dos de la Sanidad madrileña, quien les mostró sus reticencias a que el contrato fuera entregado a la oferta de Ambulancias Alerta. “Yo esta noche no he dormido mucho pensando en esto. Es decir, es que es el servicio estrella de la Consejería y yo no quiero salir cojo. O sea que no quiero que el día que lo vaya a firmar al Consejo de Gobierno tener las ambulancias en la Puerta del Sol pitando, diciendo que esto es que lo vamos a tirar por los suelos, que vamos a quitar los sueldos y que vamos a bajar un quince por ciento”.
En un primer momento, Molina mostró su preocupación por que Ambulancias Alerta no fuera capaz de mantener el servicio al precio ofertado y eso repercutiera en la atención a los pacientes. Algo que la empresa negó alegando que lleva 35 años como proveedor del sector público.
«Es el servicio estrella de la Consejería y yo no quiero salir cojo. No quiero tener a las ambulancias en la Puerta del Sol pitando»
Por su parte, el viceconsejero amagó incluso con no firmar el contrato, tras reconocer, según reflejan las grabaciones de esa reunión, que la Comunidad de Madrid había hecho la vista gorda con las presuntas faltas de de la empresa en otras concesiones. Algo que desde la compañía niegan: «Yo sé que se han hecho incumplimientos reiterados y no se han sancionado, no se han amonestado. Se hicieron cuatro simbólicas de 1.500 euros. Yo como empresa, a mí me dices que por incumplir de forma acumulada durante todo el mes todos los criterios me vas a poner 1.500, los pago y sigo incumpliendo, porque es lo que se ha hecho”.
La legislación sobre contratos públicos tiene normas muy claras para las infracciones y los incumplimientos de contrato. Pero nunca funcionan de antemano ni de forma preventiva. Pese a ello, llegaron las presiones explícitas ante los posibles incumplimientos cuando el contrato ni siquiera había arrancado: «Como bien apuntaba el viceconsejero y yo creo que debemos todos interpretarlo adecuadamente, el tema de entrar en el camino de penalidades por una hipotética resolución del contrato es una acción muy dura, muy difícil, muy complicada pero sobre todo de cara a vosotros, porque eso…”, explica otro de los responsables de Sanidad, en una frase que termina el viceconsejero. “Eso os pone fuera del mercado durante cinco años”.
«No quiero tener 300 ambulancieros dando cacerolazos»
Tras el aspecto económico, pronto la conversación viró a un temor mucho más terrenal. Algo que centró el grueso de la charla: Las protestas de los sindicatos si la nueva empresa anunciaba despidos y eso se trasladara a la prensa: “El primer problema que tengamos de un fallecimiento, que no va a ser culpa del transporte, que no va a ser culpa de los hospitales, es porque se tenía que morir, no os preocupéis que van a echar la culpa al transporte y a la Consejería de Sanidad”, explica el vicenconsejero. “No quiero tener a 300 ambulancieros dando cacerolazos en la asamblea”, mantuvo en la misma línea el director de Gestión del Summa.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el pliego de condiciones elaborado por la propia Administración contemplaba que la empresa adjudicataria debía “subrogar” a los más de 400 miembros de la plantilla, entre conductores de ambulancia, directores de tráfico y personal administrativo. Pero nada decía de que la nueva empresa tuviera que mantener los puestos de trabajo, tasados en 76 millones según Ferrovial, anterior concesionaria.
En la práctica, eso supone únicamente que el nuevo concesionario debía ser quien hiciera frente a las indemnizaciones si consideraba necesario reducir parte del personal y no afectaba a la calidad en el servicio. Eso, tras la aprobación de la reforma laboral por el Partido Popular -formación del propio Molina y que gobierna en la Comunidad de Madrid- se solventa únicamente con un pago de 20 días por año trabajado. “Iniciamos con una huelga general en el sector del transporte sanitario, os lo aseguro”, llega a decir el viceconsejero en otro momento de la conversación. «Empezamos tropezados. Empezados tropezados con un titular de periódico», apuntala Santiago Cortés.
«El problema es que los sindicatos, las huelgas no os las hacen a vosotros, nos las hacen a nosotros. A mí, Safe (filial de Ferrovial y anterior concesionaria del servicio) cuando estaba en esto, los sindicatos no han ido a protestarle, además dicen que están encantados con su empresa. Han venido a nosotros y lo han sacado en prensa«. Mantiene de nuevo Molina, en un argumento que, pese al marcado carácter social, es externo al proceso de contratación y más a cualquiera de los licitadores.
En resumen, el tono de la reunión fue duro y, sobre el papel, se cerró con el acuerdo de que Sanidad requeriría a la empresa un informe de viabilidad pormenorizado para confirmar su oferta. Si los técnicos consideraban entonces que su plan de gestión era inviable, la empresa podría ser apartada del concurso. Sin embargo, eso abriría la puerta a una batalla legal que tendría la licitación parada durante meses. Es por eso que la renuncia voluntaria de la empresa era un camino mucho más sencillo.
«Vuestra oferta me sorprende, pero es que a ellos [Ferrovial] tampoco les creo»
«Esto no es ninguna broma. Ya habéis visto cómo se ha puesto el viceconsejero. Yo esto no te lo digo como director de gestión», explica Santiago Cortés a la salida del encuentro, como si pudiera desligarse del cargo. «Si yo estuviera en vuestro sitio haría una carta de renuncia, que no se ajusta vuestra oferta…». La respuesta de la empresa fue concisa: «Si renunciamos estamos fuera del sector».
«Esto no es ninguna broma»
Fue el 5 de mayo cuando Ambulancias Alerta comunicó a la Administración que abandonaría su oferta por el concurso, pero que necesitaba una salida airosa frente a sus competidores. Por ello, tanto la empresa como la consejería pactaron que la firma aceptaría una renuncia voluntaria alegando un retraso en la fecha de entrega del contrato. Así la empresa no tendrían que renunciar públicamente a su oferta y asumir el descrédito y Sanidad rebajaría el riesgo reputacional y de movilizaciones con los trabajadores afectados por los posibles despidos.
Dos semanas después, el 26 de mayo, el contrato fue concedido finalmente a Ferrovial por 77,3 millones de euros, en una decisión que cuatro meses antes -y según las grabaciones a las que ha accedido EL ESPAÑOL- tampoco estaba respaldada por los técnicos. «Vuestra (oferta) me sorprende […] pero es que a ellos (Ferrovial) tampoco les creo. Ellos me alucinan más que vosotros todavía. Porque encima están prestando el servicio y estoy viendo los conflictos que tengo con ellos. […] Han bajado una barbaridad. Cuestión que no entiendo».
Pese a estas palabras y tras solicitarle un informe de viabilidad que la empresa presentó, la mesa de contratación aceptó entregarle a Ferrovial el contrato.
