La Comunidad lleva pagando al hospital Puerta de Hierro, desde su inauguración en 2008, por 135 camas que no existen. Hablamos de más de 28 millones que se han abonado de más solo en los últimos cuatro años. ¿El motivo? Justo antes de inaugurarse el hospital Esperanza Aguirre decidió transformar las habitaciones dobles en individuales. Con menos camas disponibles, la concesionaria debería cobrar menos dinero, pero eso nunca ocurrió porque no se modificó el contrato.
La Comunidad de Madrid lleva nueve años pagando a la empresa concesionaria del Hospital Puerta de Hierro por 135 camas que no están en servicio. Según el contrato, el centro hospitalario debía contar con 878 camas que, de hecho, fueron compradas e instaladas en habitaciones habilitadas para dos pacientes. Poco antes de la inauguración Esperanza Aguirre dio la orden de convertir las habitaciones en individuales. 135 camas fueron retiradas y se colocaron, en su lugar, sillones para acompañantes, pero en ningún momento se modificó el contrato con la empresa privada que gestiona la parte no sanitaria del hospital.
Esta información queda confirmada en un informe que la Comisión Jurídica Asesora, que depende de la Comunidad de Madrid, ha realizado a petición de la Consejería de Sanidad. Los cambios en el contrato, pese a que nunca fueron aprobados formalmente, sí fueron convalidados en 2008 por el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre.
El dictamen de la Comisión Jurídica, que todavía no está finalizado, se basa en el informe realizado hace un año por un bufete de abogados privado. Un informe en el que queda claro el desequilibrio económico que ha supuesto el descenso de camas a favor de la concesionaria y que, recomienda, adecuar el contrato a la situación actual. La Comisión Jurídica solicita informe a la Abogacía general de la Comunidad de Madrid que da el visto bueno al dictamen, pero matiza que, por ley, sólo se puede reclamar económicamente lo pagado de más en los últimos cuatro años. Una cantidad estimada en 28 millones de euros.
La Consejería de Hacienda, a través de la Dirección General de Economía y Política Financiera, también emitió un informe favorable a la propuesta pero, curiosamente, si se mantiene inalterada la tasa interna de retorno del accionista en el 11,33%.
La empresa concesionaria alega que el derecho de la Comunidad ha prescrito y que no se puede cambiar el contrato. Que la administración de Esperanza Aguirre, “con independencia del procedimiento más o menos riguroso” no realizó ningún equilibrio económico y que ahora no existe apoyo normativo para hacerlo.
