Lo constata la auditoría oficial que realizó la Comunidad de Madrid en 2012. La gerencia del hospital utilizó la contratación menor para eludir los requisitos de publicidad y concurrencia. La Intervención verifica la existencia de fraccionamiento contratos en el suministro por un valor de cerca de cincuenta millones de euros
La contratación a dedo del personal estatutario, realizada por el Hospital Universitario de La Princesa, sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad es otra de las irregularidades sobre las que la auditoría llama la atención. También resalta que «para los nombramientos eventuales, no se justifica suficientemente la naturaleza temporal por razones de necesidad o urgencia», con lo que también se vulnera la normativa vigente.
El elevado número de interinidades y eventualidades que se alargan indefinidamente en el tiempo, sin que se justifique la naturaleza temporal del servicio a prestar, desvirtúa, apunta la auditoría, el concepto de «contratación temporal»
Con carácter general, resalta el informe, «hay que señalar, sobre todo, los incumplimientos de la normativa detectados en las actividades relacionadas con la gestión de personal, en materia de contratación administrativa y en la que rige la ejecución del presupuesto.» Incidencias, que matiza, se vienen repitiendo en varios ejercicios.
El Hospital se vuelve a saltar el procedimiento de publicidad al comprar a Bayer un inyector de resonancia magnética valorado en 21.500 euros, con un uso pactado de los productos de esta empresa. Es decir, el centro va a adquirir los fungibles necesarios siempre a Bayer sin convocar concurso público al menos durante 4 años que es la duración del contrato firmado.
Respecto a la compra de suministros a través de contratos menores, la Intervención alerta de que ha constatado «la utilización del procedimiento de contratación menor, verificando la existencia de un fraccionamiento, en el objeto de los contratos a fin de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así, los requisitos de publicidad y concurrencia». Esta incidencia se ha podido comprobar, analiza el auditor, por un importe de al menos 48 millones de euros.
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