Si mañana tuviéramos que organizar un sistema sanitario sobre un territorio concreto y para una población de 6,5 millones de personas, lo tendríamos claro: dividiríamos el territorio en áreas y organizaríamos una estructura territorial según sus características demográficas, geográficas, socioeconómicas y epidemiológicas.
En función de esas características haríamos una planificación por áreas y en función de esa planificación, gestionaríamos los recursos para que los ciudadanos, vivieran donde vivieran de nuestro territorio, tuvieran asegurada las mismas prestaciones, la equidad en el acceso al sistema sanitario y una asistencia sanitaria planificada, coordinada e integrada dentro de su área. Eso sería así si tuviéramos sentido común y si realmente quisiéramos poner a los ciudadanos y pacientes en el centro del sistema.
De hecho, es tan sensato y tan de sentido común, que es lo que efectivamente se estableció en la aún vigente Ley General de Sanidad de 1986, concretamente en su artículo 56. Una ley estatal a la que la Comunidad de Madrid puenteó en un dudoso encaje constitucional amparándose en una excepción que no se contempla en dicha ley.
De hecho, la Comunidad de Madrid se organizaba así, en áreas de salud, hasta que nuestro sistema sanitario se vio alterado por la aparición de los hospitales de gestión privada pero de uso público. Es decir, que pagamos entre todos los madrileños pero que solo rinden cuentas ante sistemas bursátiles extranjeros. En ese momento apareció la Ley 6/2009, del 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid. Podríamos preguntarnos: ¿qué tiene que ver la libre elección de especialista con la organización sensata y planificada de los recursos por áreas? Pues en principio nada, hasta que las mismas personas que tomaron la decisión política de darle prioridad al lucro en la gestión sanitaria, tomaron otra decisión, que fue la de introducir, bajo el paraguas del argumento de la libreelección, una nueva organización del sistema sanitario: el área única.
En principio, dotar a los ciudadanos de mayores libertades, debería suponer un avance social, siempre y cuando no se priorice ese derecho sobre otros que son nucleares en un sistema sanitario como la equidad y la eficiencia. Pero además, hay que preguntarse si esas libertades son reales, si son equitativas y sobre todo, si en verdad no están camuflando otros intereses y otras deficiencias, como sucede en el caso de la Comunidad de Madrid. La prueba de que son libertades de cartón piedra la obtuvimos la semana pasada con la prohibición, en el hospital público Ramón y Cajal, de admitir en su urgencia a pacientes de otras áreas sanitarias.
El problema no es la libertad de elección sino la capacidad para ejercerla. Y en un sistema sanitario que no tiene el foco asistencial en paliar las desigualdades, ni en garantizar la equidad, ni en evaluar y publicar los resultados en salud, la libertad de elección no es más que un atractivo titular y un instrumento ideológico al servicio del mercado.
¿Acaso los ciudadanos tienen acceso con transparencia y rigor a los resultados en salud de los diferentes centros sanitarios para poder elegir libremente? ¿Acaso tienen las mismas oportunidades todos los ciudadanos a la hora de poder desplazarse de su territorio para ser atendidos en otro? La respuesta es no.
De hecho, es curioso como esta “libertad de elección” se ha ejercido casi exclusivamente en el entorno de las listas de espera, donde desde la propia consejería, una persuasiva voz al otro lado del teléfono te lograba convencer para operarte en otro hospital y con otro médico que inicialmente no habías elegido, a cambio de no pasar una eternidad en el limbo de la lista de espera.
La realidad es que la libertad de elección y el área única han servido para cambiar el foco de las políticas sanitarias de lo colectivo a lo individual y de la equidad a la falsa eficiencia. Con estas decisiones se han dejado de lado las políticas fundamentales de coordinación asistencial, de integración con los servicios sociales o de planificación sanitaria.
Para que nuestro sistema sanitario vuelva a poner en el centro a los pacientes y no a los mercados, para que las políticas sanitarias busquen la equidad y la justicia social y para que la libertad de elección no sea un instrumento de la falsa libertad, desde el grupo parlamentario de Podemos de la Comunidad de Madrid, vamos a pedir que se derogue el área única y sus nefastas consecuencias.
Mónica García es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Alfredo Ramos es miembro del gabinete técnico del Grupo de Podemos Comunidad de Madrid.
Fuente: Infolibre