Transporte en la sanidad pública: privatizado y mal gestionado

Recientemente el Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid interpeló al Consejero de Sanidad para que rindiese cuentas a todas las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad sobre la situación que atraviesa el transporte sanitario urgente y no urgente en la comunidad y las medidas que tiene pensado adoptar para mejorarlo.

La intervención de la Diputada se centró en el transporte urbano e interurbano y el transporte sanitario programado que son, según San José, “los grandes olvidados de la Gerencia del SUMMA 112 y son los que peor funcionan, a pesar de que estas Ambulancias hacen la mayoría de los traslados urgentes y todos los no urgentes”.

Este servicio, en la Comunidad de Madrid, fue privatizado por el nuevo gobierno del PP, a pesar del compromiso de Cristina Cifuentes en el Acuerdo de Investidura para paralizar la privatización de la sanidad madrileña, y en la actualidad lo gestiona Ferrovial. Y la parte que queda pública del otro servicio de Transporte No Urgente está previsto privatizarlo el próximo año.

El verdadero problema estriba en que el PP y su Consejero de Sanidad, el Sr. Sánchez-Martos, “apuestan por una gestión privada en aras de que es más eficiente, aunque sin embargo no hay ninguna evidencia de tal extremo”. Pero desde los populares en el gobierno de la asamblea se continúan propiciando los negocios dentro de la sanidad “y esto puede ser lícito, pero es injusto socialmente promover negocios con fondos públicos” ya que las ofertas de estos servicios incluyen, claro está, el coste de beneficio.

Carmen San José declara “que el SUMMA 112, que es quien firma los Pliegos con las empresas adjudicatarias, no se responsabiliza ni exige a las concesionarias unas condiciones laborales similares a las de resto del servicio no privatizado, ni hace cumplir la normativa a todas las ambulancias, lo que trae como consecuencia, un servicio de peor calidad. Y la responsabilidad del buen funcionamiento, aunque su gestión sea privada, corresponde siempre a la Consejería de Sanidad y, en este caso, al SUMMA 112. Es el Gobierno de la Comunidad de Madrid el responsable de que se cumplan en su totalidad los pliegos que se firman con empresas como Ferrovial, Ferroser, Alerta, SASU o Santa Sofía.

La Diputada de la formación morada aprovechó su intervención para describir el funcionamiento del servicio desde que una persona en situación de necesidad clínica, activa el servicio por medio de una llamada para una atención de urgencia. Servicio este privatizado y en manos de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Ferrovial Servicios SA y Servicios Auxiliares de Ferroser, S.A. “Hay que prestar atención a este servicio”, continúa la diputada” porque hay llamadas que se pierden. Otras se retrasan entre la recepción por el 112 y el paso al 061, a pesar de tratarse de llamadas asistencials para movilizar un recurso del Servicio Madrileño de Salud”. Este servicio de recepción de llamadas no cumple con lo estipulado en los pliegos y carece de la plantilla necesaria. Tampoco cuenta con los traductores estipulados en los pliegos. Un solo operador tiene que cumplir con las dos funciones a través de aplicaciones informáticas y de ahí la pérdida de llamadas. Este aspecto ya ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo por los trabajadores.

Las Ambulancias para el traslado urgente de los pacientes es un servicio adjudicado a Ferrovial Servicios S.A. y a Servicios Auxiliares Sanitarios de Urgencias, S.L. “Un contrato que se adjudicó por 77 millones de euros, muy por debajo de los 83 millones que el gobierno había previsto y que, desde el principio, se denunció porque no iba ni a cubrir el salario de las y los trabajadores”.

Estas ambulancias son las encargadas de realizar la mayoría de los traslados urgentes de los pacientes ante una situación clínica que obliga a una atención sanitaria inmediata porque implica un riesgo para la salud. Según la Memoria del SUMMA 112 realizaron unos 300.000 traslados.

“A pesar de la importancia de este servicio se da en unas condiciones muy mejorables”, subraya la Diputada. Y sobre todo por dos razones:

• Por las malas condiciones laborales de los y las trabajadoras que les ha llevado a prestar diversas reclamaciones porque no se cumplen ni los derechos laborales, ni la jornada que se acordó en la subrogación (1800 horas). Como la plantilla es escasa se sirven de personal en prácticas y de personal que genera subvenciones en la contratación, como el mayor de 45 años. Menos gastos, más beneficios. Y no hay que pasar por alto que el personal propio del SUMMA 112 de una UVI es de 1536 horas al año, muy por debajo de las 1800, e incluso 2000 horas, que realiza el de estas ambulancias.
• Las normas con las que tienen que operar las ambulancias no se cumplen, como sucede con el RD 836 básico. En la Comunidad de Madrid hay poca legislación al respecto y la que hay es poco más que papel mojado.

En el Plan Director de Urgencias y Emergencias se dice que las madrileñas y madrileños contamos con 96 ambulancias que funcionan 24 horas de lunes a viernes y 12 horas u ocho, según los casos, sábados, domingos y festivos. Pero en los Pliegos que el SUMMA 112 firmó con la adjudicataria se recoge que solo 27 ambulancias funcionan 24 horas los 365días del año, que son las únicas de las 96 que cuentan con dos Técnicos en Emergencias Sanitarias, es decir, que son las únicas que cumplen la normativa del Real Decreto mencionado.

El que una ambulancia esté atendida por dos o por un Técnico es fundamental a la hora de atender las necesidades de los pacientes. Estas ambulancias, las 27, son las únicas que cuentan con un mínimo aparataje fundamental en los traslados de pacientes.

Es esta situación descrita la que ha conducido al deterioro en la calidad de la atención, a la escasez de ambulancias, a las dilatadas esperas para resolver un traslado… Hechos, estos, objeto de numerosas reclamaciones y denuncias por parte de los usuarios y de los que se ha hecho eco el Defensor del Pueblo.

En cuanto al transporte sanitario no urgente, el que se utiliza para trasladar enfermos desde el servicio hospitalario a su domicilio, hay que decir que también está privatizado y que, en la actualidad, se ha prolongado el contrato con las empresas adjudicatarias a la espera de que se oferte la nueva contratación. Este servicio privatizado es ofrecido por las empresas Alerta, Ferrovial Sasu y Santa Sofía. Carmen San José declara que ahora la “Sra. Cifuentes tiene una oportunidad para cumplir con su compromiso y frenar la privatización”.

Respecto a este servicio San José recuerda que “en los Pliegos del 2010 todavía vigentes por esta prolongación, no se reflejaba ni el número de Ambulancias Individuales, ni Colectivas, ni exactamente con qué personal cuenta la adjudicataria para dar este servicio. Pero lo que sí conocemos son las malas condiciones laborales y salariales de estos trabajadores y trabajadoras, muy por debajo de las que tiene cualquier profesional del SERMAS. Unas ambulancias que no siempre cumplen las normas, no van dos técnicos habitualmente, ni están adaptadas a pacientes pediátricos, personas con enfermedad mental o con enfermedades transmisibles, la limpieza de las mismas deja mucho que desear… Solo tenemos que recordar el Ébola y qué ambulancia realizó el primer traslado…”.

En este tipo de transporte las esperas son muy grandes, sobre todo desde los servicios hospitalarios a sus domicilios. Hay que tener en cuenta que es este servicio el que lleva de vuelta a sus hogares a pacientes después de haber recibido diálisis o tratamientos oncológicos y que estos pueden descansar tras viajes eternos de horas y horas en las Ambulancias Colectivas.

“Por lo tanto, si el próximo año se vuelve a ofertar este Servicio, téngase en cuenta tanto la conservación de todos los puestos de trabajo, porque en algunas de estas empresas ha habido una disminución de hasta el 30% del personal,  para contratar en prácticas o a personas con bonificaciones en la SS. Que los vehículos cumplan la normativa: dos técnicos por ambulancia para no dejar abandonados a los pacientes mientras se acompaña a su domicilio a otro. Y asignar tiempos máximos de espera. No vuelvan a primar la oferta económica más ventajosa en detrimento de trabajadores y de la seguridad de los pacientes”. Así terminó Carmen San José su intervención en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, no sin antes lanzar una última reclamación apoyada por muchos y muchas madrileñas: “Señor Consejero: DEJEN DE NEGOCIAR CON LA SALUD”.