El Gobierno regional, en contra del dictado de la Asamblea de Madrid, destina una nueva partida al servicio de citas sanitarias que gestiona una empresa privada.
El último movimiento dado por la Comunidad de Madrid es el claro ejemplo de que los gobiernos pueden regatear fácilmente la voluntad de toda una oposición en bloque. El Gobierno de Cristina Cifuentes, en contra de lo dictado por la Asamblea de Madrid a comienzos de año, avanza en el refuerzo del Centro de Atención Personalizada (CAP) de citas sanitarias. Si en enero PSOE, Podemos y Ciudadanos aprobaban una proposición no de ley instando al Ejecutivo regional a internalizar el servicio al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), esta semana Cifuentes ha virado en la dirección contraria.
El Gobierno popular ha inyectado 13,6 millones de euros más a una gestión que dirige una empresa privada: Indra. Un servicio que antes era realizado por el personal administrativo de los centros de salud madrileños y que en 2010 fue externalizado por 27 millones de euros (durante cuatro años) a la mencionada compañía. Todo bajo la justificación, según relata a ElBoletín.comMaribel Domínguez, delegada del sindicato MATS, de que “iba a ser mejor tener todo centralizado”. A partir de ese momento, los profesionales vieron que el trabajo que realizaban durante años pasaba a manos privadas.
Pedir una cita médica, antes de que se externalizase el servicio, tenía un procedimiento: llamar o acudir a tu centro y el personal administrativo hacía las gestiones pertinentes. Ahora estos profesionales sólo pueden atender al paciente para darle cita con su médico o enfermera. Nada de citaciones para especialidades. Todo eso a través de un robot. Con sus correspondientes dificultades.
“Los abuelos es imposible que hablen con un robot. O dile tú a una persona árabe que se entienda con un robot, por ejemplo, para decirle su apellido. Antes era una atención muy personalizada”, lamenta Domínguez. De hecho, la delegada de MATS recalca que incluso hay algunas “citas especiales que sólo sabe hacerlas el personal administrativo de un centro”. Pero el CAP no se compone únicamente de la tormentosa grabación automática.
Como sucede con los temibles servicios técnicos de las telecomunicaciones, en caso de no ‘entenderse’ con el robot, aparece un teleoperador para resolver el conflicto. Teleoperador que, según denuncia Maribel Domínguez, tiene un objetivo muy concreto: “Están aleccionados para derivarte a la privada, a través de coacciones o, por ejemplo, dan información de las listas de espera públicas que no son ciertas. El único fin de los call centers es derivar a la privada”.
Una estrategia y deficiencias que no pasan desapercibidas para los usuarios de la sanidad madrileña, tal y como ha constatado la delegada de MATS. “Los pacientes están muy quemados, lo vemos todos los días; el servicio no es bueno. Y cuando tienen problemas van a los centros a hablar con el personal auxiliar de administración porque a Indra no se pueden dirigir al ser una empresa privada que no se sabe ni dónde está”, afirma Domínguez a este medio.
Desde que en 2010 se externalizase, la plantilla administrativa ha visto cómo la Comunidad de Madrid ha maniobrado con un fin que ha continuado Cifuentes: “Su afán es acabar con la figura del auxiliar administrativo público al que quieren extinguir”. Por ello, desde MATS sólo entienden estos movimientos para seguir abrazando una política privatizadora: “Estamos pagando una millonada por un servicio que no se da al 100% y que se podría hacer gratis. Es un negocio tremendo y de derroche de dinero público”.
Es tal la situación que toda la oposición en la Asamblea de Madrid se unió en enero para aprobar una proposición no de ley que se avecinaba como esperanzadora para la plantilla infrautilizada, como ha apreciado Maribel Domínguez: “Se pensaba que con la proposición no de ley devolverían el servicio al SERMAS, bueno, pensábamos, entre comillas, porque ya conocemos al PP”. Una oportunidad desechada y que supone un nuevo revés al personal no sanitario encargado de esta función que poco a poco ve cómo “quitan de en medio” con ausencia de ofertas de empleo público, despidos de teleoperadores y jubilaciones que no se cubren.
De esta manera, con esta nueva aportación presupuestaria, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid coloca un clavo más en las esperanzas del personal administrativo de los centros sanitarios, aunque desde el Gobierno regional, según Domínguez, lo vendan como “lo mejor”. Sin embargo, para la delegada de MATS existe una visión completamente distinta: “Me parece genial que se den facilidades al paciente, pero que se las dé el SERMAS no una empresa privada a la que se le da millonadas de dinero público”.
Fuente: El Boletín
